Sentencia del TC en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes

Sala Primera. Sentencia 63/2010, de 18 de octubre de 2010. Recurso de amparo 9398-2005. Promovido por doña Sara Majarenas Ibarreta respecto de los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Valencia que archivaron las diligencias previas por un delito de torturas. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE): investigación insuficiente de una denuncia de tortura o tratos inhumanos y degradantes sufridos bajo custodia policial (STC 34/2008).

La recurrente en amparo fue detenida por miembros de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana en unión de otra persona, en la ciudad de Valencia, sobre las 8:15 horas del día 17 de febrero de 2005, confeccionándose las diligencias policiales núm. 318 de 17 de febrero de 2005, de las que era instructor el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, en diligencias previas núm. 63-2005.

Los hechos consistían, en síntesis, en haberle apretado las esposas excesivamente desde el principio, haber recibido empujones en la cabeza, tirones de los pelos, amenazas, golpes y puñetazos por el cuerpo, con objeto de que prestara declaración; y se habían producido tanto en Valencia como una vez trasladada a las dependencias policiales de Madrid.

Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en este ámbito que no se abra o que se clausure la instrucción cuando existan sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito de torturas o de tratos inhumanos o degradantes denunciado, y cuando tales sospechas se revelen como susceptibles de ser despejadas. En suma, ‘respecto a la investigación de indicios de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes sufridos bajo la custodia de autoridades policiales, de los Acuerdos internacionales firmados por España y del propio tenor del art. 15 CE se desprende un especial mandato de agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten útiles para aclarar los hechos.

Este Tribunal ha señalado que para evaluar si existe una sospecha razonable de tortura y si tal sospecha es disipable, lo que convertiría en inconstitucional ex art. 24.1 CE el cierre de la investigación, deben tomarse en consideración las circunstancias concretas de cada caso, siendo preciso atender a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos, lo que debe alentar la diligencia del instructor para la práctica efectiva de las medidas posibles de investigación.

Por todo ello, ha de concluirse que el órgano judicial clausuró la investigación sobre los hechos denunciados omitiendo la práctica de medios de investigación disponibles e idóneos para el esclarecimiento de los hechos, y a partir de una motivación incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), por lo que debemos declarar su vulneración y otorgar el amparo solicitado.

Leer sentencia completa en:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/18/pdfs/BOE-A-2010-17740.pdf

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS