Sindicalismo y legalidad: cómo nos planteamos la cuestión? (cast/cat)

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En el mundo del trabajo es habitual que, cuando la empresa enuncia una medida, desde el sindicalismo (me refiero al que lucha) nos la miramos, lo analizamos y acabamos preguntándonos “Lo pueden hacer?”. A menudo llamamos a un abogado o abogada o nos dirigimos a un compañero/a que consideramos que conoce la normativa laboral para que nos la contesten. Si la respuesta insinúa o plantea que algún aspecto de la iniciativa empresarial puede contradecir alguna normativa legal, vamos a inspección de trabajo directamente en un juzgado. Si participamos en los comités de empresa o estamos en espacios de negociación con la propia empresa podemos usar el recurso de la interpretación de la norma para intentar, mediante la amenaza de recurrir a acciones judiciales, que retiren la medida enunciada o que la modifiquen en uno u otro sentido. Pero incluso si no participamos del comité de empresa, es también bastante frecuente que una respuesta de este tipo nos lleve a inspección y al juzgado. Todo ello, con la esperanza de poder revertir la actuación que quiere llevar a cabo la empresa y defender así nuestros intereses. Y digo “esperanza” de manera plenamente consciente. En cambio, cuando la respuesta a “Lo pueden hacer?” es afirmativa, también es bastante frecuente que caigamos en una especie de desaliento y fatalismo. Asumimos que no tenemos herramientas para hacer frente a una acción de la empresa que entendemos, y tenemos claro, que ataca nuestros derechos y nos preparamos para minimizar las consecuencias.  A veces, incluso establecemos también algún tipo de diálogo con la propia empresa y buscamos que ella se avenga con nosotros a negociar algunos flecos. Aquí, no obstante, nuestra actitud es menos desafiante y estamos dispuestos a aceptar un escenario donde el patrón nos conceda alguna pequeña limosna. Nuevamente con la ”esperanza”, esta vez mucho más modesta, de poder rascar algo en un tablero que sabemos que nos es desfavorable y que renunciamos a intentar tumbar. Si la empresa es mínimamente inteligente, fácilmente se avendrá a hacer pequeñas concesiones porque sabe perfectamente que así nos implica en el proceso de implementar la medida que quiere y, de alguna manera, lo validamos. Y una vez avalada por el sindicalismo, esta medida implementada pasa a ser una condición, una realidad, ya aceptada. Normalizada.La pregunta “Lo pueden hacer?” refleja varias cosas y de una gran importancia. Por un lado, nos muestra que aceptamos como marco de referencia la legalidad vigente. El corpus de normativas, decretos y leyes que ha dictado un estado, a través de las diversas administraciones, que desde el sindicalismo combativo y en concreto el anarcosindicalismo entendemos que no es en absoluto amigo nuestro. Al contrario, lo sabemos opuesto a nosotros e intuimos que su función es fortalecer y legislar a favor de nuestros enemigos de clase. Por otra, el mismo sentido de la pregunta indica que renunciamos a ser nosotros quienes damos una respuesta que, en cambio, fiamos a terceros. Es la “ley”, es decir, los/las inspectores/se, jueces, árbitros, etc. quienes resuelve la cuestión. En la medida en que los y las trabajadoras no tenemos a penas capacidad para incidir en una legislación cada vez más restrictiva en materia laboral y de derechos civiles, en la práctica significa renunciar a nuestra capacidad de actuación colectiva.Seguro que se puede decir que la imagen que estoy presentando es excesivamente simplista, y con cierta razón. Pero es igualmente cierto que muchos locales sindicales cuando reciben más afluencia es el día de visita a un jurista. Y también es verdad que muchas de las victorias que explicamos y reivindicamos los sindicatos son victorias jurídicas. Victorias que dependen de la buena capacidad técnica del compañero/a abogado/da que lo consigue, de la oportunidad de su acción y, sobre todo, de lo que dicen unas leyes que las promulgan los mismos parlamentos que aprueban las reformas laborales, las leyes “mordazas”, de desahucios exprés, de extranjería, etc. Aún así, tenemos también otras victorias.

Por suerte, también hay ejemplos donde, cuando un empresario anuncia una determinada medida que nos afecta, la respuesta la planteamos de otro modo: con una pregunta del tipo “Dejaremos que la haga?”. Prácticamente cambiamos sólo un verbo respeto a la manera anterior de formular la cuestión, pero esta modificación comporta un cambio radical en la manera de definir el problema y su solución. Para empezar, sitúa el foco en nosotros, en la sección sindical, en el sindicato, en nuestra capacidad de organización y de acción colectiva. Esbozamos que seremos nosotros, y no la empresa o una administración dependiente del estado, quien decidirá si queremos aceptar lo que plantea el empresario, cuáles son los aspectos innegociables y cuál es el umbral de aquello que sería asumible. Y, por lo tanto, si somos nosotros quien tenemos que construir la respuesta, promueve nuestra acción colectiva fruto de nuestro propio grado de organización.

Esto abre otro aspecto, el que tiene que ver con nuestra capacidad de acción. En la primera pregunta, la acción se traducía en una actuación eminentemente jurídica o, si me apuráis, administrativa. Incluso, en la relación con la empresa, se recurría a la norma, por ejemplo el derecho a consulta, a emitir un informe, etc. y a los plazos que pueda dictar en cada caso la legislación vigente. Ahora, en cambio, esta capacidad nos la reconocemos a nosotros: en nuestra organización, en los debates y en las tomas de decisión colectivas, sobre que aceptamos y que no, sobre cómo respondemos y con qué herramientas y en las acciones que derivamos en cada momento. Es aquí cuando nos empoderamos como sindicato y utilizamos las herramientas que tradicionalmente hemos tenido la clase trabajadora para luchar: las huelgas, las manifestaciones, los bloqueos… en definitiva, la acción directa para alterar la cotidianidad. Incluso en este contexto también podemos usar mecanismos legales en determinados momentos. Pero, a diferencia del caso planteado primero, lo hacemos en función de cómo nosotros mismos/se hemos definido un plan de lucha y, por lo tanto, somos precisamente nosotros quien protagonizamos el proceso.

Fórmulas únicas para pasar de la primera modalidad de respuesta a la segunda no hay. Supongo que en cada lugar, en cada trabajo y en cada caso hay que evaluar las condiciones en las que nos movemos para definir nuestra capacidad de acción. No obstante, sí que creo que hay tres elementos que son necesarios en todos los casos: la organización, la democracia directa (asamblea) y la acción directa. De hecho, son herramientas tradicionales de la lucha obrera desde hace muchísimo tiempo. Lo que hace falta ahora es acabar de liberar al sindicalismo del espejismo institucional que, nos guste o no, el régimen del 78 introdujo. Sin dejar de lado (necesariamente) todos los mecanismos legales existentes actualmente, desde las leyes a los comités de empresa, es imprescindible situar en el centro nuestra capacidad de acción y de organización. Para definir en cada momento qué queremos y que haremos. Y, aquí, la ley deja de ser el marco que define si tiene o no tiene sentido plantear una exigencia. Rompemos pues la dictadura de la legalidad y pasamos a un escenario que, en cambio, pasa a ser directamente el resultado de nuestra fuerza. En definitiva, de nosotros mismos. Pensamos qué queremos, qué fuerza tenemos y cuáles son los mejores medios para conseguirlo. Recuperamos, pues, la acción sindical entendida como una herramienta de ofensiva para realizar nuestros intereses, de conquista de derechos. A partir de nosotros, en función de nosotros y en base nuestras manos. Y ya veremos como encaja todo ello en la legalidad.

 


 

Sindicalisme i legalitat: com ens plantegem la qüestió?

 

En el món del treball és habitual que, quan l’empresa enuncia una mesura, des del sindicalisme (em refereixo al que lluita) ens la mirem, l’analitzem i acabem preguntant-nos “Ho poden fer?”. Sovint truquem a un advocat o advocada o ens adrecem a un company/a que considerem que coneix la normativa laboral per a que ens la contestin. Si la resposta insinua o planteja que algun aspecte de la iniciativa empresarial pot contradir alguna normativa legal, anem a inspecció de treballo directament a un jutjat. Si participem en els comitès d’empresa o estem en espais de negociació amb la pròpia empresa podem fer servir el recurs de la interpretació de la norma per intentar, mitjançant l’amenaça de recórrer a accions judicials, que enretirin la mesura enunciada o que la modifiquin en un o un altre sentit. Però fins i tot si no participem del comitè d’empresa, és també força freqüent que una resposta d’aquest tipus ens porti a inspecció i al jutjat. Tot plegat, amb l’esperança de poder revertir l’actuació que vol dur a terme l’empresa i defensar així els nostres interessos. I dic “esperança” de manera plenament conscient.

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En canvi, quan la resposta a “Ho poden fer?” és afirmativa, també és força freqüent que caiguem en una espècie de desànim i fatalisme. Assumim que no tenim eines per fer front a una acció de l’empresa que entenem, i tenim clar, que ataca els nostres drets i ens preparem per a minimitzar-ne les conseqüències.  De vegades, fins i tot establim també algun tipus de diàleg amb la pròpia empresa i cerquem que ella s’avingui amb nosaltres a negociar-ne alguns serrells. Aquí, no obstant, la nostra actitud és menys desafiant i ens estem disposats a acceptar un escenari on el patró ens concedeixi alguna petita almoina. Novament amb l’”esperança”, aquest cop molt més modesta, de poder rascar alguna cosa en un tauler que sabem que ens és desfavorable i que renunciem a intentar tombar. Si l’empresa és mínimament intel·ligent, fàcilment s’avindrà a fer petites concessions perquè sap perfectament que així ens implica en el procés d’implementar la mesura que vol i, d’alguna manera, el validem. I un cop avalada pel sindicalisme, aquesta mesura implementada passa a ser una condició, una realitat, ja acceptada. Normalitzada.

La pregunta “Ho poden fer?” reflecteix diverses coses i d’una gran importància. Per una banda, ens mostra que acceptem com a marc de referència la legalitat vigent. El corpus de normatives, decrets i lleis que ha dictat un estat, a través de les diverses administracions, que des del sindicalisme combatiu i en concret l’anarcosindicalisme entenem que no és en absolut amic nostre. Al contrari, el sabem oposat a nosaltres i intuïm que la seva funció és enfortir i legislar a favor dels nostres enemics de classe. Per una altra, el mateix sentit de la pregunta indica que renunciem a ser nosaltres qui donem una resposta que, en canvi, fiem a tercers. És la “llei”, és a dir, els/les inspectors/es, jutges, àrbitres, etc. qui resol la qüestió. En la mesura en que els i les treballadores no tenim a penes capacitat per incidir en una legislació cada vegada més restrictiva en matèria laboral i de drets civils, a la pràctica significa renunciar a la nostra capacitat d’actuació col·lectiva.

Segur que es pot dir que la imatge que estic presentant és excessivament simplista, i amb certa raó. Però és igualment cert que molts locals sindicals quan reben més afluència és el dia que passa visita un jurista. I també és veritat que moltes de les victòries que expliquem i reivindiquem els sindicats són victòries jurídiques. Victòries que depenen de la bona capacitat tècnica del company/a advocat/da que l’aconsegueix, de l’oportunitat de la seva acció i, sobretot, del que diuen unes lleis que les promulguen els mateixos parlaments que aproven les reformes laborals, les lleis “mordasses”, de desnonaments exprés, d’estrangeria, etc. Amb tot, tenim també altres victòries.

Per sort, també hi ha exemples on, quan un empresari anuncia una determinada mesura que ens afecta, la resposta la plantegem d’una altra manera: amb una pregunta del tipus “Deixarem que la faci?”. Pràcticament canviem només un verb respecte la manera anterior de formular la qüestió, però aquesta modificació comporta un canvi radical en la manera de definir el problema i la seva solució. Per començar, situa el focus en nosaltres, en la secció sindical, en el sindicat, en la nostra capacitat d’organització i d’acció col·lectiva. Esbossem que serem nosaltres, i no l’empresa o una administració depenent de l’estat, qui decidirà si volem acceptar el que planteja l’empresari, quins són els aspectes innegociables i quin és el llindar d’allò que seria assumible. I, per tant, si som nosaltres qui hem de construir la resposta, promou la nostra acció col·lectiva fruit del nostre propi grau d’organització.

Això obre un altre aspecte, el que té a veure amb la nostra capacitat d’acció. En la primera pregunta, l’acció es traduïa en una actuació eminentment jurídica o, si m’apureu, administrativa. Fins i tot, en la relació amb l’empresa, es recorria a la norma, per exemple el dret a consulta, a emetre un informe, etc. i als terminis que puguin dictar en cada cas la legislació vigent. Ara, en canvi, aquesta capacitat ens la reconeixem a nosaltres: en la nostra organització, en els debats i a les preses de decisió col·lectives, sobre què acceptem i què no, sobre com responem i amb quines eines i en les accions que en derivem en cada moment. És aquí quan ens empoderem com a sindicat i utilitzem les eines que tradicionalment hem tingut la classe treballadora per a lluitar: les vagues, les manifestacions, els bloquejos,… en definitiva, l’acció directa per alterar la quotidianitat. Fins i tot en aquest context també podem fer servir mecanismes legals en determinats moments. Però, a diferència del cas plantejat primer, ho fem en funció de com nosaltres mateixos/es hem definit un pla de lluita i, per tant, som precisament nosaltres qui protagonitzem el procés.

Fórmules úniques per passar de la primera modalitat de resposta a la segona no n’hi ha. Suposo que cada lloc, a cada feina i en cada cas cal avaluar les condicions en les que ens movem per definir la nostra capacitat d’acció. No obstant, sí que crec que hi ha tres elements que són necessaris arreu: l’organització, la democràcia directa (assemblea) i l’acció directa. De fet, són eines tradicionals de la lluita obrera des de fa molt i molt temps. El que cal ara és acabar d’alliberar el sindicalisme del miratge institucional que, ens agradi o no, el règim del 78 va introduir. Sense deixar de banda (necessàriament) tots els mecanismes legals existents actualment, des de les lleis als comitès d’empresa, és imprescindible situar en el centre la nostra capacitat d’acció i d’organització. Per definir en cada moment què volem i què farem. I, aquí, la llei deixa de ser el marc que defineix si té o no té sentit plantejar una exigència. Trenquem doncs la dictadura de la legalitat i passem un escenari que, en canvi, passa a ser directament el resultat de la nostra força. En definitiva, de nosaltres mateixos. Pensem què volem, quina força tenim i quins són els millors mitjans per aconseguir-ho. Recuperem, doncs, l’acció sindical entesa com una eina d’ofensiva per realitzar els nostres interessos, de conquesta de drets. A partir de nosaltres, en funció de nosaltres i en base les nostres mans. I ja veurem com encaixa tot plegat en la legalitat.

 

Sindicalisme i legalitat: com ens plantegem la qüestió?

 

 

 

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