Sin la autorización judicial, no hay validez

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo español ha establecido que los análisis de ADN practicados a las personas en situación de detención sólo tendrán validez si cuentan con la pertinente autorización judicial. Con esta argumentación, absuelve a Orkatz Gallastegi de la quema de un autobús, hecho por el que fue condenado. La obtención del ADN, realizada por la Ertzaintza, se hizo sin permiso.

En marzo de 2004 Orkatz Gallastegi fue juzgado en la Audiencia Nacional junto a otro joven, ambos acusados de la quema de un autobús en Berango. Posteriormente, fue condenado a ocho años de prisión por un delito de «daños terroristas» y otro de «coacciones de carácter terrorista». La prueba de cargo más relevante presentada en el juicio y que el tribunal especial consideró «suficiente» para fijar la pena fue el análisis del ADN de Gallastegi.

Pese a que en el momento de su detención, en 2002, todavía no existía ninguna regulación sobre el modo en que debían practicarse estas pruebas, agentes de la Ertzaintza aprovecharon que el arrestado fue al baño para recoger un escupitajo que había arrojado al suelo. Tras analizarlo, alegaron que la información genética hallada en la saliva era coincidente con la que obtuvieron de la manga de un jersey que, según dijeron, fue encontrada por efectivos de la Ertzaintza en las inmediaciones del hecho juzgado.

Precisamente, ese mismo escupitajo, cuyo carácter probatorio acaba de ser declarado nulo, sirvió para abrir otro sumario contra el joven vizcaino por la colocación de un artefacto en un cajero de La Caixa en Getxo. Por este caso, fue condenado a seis años.

Ahora, el Tribunal Supremo ha absuelto a Gallastegi de la quema del autobús en Berango al entender que el ADN fue obtenido sin autorización judicial, por lo que deja sin validez el fallo de la Audiencia Nacional.

En la sentencia emitida el pasado jueves, el Alto Tribunal impone a los magistrados «la obligación de actuar personalmente en la recogida de esta clase de muestras, cuando se quiere que el acto tenga valor probatorio». Añade que salvo razones de urgencia, «que en el caso presente no concurrieron», la realización de estas actuaciones corresponden al juez.

Afirma que «no había razón de urgencia que permitiera actuar a prevención al funcionario policial que tomó la muestra biológica de la celda. No había obstáculo alguno para que acudiera al juzgado correspondiente a solicitar la intervención de la autoridad judicial, adoptando, mientras el juez resolvía al respecto, las precauciones necesarias para que esos restos biológicos se conservasen como estaban cuando se detectaron».

El Supremo también enumera otra serie de irregularidades cometidas por los ertzainas, como que no conste nada por escrito en relación a esta prueba o si hubo o no oposición por parte de Gallastegi.

El abogado Alfontso Zenon ha indicado a GARA que «el ADN fue extraído sin permiso y sin ningún tipo de garantías. En pocas palabras, le fue robado y, por tanto, dicha prueba era nula». Cabe destacar que la citada manga de jersey ­presuntamente empleada como capucha­ no constaba en el expediente ni fue presentada en el juicio.

Hasta principios de 2004 no existía ninguna regulación sobre la utilización de datos de ADN. Tal normativa limita la práctica de estos análisis a dos supuestos: cuando un juez ordene que «se analicen los efectos que haya en la escena del delito para ver si hay vestigios biológicos para analizar el ADN»; o cuando «por medio de un auto motivado, ordene que al sospechoso se le haga la prueba».

El interés de la Ertzaintza por recoger colillas de cigarrillos o, incluso, cepillos de dientes quedó patente, por ejemplo, en la operación que desarrolló a finales de octubre de 2002 en Ezkerraldea contra jóvenes acusados de participar en acciones de kale borroka. Uno de los arrestados relató, tras ser puesto en libertad, que «el primer día de detención me hicieron abrir mucho la boca y me metieron un objeto que no vi lo que era; a lo mejor era para la prueba del ADN».

«sin ningun tipo de permiso»

En una posterior redada que tuvo lugar en noviembre de ese mismo año también en Bizkaia, los familiares de los detenidos resaltaron en una comparecencia «la minuciosidad» con la que la Ertzaintza inspeccionó sus vehículos, en los que podrían hallarse con facilidad pelos u otras muestras orgánicas.

«Esta sentencia del Supremo echa por tierra el resto de los casos sustentados básicamente en los datos genéticos, obtenidos sin permiso ni del afectado ni de los jueces. En muchos, el hallazgo de una colilla u otro tipo de objeto se ha convertido en la ‘prueba estrella’», manifestó el letrado.

No obstante, insistió en que, a partir de ahora, habrá que ver qué efecto tendrá esta resolución del Alto Tribunal en los procesos que actualmente se siguen en la Audiencia Nacional por actos de kale borroka y en la revisión de los recursos presentados por jóvenes que ya fueron condenados en base a restos biológicos extraídos sin el consentimiento del afectado y sin orden judicial. –

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