Sexta semana de huelga en Ayesa Advanced Technologies convocada por la Coordinadora Sindical de Clase (C.S.C.)

Ante la imposición de abandonar el teletrabajo durante el estado de alarma

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La convocatoria de huelga se mantiene como medida de protesta y de protección de la salud de los trabajadores y su conciliación ante el desprecio total demostrado por la dirección de la empresa hacia la totalidad de los trabajadores y trabajadoras que conforman la plantilla, negando la negociación colectiva en una materia tan sensible como es la desescalada y la prevención de riesgos durante la misma, al tomar la ilegal, incomprensible e irresponsable decisión de imponer la vuelta a la actividad presencial en pleno estado de alarma, período en el que estaba en vigor la preferencia del teletrabajo frente al trabajo presencial, según lo establecido por los diferentes Reales Decretos del Gobierno, y que prorrogan la medida hasta 3 meses.

Desde la Sección Sindical de la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) en la empresa del sector TIC AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, participada de un 22% por la Junta de Andalucía, hemos acordado la renovación de la convocatoria de huelga para la semana del 22 al 27 de junio por 6.ª semana consecutiva, desde que se inició el pasado 18 de mayo. Esta huelga afecta a la totalidad de la plantilla de todos sus centros de trabajo en el Estado español, es decir, unos 1.500 empleados.

La convocatoria de huelga se mantiene como medida de protesta y de protección de la salud de los trabajadores y su conciliación ante el desprecio total demostrado por la dirección de la empresa hacia la totalidad de los trabajadores y trabajadoras que conforman la plantilla, negando la negociación colectiva en una materia tan sensible como es la desescalada y la prevención de riesgos durante la misma, al tomar la ilegal, incomprensible e irresponsable decisión de imponer la vuelta a la actividad presencial en pleno estado de alarma, período en el que estaba en vigor la preferencia del teletrabajo frente al trabajo presencial, según lo establecido por los diferentes Reales Decretos del Gobierno, y que prorrogan la medida hasta 3 meses tras la finalización del estado de alarma, esto es, hasta el 22 de septiembre de 2020.

Esta vulneración de la normativa decretada por el Gobierno bajo el estado de alarma por parte de la Empresa ha tenido también la connivencia de la Inspección de Trabajo de Sevilla, la cual ha demostrado su esencia reaccionaria durante  todo este tiempo y ha demostrado su carácter clasista: se posiciona rápido, en pocas horas, en aquéllas cuestiones que la Empresa requiere reafirmación por parte de dicho organismo público -con oficios que hasta da vergüenza ajena leer- y se tira meses, cuando no años, en materias esenciales para las condiciones laborales de los trabajadores como son contrataciones masivas irregulares, sanciones por violar la legislación en horas extraordinarias, etcétera, acreditando que lo mejor que nos podría pasar a los trabajadores es que la Inspección de Trabajo desapareciera y así dejar de mantener a un número importante de parásitos que la componen y que a los trabajadores no nos sirven.

Con la huelga, además, damos cobertura a los trabajadores para que no acudan a trabajar en las jornadas que le obligue la empresa, de manera unilateral, a acudir a la oficina presencialmente y, de esta forma, impedir las consecuencias de una medida tan despreciable que pone en juego absurdamente nuestra salud y la de nuestras familias, pues el único propósito de tal imposición es el de demostrar el patrón que nuestras vidas le pertenecen, y que en ningún caso dejará que los trabajadores intervengan en las decisiones de la empresa, ni negociará nada salvo con sus sindicatos serviles, CCOO y UGT, siempre dispuestos a traicionar a los trabajadores y a firmar cualquier acuerdo que le interese a la dirección.

De esta manera, la empresa ha obligado a acudir a gran parte de la plantilla presencialmente hasta 3 dias por semana, incluidos mañana y tarde, y tanto a personal dentro de los denominados grupos de riesgo, como a personal con familiares a cargo, hijos en edad escolar o mayores dependientes, así como a personal desplazado a los clientes cuyas directrices obligan al teletrabajo, pero que la dirección de la empresa les obliga a teletrabajar (conectándose remotamente a los sistemas del cliente) desde las oficinas de AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, pese a que no disponían de puesto de trabajo en ellas antes de la pandemia. Incumple así lo establecido en los Reales Decretos del gobierno, y también las medidas de protección y prevención determinadas por las autoridades sanitarias con el fin de mitigar la propagación de la enfermedad COVID-19, y evitar sus efectos más graves sobre la población de riesgo.

Según las recomendaciones obtenidas tras los estudios científicos realizados sobre la propagación del virus, la generación de brotes masivos se dan mayoritariamente en las concentraciones de personas en espacios cerrados sin ventilación natural tras prolongadas exposiciones, circunstancias que encajan plenamente con la actividad de la empresa, cuyo trabajo se desenvuelve en oficinas con salas diáfanas y aforo de centenares de trabajadores, en edificios cerrados con ventilación mecánica, es decir, una situación de riesgo que la dirección se empeña en fomentar y que constituye una auténtica bomba de relojería sanitaria, teniendo en cuenta que el virus sigue presente, y que la desescalada está causando rebrotes del coronavirus en múltiples regiones y países. No hay más que ver las últimas noticias de los diferentes rebrotes a lo largo de la península y de otros países europeos que ya habían relajado las medidas de prevención.

Es por ello que muchas de las medidas de los Reales Decretos y de las autoridades sanitarias han seguido esta línea, limitando los aforos de establecimientos y la concentración de personas en eventos públicos y privados durante todo el estado de alarma. Medidas entre las que destaca la realización del trabajo a distancia como principal método de distanciamiento social.

Desde que se cerraran los centros escolares en la comunidad de Madrid, la semana antes del inicio del estado de alarma, nuestra sección sindical ha estado presionando para que la empresa implementase el teletrabajo, dada la gravedad de la propagación en dicha comunidad, mientras otras empresas del sector como Sopra Steria o Everis ya lo habían implementado en todo el país durante esa semana. La Dirección de AYESA AT trató de evitar esa decisión en todo momento, de forma que hubo que hacerlo de forma apresurada, teniendo que acudir presencialmente la mayoría de la plantilla en el primer día de confinamiento para recoger su equipo informático sobremesa y llevárselo a su casa.

Incluso durante los dos meses de confinamiento estricto de toda la población, AYESA AT mantuvo las oficinas abiertas y a un mínimo de personal trabajando presencialmente, en unas condiciones donde no se pudo dotar de material necesario para la prevención al estar los guantes y las mascarillas requisadas por el gobierno. Esta y otras cuestiones las hemos ido constatando con la visita a las instalaciones en Sevilla que los delegados de CSC venimos realizado desde el principio, recabando pruebas e interponiendo denuncias en la Inspección de Trabajo. También observamos en estas visitas que nuestra labor sirvió para presionar para que no se abandonara el teletrabajo masivamente, pues la presencia en dichas instalaciones del personal correspondiente a las otras empresas del grupo AYESA con las que comparte edificio ha sido mayoritaria, dado que en ellas, o no existe la representación sindical o está al servicio de la dirección de la empresa.

En ese mismo sentido, hemos de encuadrar la nula actividad durante este tiempo de huelga del Comité de Empresa, que se encuentra desaparecido en la práctica, cuya presidencia ostenta Miguel Marín Rodríguez perteneciente a UGT, con el apoyo de CCOO, sindicatos ambos promocionados por la Dirección de la Empresa. Un comportamiento que se puede entender atendiendo a su currículum sindical:

  • Un presidente que llegó al cargo mediante unas elecciones fraudulentas organizadas por la dirección de la empresa, que tuvieron que ser repetidas tras nuestras demandas, y que nuevamente se encuentran impugnadas por CSC por fraude electoral.
  • que firma lo que la patronal le ponga por delante, ya sea el infame XVII Convenio de Consultoría, del que forma parte de la mesa negociadora, firmando tablas salariales que para diversos grupos profesionales han quedado por debajo del SMI.
  • que firma un Plan de Igualdad en AYESA AT que la Dirección de la empresa solo necesitaba para poder seguir licitando en concursos públicos, pero que empeora las condiciones laborales de los trabajadores, razón por la que CSC ha impugnado judicialmente, como ya hicimos con el anteriormente impuesto unilateralmente por la Dirección de AYESA AT, siendo éste otro el primer Plan de Igualdad tumbado por la Audiencia Nacional a una empresa gracias a nuestra denuncia. Sentencia ratificada en firme, posteriormente por el Tribunal Supremo.
  • que ha vaciado de sus funciones al Comité de Empresa, el cual funciona a demanda de la Dirección de la empresa, y que se esconden del virus con convocatorias telemáticas, no reglamentarias, mientras se obliga a los trabajadores a acudir presencialmente.
  • cuyo esfuerzo se emplea en denostar el trabajo de CSC, quitar demandas judiciales antepuestas por nuestro sindicato contra la empresa, declarar como testigo, junto con miembros de CCOO, en los expedientes de sanción que la empresa abre a los delegados de CSC por ejercer nuestra labor sindical, y que invariablemente pierde la empresa en sede judicial, expedientes disciplinarios que son auténticas farsas,
  • que con su inacción mantiene al Comité de Seguridad y Salud del Centro de trabajo de Sevilla sin constituir, permitiendo que la labor de prevención y vigilancia de la salud y del cumplimiento de la ley de los delegados de prevención quede inutilizada, facilitando a la Dirección de la Empresa que pueda incumplirla impunemente,
  • que ha ignorado nuestro ofrecimiento para parar la producción, mediante acuerdo de los delegados de prevención de todas las secciones sindicales, según la potestad que nos otorga la ley de prevención ante una situación de riesgo grave e inminente, como es el caso, con la actividad presencial en oficinas durante una pandemia.
  • que pese a haber convocado desde su sección sindical de UGT, que no desde el comité, una huelga indefinida motivada por el abandono del teletrabajo, en ningún momento hace publicidad de la misma ni llamamientos a secundarla, conociendo únicamente el mantenimiento de su vigencia a través de los comunicados que lanza la dirección de la empresa.

Un presidente, apoyado por la sección sindical de CCOO, cuyos miembros votan y firman al unísono con UGT las propuestas de la empresa, y que lo mismo se prestan al teletrabajo, antes que nadie, argumentando pertenecer a grupos de riesgo, como acuden presencialmente a trabajar, esquiroleando su propia convocatoria de huelga, en cuanto lo requiere la empresa.

La actuación de ambos sindicatos, CCOO y UGT, en Ayesa AT, se equipara con el que ambas instituciones tienen a nivel nacional, siendo parte del engranaje del Estado corrupto que padecemos. Se equipara con su papel en la defensa de los intereses de la patronal traicionando a los trabajadores, con la función de dinamitar las organizaciones obreras que tengan el objetivo de defender sus intereses de clase. Son por tanto una pieza fundamental para que las oligarquías impongan sus criterios políticos y económicos en su beneficio y en detrimento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, razón por la cual otras instituciones del Estado salen en su defensa, como la Junta de Andalucía, ocultando expedientes de devolución de facturas fraudulentas millonarias del sindicato UGT, o como la Fiscalía anticorrupción del Estado, ejerciendo de acusador contra el denunciante de la corrupción destapada en el seno de ese sindicato, al que el fiscal protege.

Si criminal es la actuación de UGT y CCOO, no lo es menos la Inspección de Trabajo de Sevilla, que ha prestado un valioso soporte a la empresa en su pretensión de abandonar el teletrabajo, pues si bien la agilidad de los expedientes que ponemos contra la empresa se dilatan inusualmente en el tiempo, en este caso, en cuanto a la empresa le ha interesado, ha dado una respuesta diligente e inmediata a las denuncias que hemos ido interponiendo respecto al incumplimiento de los reales decretos del gobierno, de manera que ha exonerado a la empresa de su cumplimiento, argumentando que son medidas cuya vigilancia compete a las autoridades sanitarias, dando por ciertas cuantas mentiras la empresa ha tenido a bien expresar, a pesar de que nuestro sindicato ha aportado innumerables pruebas gráficas incontestables que demostraban sistemáticamente el incumplimiento.

Nuevamente vemos a las instituciones del Estado al servicio de la patronal, dando por ciertas la caracterización que Lenin hiciera del mismo:

El Estado es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra.

Smart Jobs: Uberización del trabajo

La huelga convocada por CSC pretende que el teletrabajo sea el modelo de desarrollo la actividad laboral en las actuales circunstancias de pandemia, de manera excepcional. Nuestro sindicato está de acuerdo en la aplicación de esta medida excepcional siempre y cuando sea algo puntual y extraordinario, para satisfacer las necesidades de conciliación en un contexto de crisis sanitaria. Sin embargo, estamos radicalmente en contra de que de la excepcionalidad se eleve a la generalidad y nos manifestamos totalmente en desacuerdo con la adopción de un modelo de teletrabajo como el que está implantando la patronal, que es perjudicial para los trabajadores por múltiples factores:

  • Apertura del mercado de trabajo a nivel mundial que abaratará los sueldos,
  • Facilita la deslocalización de empresas y la evasión fiscal,
  • Los riesgos psicosociales que produce el aislamiento,
  • Prolongación de jornadas y el trabajo en festivos, así como la falta de desconexión digital
  • Sendentarismo,
  • Sobrecostes de producción de alquiler, suministros y mantenimiento de espacios trasladados a los empleados, etc…

Si bien el teletrabajo tiene sus perjuicios por sí mismo, la empresa, de forma planificada con la patronal, está aprovechando la desescalada para imponer otra medida más grave para los intereses de los trabajadores que el propio riesgo al contagio. Se trata de un cambio de modelo productivo, denominado en AYESA Smart Job (en la empresa Telefónica, por ejemplo, se denomina Flexiwork), implantado por la vía de los hechos consumados y esquivando nuevamente la negociación colectiva, que consiste en una distribución semanal mixta de teletrabajo y trabajo presencial, pero en el que los empleados pierden su puesto físico de trabajo en las oficinas, que pasan a ser compartidos entre toda la plantilla -en lo que AYESA denomina un sistema hot desks-, debiendo cada empleado reservar desde de una aplicación móvil un puesto físico en aquellos días asignados presenciales, de igual forma al tratamiento que se hace de las salas comunes, de reuniones, etc. Paralelamente al sistema de reservas de puestos de trabajo, ha implantando un nuevo gestor de tareas para el controlar la productividad individual de cada empleado, denominado Ayesa Tasking, y al que ha obligado a reportar diariamente con la excusa de controlar el trabajo a distancia.

Las intenciones que se vislumbran con este nuevo formato laboral no son más que la del acercamiento al modelo ya implementado desde hace años por la patronal en diversos sectores con la intención de desregularlos laboral y fiscalmente, y que pretenden generalizar a cualquier tipo de servicio, auspiciados en los avances en las tecnologías de telecomunicaciones, y la ubicuidad que otorgan los dispositivos móviles. La denominada Uberización de la economía.

Compañías como Uber, AirBnb, Glovo,…, utilizando una jerga de atractivos términos eufemísticos como Coworking, compartición de recursos, carsharing, economía colaborativa, etc., disfrazan su actividad empresarial de prestación de un servicio concreto (transporte, alojamiento, mensajería), tras la gestión de plataformas digitales donde los consumidores del servicio y los trabajadores se ponen entre ellos en contacto, bajo el cobro de comisiones.

De esta manera, las empresas convierten lo que sería la actividad empresarial de una empresa del sector servicios, con unas relaciones laborales con derechos laborales y obligaciones fiscales, en un servicio «externo» de recursos humanos basado en un sistema de herramientas digitales y el «supuesto» autoservicio entre las partes, pero donde en realidad el control está bajo el mando del que gestiona la plataforma y donde los trabajadores tendrán que obedecer cuándo, qué tareas, en cuánto tiempo y a qué precio tienen que hacer si no quieren ser expulsados del sistema.

Las consecuencias a nivel laboral son que las empresas van a generalizar la figura del freelance o falso autonomo, sustituyendo a los trabajadores de plantilla, eliminando de esta manera todos los derechos de los trabajadores: horarios planificados y descanso (ni vacaciones, ni fiestas, ni fines de semana), cotizaciones, permisos (no cobrar si se pone enfermo), servicios sociales (paro, asistencia médica,pensiones,…), indemnización por despido, etc. Así como supondrá la generalización del trabajo a destajo, cobrando sólo por las tareas asignadas, si es que te las asignan, en lugar de un sueldo fijo. En definitiva, convirtiendo las relaciones laborales en relaciones mercantiles.

La capacidad que ofrece la tecnología para la digitalización de estos servicios y su acceso desde cualquier parte también tiene consecuencias a nivel fiscal, pues permite a estas empresas ubicar su sede en cualquier país que ofrezca atractivos descuentos, e igualmente permite la reducción al mínimo de los departamentos de RRHH, con cuya automatización progresiva permite ya hoy día el despido, o baja en la plataforma, automatizado basado en los datos recogidos por la misma y la toma de decisiones mediante el uso de la inteligencia artificial.

Este es el objetivo que la empresa junto con la patronal quieren implementar para acabar con los pocos derechos laborales que nos quedan. Es su nueva propuesta de aumentar las explotación y sus beneficios a costa de nuestra miseria, como lo fueron en su día la aparición del trabajo temporal y las ETTs, o la subcontratación, siempre para traspasar la mayor parte de las ganancias de la producción económica desde los trabajadores hacia los empresarios. Es lo que vienen haciendo con el concurso del Estado y sus instituciones, CCOO Y UGT entre ellas, en cada reforma laboral desde los pactos de la moncloa donde los trabajadores hemos ido perdiendo las conquistas que nuestros abuelos obtuvieron con su lucha y sacrificio.

COORDINADORA SINDICAL DEL CLASE (C.S.C.) EN AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA

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