Sevilla: Juez ordena el desahucio de un matrimonio nonagenario enfermo y sin recursos

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Un juez obliga a un matrimonio nonagenario enfermo y sin recursos de Los Remedios a abandonar su casa el 28 de julio por impago del alquiler.

Desahuciado a los 90 años

«He trabajado duro durante toda mi vida. He luchado por España y ahora me dejan en la calle. No hay derecho». Rafael Domínguez se tapa con un brazo la cara emocionado mientras su mujer, de 83 años, le consuela. «No es justo», repite una y otra vez con voz entrecortada y tumbado en su cama este nonagenario, un constructor que participó en el diseño del estadio Sánchez-Pizjuán y promovió viviendas en el Aljarafe.

Hace 15 días que no quiere comer ni beber. El jueves su esposa tuvo que llevarlo a Urgencias con síntomas de deshidratación. «Tiene una depresión muy grande», aclara su mujer, Elvira Fiances, natural de Sanlúcar la Mayor.

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Sevilla ha ordenado el desahucio de esta pareja de ancianos, tras la denuncia presentada en septiembre por los propietarios de la vivienda en la que residen, en Los Remedios, por impago de la renta mensual. Deben más de 12.500 euros por el alquiler de dos años, además de las tasas judiciales. Gracias a Cáritas comen y abonan la factura de la luz.

«Este jueves 28 de julio se quedarán en la calle. No tienen dónde ir. Su hija, con dos menores a su cargo, también va a ser desahuciada», explica Héctor Cueli, abogado del turno de oficio. «Ellos entienden que tienen que marcharse, sólo quieren tiempo para buscar una solución».

Pese al convenio de colaboración existente desde hace unos cuatro meses entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre la detección de situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos de desahucio, el Juzgado que lleva este caso no ha informado hasta la fecha a los servicios sociales del Ayuntamiento de la situación de este matrimonio, a pesar de que la orden de desahucio se firmó hace más de un mes.

Desde su cama, Rafael Domínguez -que aún lleva puesta la pulsera de su visita a Urgencias- recuerda sus años como constructor. «Yo construí en 1955 la presa de Escales, la más importante de España, y mira dónde estoy ahora», señala el anciano, que en 2011 sufrió un infarto y ya le han puesto cuatro marcapasos. Su trabajo le llevó a Egipto y México, y en España, según comenta, participó, entre otros proyectos, en el diseño del estadio Sánchez-Pizjuán. Pero la crisis del ladrillo les llevó a la ruina. «Vivíamos como queríamos», reconoce Elvira Fiances a los pies de la cama de su marido.

Domínguez proyectó una promoción de viviendas en Salteras y pidió un crédito para su construcción que el banco finalmente no le concedió, «con todas las viviendas ya vendidas». «Perdimos 640 millones de pesetas -que equivale a 3,8 millones de euros-, además de mi casa, la de mi hija y la de la playa, y dos garajes», comenta la señora. «Durante diez años vivimos gracias a la ayuda de un amigo arquitecto, que también se arruinó, y vendiendo cosas , como mis alhajas, las vendí todas», explica la mujer, que recientemente se rompió el húmero tras abalanzarse sobre ella un perro. Como consecuencia, ha perdido un 60% de movilidad en su brazo derecho.

En octubre de 2010, el matrimonio firmó un contrato de alquiler en Los Remedios, que desde diciembre de 2014 no puede pagar. «Nunca pensé que llegaríamos a esta situación, creía que saldríamos adelante, que pagaríamos las deudas», comenta afectado Rafael Domínguez.

A esta situación se suma que el matrimonio de 83 y 90 años solicitó un abogado y un procurador de oficio, pero el expediente se archivó porque no entregaron toda la documentación requerida. El Colegio de Abogados de Sevilla designó a finales de mayo un letrado de oficio, pero, según explica éste, cuando él recibió el caso, un mes más tarde, ya había orden de desahucio.

«Todo se ha complicado por un cúmulo de circunstancias», apunta Héctor Cueli. «No tenían abogado, el Juzgado actuó mecánicamente y no indagó en el caso y las demás administraciones no han hecho nada por ayudar a estos ancianos, sobre cuya pensión recaen dos embargos».

Este periódico intentó sin éxito contactar ayer con la parte demandante, que, según Cueli, se niega a dar una moratoria. La Oficina Municipal por el Derecho de la Vivienda de San Jerónimo -con más de 200 expedientes abiertos, según el Ayuntamiento- sí ha sido informada recientemente del caso, señala el letrado, pero desconocen cuándo podrán acceder a una vivienda social. Los ancianos temen que no sea antes del próximo jueves.

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