Sevilla: Denuncian que los cortes de luz en la ciudad atentan contra los Derechos Humanos

Las movilizaciones en Cerro Amate, Torreblanca, Pino Montano, Polígono Sur, incluso El Tardón señalan el abandono al que están sometidos por parte de los poderes públicos.

APDHA Sevilla se suma a las denuncias y concentraciones que se suceden en nuestros barrios empobrecidos exigiendo soluciones inmediatas.


Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA Sevilla) queremos denunciar los continuos cortes de luz que se suceden en nuestra ciudad, mayoritariamente en nuestros barrios periféricos, especialmente inaceptables en la actualidad ante la ola de frío y los rigores habituales del invierno, y en el marco de una pandemia.

Los suministros básicos en general y el eléctrico especialmente, son Derechos Humanos universales irrenunciables de los que deben disponer todas las personas independientemente de su situación social y económica.

Pese a ello, frente a los cortes de luz diarios durante muchas horas, las Administraciones públicas con una actitud rayando entre la pasividad y la complacencia asumen como normal que se prive a miles de personas de un servicio básico. Ninguna intervención rotunda que obligue al oligopolio eléctrico a soluciones urgentes que la gravedad del problema requiere. El Ayuntamiento alegando falta de competencias, y de común con la Junta de Andalucía, plegándose a las razones de las eléctricas, criminalizando nuestros barrios olvidados. De defender los derechos de las personas, nada de nada.

La única respuesta como viene siendo habitual estos últimos años ha venido por parte de los propios afectados: en primer lugar la Plataforma Interdistritos Barrios Hartos de Sevilla elevando a pública la protesta reuniéndose frente a ENDESA, y a posteriori numerosas concentraciones en el extrarradio de nuestra ciudad: Cerro Amate, Torreblanca, Pino Montano, Polígono Sur, incluso de un barrio últimamente poco acostumbrado a denuncia pública como El Tardón. Movilizaciones similares han tenido lugar en diferentes barrios humildes repartidos por toda la geografía española.

Desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en lugar de intervenir en defensa de sus ciudadanos asumen las justificaciones que enumeran las eléctricas en su discurso falaz y distorsionante de la realidad. Justifican los cortes por la sobrecarga de la red eléctrica debido al consumo generado por las plantaciones de marihuana existentes en muchos barrios. Y mientras tanto descaradamente el precio de la luz sube sin tapujo alguno.

Localizar las plantaciones de marihuana, con la tecnología existente en el siglo XXI es un problema de prioridades e intereses, que corresponde resolver al poder político. Que a ello,  a pequeña escala,  se agarren además unos pocos vecinos para buscarse un mínimo sustento con el que sobrevivir por falta de trabajo o ayudas económicas, es un problema cuyo trasfondo de precariedad y vulnerabilidad deben atajar los Servicios Sociales. Al igual que algunas familias recurran al enganche ilegal para procurarse luz porque no tienen ingresos suficientes con los que poder contratarla o pagar su factura.

Se prefiere no tener en cuenta las razones fundamentales que provocan los cortes: con el paso de los años el número creciente de aparatos eléctricos y electrónicos existentes en nuestros hogares ha elevado el consumo de energía con la consiguiente sobrecarga en infraestructuras envejecidas. La falta de inversión del oligopolio eléctrico en la modernización de las redes y equipamiento abastecedores de energía ha provocado el deterioro significativo de las redes de suministro en nuestros barrios periféricos abandonados a su suerte.

En su terreno las eléctricas mandan y los gobiernos de turno obedecen, mientras la corte de medios de difusión al servicio de los negocios copia el relato.

No nos dejamos engañar. La producción y suministro eléctrico se empezó a privatizar con el gobierno de Felipe González y se siguió con el gobierno de Aznar, que hoy cobra cómodamente ese encargo con su puesto de consultor externo de Endesa (200.000 euros al año). Es tarea de los gobiernos estatal y autonómico garantizar la correcta prestación de ese servicio a todos los hogares sin excepciones y si, por acción u omisión,  son incapaces de hacerlo, el estado deberá tomar el control de las mismas reconduciendo la situación llegando incluso a nacionalizarlas.

Lo fácil y simplista es estigmatizar a las personas vulnerables y hacerles responsables de las condiciones en las que malviven.  Y enfrentar a pobres contra más pobres. Recientemente más de un centenar de asociaciones y plataformas nos hemos dirigido a los diferentes responsables públicos para que busquen soluciones porque los Derechos Humanos, el derecho a una vida digna, debe estar  por encima del negocio.

Es necesario y urgente atender a las necesidades de la población más vulnerable con la pedagogía del amparo económico, social y político.

Por ello hoy más que nunca,  las administraciones no pueden mirar para otro lado y deben ser valientes. Tienen que estar presentes tomando decisiones urgentes que aporten soluciones concretas para que nuestros barrios dejen de estar olvidados y abandonados.

 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

 

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