Sigue la represión contra el SAT: Un juez investiga ahora la ocupación del Palacio de Moratalla

Agencias

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas ha decidido abrir diligencias de investigación por la ocupación simbólica del Palacio de Moratalla, en el término municipal de Hornachuelos, a finales de agosto, por parte de los asistentes a la marcha obrera organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Así lo han confirmado fuentes judiciales, que detallan que hay una causa en la que se están recabando datos de los hechos, así como la identificación de las personas que estuvieron en dicha ocupación, aunque por el momento no hay imputados, ni se ha llamado a declarar a ninguna persona.

En concreto, en la marcha del SAT que recorría la provincia cordobesa, con más de 200 personas, según la organización, entraron en un principio de manera «pacífica» en las instalaciones, liderados por el diputado autonómico de IULV-CA y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el portavoz del SAT, Diego Cañamero.

El grupo, al que se sumaron varios centenares de personas, entró en el recinto sobre las 12.00 horas del día 21 de agosto, mientras los agentes de la Guardia Civil permanecieron en las puertas a la espera de recibir una orden de desalojo, que no llegó hasta la mañana siguiente debido a que el propietario del recinto no denunció la ocupación hasta última hora.

Los manifestantes del SAT permanecieron en el recinto una jornada completa, sin que se registrara ningún incidente, y a primera hora de la mañana del día 22 abandonaron por su propio pie el Palacio de Moratalla para partir hacia Córdoba, sin tener que ejecutarse de este modo la orden de desalojo.

Cabe recordar que la Guardia Civil abrió una investigación para conocer las razones por las cuales el dueño de la finca tardó tanto en denunciar el asalto, después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, telefoneó al propietario para instarle a que presentase una denuncia. Posteriormente declaro en prensa que la ocupación había sido «pactada» con el propietario. Ahora, por lo que parece, ya no exisía tal pacto y todo es bueno para seguir con la campaña de acoso y derribo al SAT que lleva ya más de 70 detenidos y unos 150 procesados en apenas dos meses desde que el SAT iniciara su marcha obrera. 

Mientras, los banqueros, especuladores y grandes defraudadores, siguen en libertad sin cargos y sin ser imputados por delitos de ningún tipo. ¡Democracia!

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