Senadora Piedad Córdoba propone a su partido: oposición en toda la lína al gobierno de Uribe
Bogotá DC., mayo 13 de 2008
Señor ex presidente
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
Director Nacional
Partido Liberal Colombiano
Ciudad
Respetado doctor Gaviria: 
La honda crisis socio-política que hoy afecta a Colombia no proviene sólo de la llamada para-política, aunque hoy ésta sea uno de sus ejes. La crisis que el país está viviendo no se limita a la 'parapolítica' ni al Congreso. Su complejidad no es un asunto de individuos sino que compromete a numerosos actores de la vida nacional y territorial y a estratégicos intereses del Estado, incluyendo al Ejecutivo. 
Esta amplia alianza de fuerzas políticas, empresariales, latifundistas y paramilitares se legitimó apelando al discurso militarista y a la derrota de las guerrillas, al recibir el apoyo de crecientes sectores de la población indignados por la frustración del proceso de paz del Caguán.  Fue también la forma como se renovaron los intereses particulares en la escena política colombiana en un marco clientelista y corrupto.
Al propio tiempo fueron consolidándose estructuras y alianzas con empresarios y medios de comunicación que igual o peor daño le han causado al país con el financiamiento de esas estructuras criminales, con el ocultamiento interesado de la especulación y, en general, con las manipulaciones mediáticas de la realidad nacional. 
Manipulaciones a través de las cuales  se busca nivelar al pensamiento crítico con la misma consigna antiterrorista, con que la derecha internacional califica a los críticos y a los ejercitantes del disenso público y para fustigar y desaparecer a la oposición democrática, violando de manera permanente la responsabilidad democrática del comunicador y su función articuladora de la sociedad.
Esa es otra forma de eliminación del contradictor, como en la época del terror nazi. Es el tiempo de los victimarios y el ocultamiento forzado de las víctimas. 
Los intereses que están detrás del genocidio, el desplazamiento y la desaparición del campesinado,  de los-as líderes sindicales, de las comunidades indígenas y de los-as pensadores de la democracia y de la cultura en Colombia, tienen explicación en un calculado vaciamiento demográfico necesario para darles paso a los cultivos industriales, a los megaproyectos transnacionales y a la apropiación de las biomasas y recursos naturales y humanos para colocarlos al servicio de los nuevos mercados de la globalización financiera y de la conquista imperial.
Esta realidad les ha permitido a quienes concentran el poder político y económico profundizar el modelo de desarrollo neoliberal, con la consiguiente privatización de los derechos y de los servicios sociales del Estado, la precarización del contrato de trabajo y el explosivo  agravamiento de los desequilibrios sociales. 
La crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas y de los partidos políticos, la corrupción, la existencia de niveles alarmantes de violaciones a los derechos humanos, el incremento de la violencia política y la dificultad de lograr una solución  negociada al conflicto armado, están a la orden del día, sin que se demuestre interés en su resolución. 
El relajamiento de la ética pública es el paradigma que gobierna la sociedad bajo el actual mandato presidencial. 
La soberanía nacional ha sido paulatinamente deteriorada, en virtud de manejos poco diplomáticos con la comunidad internacional, especialmente con nuestros vecinos. 
El método de diplomacia policiva de Uribe Vélez  atenta contra la estabilidad de la región, y sus complicidades con el guerrerismo internacional están a punto de provocar una confrontación armada en el hemisferio. 
Para el actual Jefe de Estado la doctrina Suárez del «respice polum» -mirar hacia la estrella del norte, hacia Estados Unidos- porque, según la derecha: «el norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce atracción respecto de los pueblos de América», sigue estando vigente; para Uribe Vélez la comunidad internacional son los Estados Unidos y nada más. 
Estamos asistiendo al despliegue de un neofascismo. A la vigencia de un régimen mafioso que ampara con legalidades de bolsillo a los agentes paramilitares. Su proyecto desinstitucionalizador y guerrerista, está dando al traste con la débil democracia  que aún nos permite respirar. 
Un gobierno que se salta los principios básicos del régimen presupuestal y de la planeación para generar un asistencialismo coyuntural que estimula la vigencia de los problemas estructurales del país. 
Tenemos un presidente «de a caballo», uno de los 2.300 colombianos propietarios de más de 2.000 hectáreas, según el ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Palacios. Un presidente con toda la carga de tradicionalismo que identifica a esos dueños de hacienda, a los «señores de la tierra». 
Un gobierno que trata de intimidar a los periodistas valientes que se atreven a denunciar su corrupción. Un gobierno que utiliza los medios masivos para desmontar con «cortinas de humo» o «falsos positivos» las acusaciones de corrupción que cada día le explotan en su rostro. 
Y que amenaza a los magistrados de una Corte que hoy está dando ejemplo de rectitud y de ética. 
Un gobierno al que ya le queda prácticamente imposible ocultar su origen electoral fraudulento. 
Pues no sólo hubo «chocorazo» en su primera elección por la presión armada de los «Señores de la guerra», sino –como ya lo estamos comprobando- en el acto legislativo de reelección, también hubo compra de votos parlamentarios para modificar la Constitución Política. No se trataba de cualquier «articulito», sino de la posibilidad de que Uribe fuera reelegido. 
Este fue un crimen contra la democracia y contra el Partido Liberal. Porque los y las liberales fuimos a los comicios del 2002 y del 2006, con un candidato democráticamente seleccionado por la colectividad, tal vez el más preparado Estadista y honrado ciudadano de nuestro tiempo, el doctor Horacio Serpa.
Y nos aproximamos a nuestros compatriotas con un programa avanzado, a tono con las transformaciones que está reclamando el mundo y, especialmente, nuestro hemisferio. Un proyecto progresista, incluyente, democrático y humanista a cabalidad. 
Los agentes armados y civiles y los ideólogos del  proyecto paramilitar sabían que se aproximaba una revolución democrática que no le daría tregua a la violencia crítica, sino que avalaría todos los espacios posibles para la convivencia pacífica. 
Que no estaríamos al servicio de los intereses neoliberales, sino de la democracia plena y del progreso social. Que trabajaríamos con el pensamiento crítico en función de acertar en el modelo de bienestar colectivo requerido por un país con profundas asimetrías. 
Los liberales queríamos un país sin desplazados ni desplazadas, sin torturados ni torturadas. Una verdadera y legítima seguridad humana. Un acuerdo político para la paz y la convivencia. 
Un Estado presidido por una ética pública a toda prueba, que no requiriera de la enajenación de sus dirigentes por migajas burocráticas, «para que voten los proyectos mientras los meten a la cárcel». 
No podría ser para menos. El Partido Liberal, en su versión más progresista, la de Izquierda democrática fue doblemente objeto de un monstruoso fraude electoral que ya figura en los anales de la historia política y que esperamos no se quedará en la impunidad. 
Un fraude electoral que les permitió llegar a la Casa de Nariño y al Congreso de la República a los agentes del paramilitarismo en proporción que hoy nos avergüenza ante el mundo.. 
Pregunto, Señor ex presidente Gaviria y copartidarios, si es ético, si es moralmente aceptable que el Partido Liberal continúe apoyando las iniciativas de quien ha  debilitado la democracia.
Por ello reclamo, como en alguna oportunidad crucial para Colombia lo definiera nuestro gran partido: Oposición en toda la línea. 
En virtud de lo anterior, solicito la convocatoria de un plenario del Partido Liberal Colombiano en el que además del Director Nacional y la Dirección Alterna estén presentes la bancada parlamentaria, el Comité político nacional, el Consejo Directivo del IPL, los Tribunales de Garantías y Disciplinario, las Secretarías de Participación Nacional y quienes hayan desempeñado en nombre del Partido altas dignidades del Estado para que tomemos una decisión colectiva de fondo, sobre los siguientes asuntos urgentes:
-Oposición en toda la línea al gobierno de Uribe Vélez 
-Apoyo irrestricto a un proceso de Acuerdo Humanitario 
-Pleno respaldo a la Corte Suprema de Justicia y a la acción de la Fiscalía
-Paro legislativo 
-Debate en las plazas públicas a la parapolítica y a la corrupción
-Acuerdo con los partidos y movimientos sociales de la Gran Coalición democrática para definir procedimientos frente a la crisis. 
-No a los pactos políticos por las cúpulas interpartidistas, o de aparente Unidad Nacional, que dejen intacto al Presidente Uribe, reedición peligrosa de un nuevo frente nacional que salve AL GOBIERNO DE URIBE y a la parapolítica y no superen la crisis hacia una vida democrática de la nación. 
Atentamente,
PIEDAD CORDOBA RUIZ
*Senadora de la República
Directora del movimiento liberal
«Poder Ciudadano Siglo XXI»