Sobre la legitimidad del proceso independentista en Cataluña

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Por Jordi Córdoba

Según afirmaba hace algún tiempo Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), «el Parlamento no ha ido en la dirección que la ANC votó en su hoja de ruta» (sic). Parece claro que, para el independentismo más radical, aprobar las leyes de transitoriedad del 6 y 7 de septiembre de 2017, empezar a construir estructuras de estado, llevar a cabo un referéndum sin suficientes garantías jurídicas ni reconocimiento internacional y, finalmente, declarar la independencia unilateral y por mayoría simple del Parlamento catalán, fue claramente insuficiente ya que, finalmente, no se llegó a hacer efectiva. Sin embargo, según los artículos 222 y 223 del Estatuto de Autonomía de Cataluña «la aprobación de la reforma (estatutaria) requiere el voto favorable de dos terceras partes de los miembros del Parlamento (…), la ratificación de las Cortes mediante una ley orgánica y el referéndum positivo de los electores de Cataluña «. Si la reforma supone una modificación tan trascendente como la proclamación de un nuevo estado, parece razonable esperar que esa mayoría fuera igual o más amplia que la que marca el Estatuto para reformas de menor calado.

Por razones muy diferentes a las de la ANC, ni el Parlamento Europeo, ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no han dado la razón al gobierno catalán, ni han considerado tampoco que se hayan limitado los derechos fundamentales. La unilateralidad, impulsada por Carles Puigdemont y sus seguidores, no se ha mostrado en absoluto útil en un contexto europeo e internacional que no prevé la autodeterminación si no es a través de un proceso negociado, como fue el caso de Escocia. Es evidente que los dirigentes europeos, con Angela Merkel a la cabeza, apoyan más bien la «unité indisoluble de la République«, que Emmanuel Macron proclamaba como en su última visita a Córcega, que la creación de nuevos estados en Europa. También es cierto, y ya lo hemos tratado en otras ocasiones, que en las últimas décadas hemos podido asistir a un lamentable espectáculo de suprema hipocresía por parte de la UE, que ha reconocido e incluso apoyado con entusiasmo la secesión de una veintena de territorios de las antiguas Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, al tiempo que considera inadmisible que cualquier proceso similar se pueda producir en el interior de la UE, 

Centrándonos nuevamente en Cataluña, nadie puede negar que actualmente aporta a España, como otras comunidades autónomas, bastante más de lo que recibe, pero no es muy distinto de lo que ocurre en la Unión Europea, donde Alemania, Francia u Holanda, entre países, contribuyen bastante más de lo que recuperan directamente, mientras Bulgaria, Rumanía o Croacia, por ejemplo, reciben mucho más de lo que aportan. A cambio, los países más ricos de la Unión se benefician a nivel de exportaciones y de la instalación de empresas sin excesivas cortapisas, que no es poca cosa. 

La vía unilateral hacia la independencia, tal como se ha intentado llevar a cabo en Cataluña, es perfectamente comparable con una declaración similar en Flandes o Irlanda del Norte, pero también con la instauración de la República en Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca o Suecia, sin una mayoría parlamentaria constitucionalmente suficiente, y con referéndums sin una participación de al menos la mitad del censo, lo que crearía, en cualquiera de esos países, una crisis constitucional de enormes proporciones. Por otra parte, no seguir una vía pactada puede llevar, en caso de una hipotética secesión más o menos efectiva, a un reconocimiento internacional nulo o muy limitado, sin el cual difícilmente se puede llegar a ser miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas (ONU). Un estatus que hoy no tienen estados parcialmente reconocidos como Palestina, Kosovo o Taiwán, a pesar de que los dos primeros gozan del reconocimiento oficial de más de un centenar de países. 

Lamentablemente, el proceso independentista y la relación con el resto de España divide hoy prácticamente por la mitad, incluso territorialmente, a los ciudadanos de Cataluña. Por un lado, una Cataluña básicamente metropolitana, mayoritariamente no independentista, que va desde Tarragona-Reus-Salou por el sur hasta Blanes-Lloret por el Norte, siguiendo toda la costa, Barcelona incluida, y con Martorell, Terrassa, Sabadell o Granollers marcando el perímetro no costero. Por otra parte, la Cataluña interior, con poblaciones en general más pequeñas, salvo las ciudades de Lleida y Girona, que forman un territorio de mayoría claramente independentista. Esta profunda división del país llevó, sorprendentemente, a que un partido tan poco arraigado en la sociedad ni en las instituciones locales como Ciudadanos se convirtiera en la fuerza política más votada en las últimas elecciones al Parlament. Lo fue en el conjunto de Cataluña, pero también en las 10 principales ciudades y en 8 de las comarcas más pobladas. 

Sin embargo, ahora que todo apunta a que en los próximos días el Tribunal Supremo va a dictar y hacer pública la sentencia sobre el proceso independentista, y más allá de los muchos errores e ilegalidades del procés, podemos cuestionar si ha sido justa la prisión preventiva de sus líderes, o si son razonables las gravísimas acusaciones de rebelión que a nivel penal siempre fueron sinónimo de alzamiento armado. Ciertamente, defender la independencia de territorios como Cataluña, Euskadi, Escocia o Irlanda del Norte, debería ser tan legítimo como defender una república en un estado monárquico o bien propugnar el socialismo en una sociedad capitalista. Pero, en la Europa del siglo XXI, una ruptura del statu quo de tal magnitud debe hacerse con absolutamente todas las garantías democráticas, si es que alguien pretende ser reconocido más allá de las propias fronteras.

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