México. Si hoy te desaparecen, ¿Mañana quién te buscará?

Si desaparecen a alguien que amas, ¿cuántos más buscarían contigo?

Hoy, a lo menos 37 mil madres en México no podrán pasar una tarde física-virtual en familia, no por el C-19, no porque 40 millones de mexicanxs no tienen acceso a internet, sino porque su hija está desaparecida. Fue desaparecida.

Nos faltan +61 mil 485, en la mesa hay sillas vacías.

¿y si te desaparecieran?

Viviana ya no regresó del trabajo.
Lesley iba a ver a unos amigos.
Mariela recibió un mensaje.
Casi cuatro meses sin saber de Sarahí.
Elezar salió a una fiesta con su novio.

¿y si sigo yo?

De acuerdo con el Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, “una persona desaparecida es de quien se desconoce su paradero y se cree, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”.

Así mismo, con base en el Estatuto de Roma de 1998 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, “Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen».

En su estudio sobre La desaparición forzada de personas en América Latina, Ana Lucrecia Molina Theissen afirma que la práctica de las desapariciones tiene efectos destructivos no sólo en la víctima directa, sino también en su familia y, aún más, en el conjunto de la sociedad, el que ha sido profundamente afectado. La angustia y desestructuración emocional es uno de los efectos perversos en la familia: «La desaparición de un ser querido también significa tortura psicológica para su familia. Esta crea, como efecto inmediato, una situación de angustia sostenida causante de profundas transformaciones en la vida y la psique de los afectados. Provocados por el terror, la ambigüedad y el dolor –surgidos debido a la certeza del sufrimiento del desaparecido– se presentan saturados de sentimientos de hostilidad por la impotencia ante la comisión del crimen.!

Al no ser muerte, la desaparición crea una zona de ambigüedad psicotizante, desestructuradora de la identidad de cada uno de los miembros y del grupo familiar en sí, al no poderse resolver objetivamente las contradicciones de presencia-ausencia y existencia-no existencia. El no saber el destino y estado del ser querido, provoca en los familiares fantasías angustiantes sobre las torturas que probablemente esté sufriendo, creadoras, a su vez, de temores sobre la propia integridad que son terreno adecuado para generar enfermedades y muerte; deseos de liberar al desaparecido e los tormentos; ilusiones de reencuentro expresadas en situaciones concretas en que parece verlo entre la gente.

Es tan grave el estado de desestructuración emocional y confusión provocados que toda la energía se concentra en dilucidarlo. Los familiares de los desaparecidos son convertidos en seres incapaces de dar y recibir en términos de afectividad. Esta situación genera problemas de identidad y adaptación; de aprendizaje [no se reconoce la realidad, no se puede aprender]; depresiones nerviosas; ansiedad y dispersión; temores nocturnos y aislamiento familiar y social.» En muchas ocasiones, las desapariciones forzadas forman de la guerra psicológica como parte de la utilización de métodos terroristas por el Estado en su guerra de baja intensidad.


Los familiares sufren directamente la violación a sus derechos patrimoniales, económicos, sociales, morales, jurídicos, culturales. E.g., muchas familias ya no pueden recibir atención médica en el IMSS. Se supone que el Estado debe adoptar, acorde a la Convención Internacional, «las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de los desaparecidos cuya suerte no ha sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad».
México no ha destinado los recursos materiales ni humanos suficientes para completar el sistema de búsqueda, al que le faltan protocolos y registros precisos.


El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas comenzó a operar el pasado 6 de octubre de 2018, con la misión de hallar, por lo menos, a las 61 mil personas que el gobierno contabiliza oficialmente como desaparecidas o no localizadas en todo el país; sin embargo, inició incompleto.
La creación del Sistema está estipulada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en noviembre de 2017.
Está integrado por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, además de una Comisión Nacional de Búsqueda, y un Consejo Ciudadano, integrado por organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de familiares de víctimas.

Su primera falla es que está incompleto. El Sistema debe integrar comisiones locales de búsqueda de los 32 estados del país. Sin embargo, hasta la fecha solo 7 estados han establecido dicha comisión: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León.
Además 11 estados no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.


Cada día de atraso en el establecimiento de las instancias relacionadas con la desaparición de personas abona a la deuda que el Estado tiene con las víctimas.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, fueron aprobados casi 187 millones de pesos para que la Secretaría de Gobernación implementara la Ley de Desaparición Forzada y creara la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
También fueron aprobados 282 millones 592,800 de pesos “para el otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría de Gobernación, a las entidades federativas, para la realización de acciones de búsqueda de personas”.
La asignación de los mismos es insuficiente e ineficaz.
De igual manera, otra de las tareas pendientes para el Sistema Nacional, de acuerdo con lo que manda la Ley aprobada en 2017, es crear un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas.
También falta establecer un Registro Nacional de Fosas, un Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, y apuntalar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El propio secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que, de las más de 61 mil personas desaparecidas o no localizadas, solo se tienen ahora los registros completos de 36 mil, “que pudieran darnos oportunidad de iniciar seriamente una búsqueda y localización de algún familiar o persona desaparecida”.
Con huellas dactilares y fotos, se tienen 26 mil registros de personas desaparecidas en México.


Mañana, podemos ser nosotras


#PersonasNoRenglones


Colectivo Metáfora de la Resiliencia

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