Se avecina un nuevo golpe al sistema público de pensiones

Una política que golpea con especial intensidad a las mujeres trabajadoras, con vidas laborales más cortas

El Congreso de los Diputados ha aprobado el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo el pasado 19 de noviembre. A partir de ahora se inician las negociaciones con patronal y sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo que culmine en una nueva reforma del sistema público de pensiones.

A pesar del rechazo a los votos particulares presentados por algunos grupos parlamentarios, una mayoría de 262 diputados ha dado su respaldo a las nuevas propuestas realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo. Tanto los partidarios de una gestión liberal del capitalismo (PP y Cs) como los integrantes del gobierno socialdemócrata (PSOE y Unidas Podemos) siguen una línea que se mantiene invariable:

Ampliación del periodo de cómputo y retraso de la edad legal de jubilación

El aumento progresivo de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2011, tuvo su correlato en un progresivo incremento del periodo de cotizaciones tomado en cuenta para el cálculo de las pensiones que en el año 2022 alcanzará los 25 años; a pesar de que son plenamente conscientes de que aumentar el periodo de cálculo implica una reducción general de las pensiones medias.

Se trata de una política que golpea con especial intensidad a las mujeres trabajadoras, con vidas laborales más cortas, especialmente afectadas por el trabajo a tiempo parcial y la temporalidad y empleadas mayoritariamente en sectores con una menor remuneración.

Devaluación de las pensiones públicas y pensionistas pobres

En los propios votos particulares al informe aprobado se calcula que incrementar 5 años el periodo de cálculo supondría una reducción de las pensiones medias de un 6%, lo que junto a la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años, que es el objetivo situado para el año 2027 para quienes no hayan cotizado un mínimo de 38 años y 6 meses, supondría una reducción aproximada de la pensión de jubilación de un 10% y alcanzaría un 26% en caso de computar el conjunto de la vida laboral.

Esta tendencia, compartida por tirios y troyanos, en ningún caso es compensada por la posibilidad de elegir por parte del trabajador los 15-25 años más favorables para el cálculo de la pensión, en un país azotado por niveles de desempleo medio del 17% desde 1980 y en el que la temporalidad, la contratación a tiempo parcial y los bajos salarios son la norma. Tampoco compensa tal tendencia el hecho de que se acuerde incrementar las pensiones conforme al IPC, en un país en el que el 77% de los pensionistas no llegan a mileuristas y en el que, en muchos casos, son varias generaciones las que dependen de una sola pensión para subsistir.

Un sistema complementario basado en los fondos y planes privados de pensiones

La constante política de recortes en el ámbito de las pensiones, golpeadas una vez tras otra, supone que la pensión media en España alcance tan solo un 70% de la pensión media en la UE-15, con un gasto 9% del PIB frente el 12% de la UE-15.

La sostenibilidad del sistema es el viejo argumento esgrimido en defensa de estas políticas. Pero, contradictoriamente, el informe aprobado sigue defendiendo los incentivos a la contratación, esto es, las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones a cargo de las empresas.

Como consecuencias de estas políticas, en nuestro país el 40% de los jubilados son pobres. Pero en vez de atajar de raíz esta situación, se han puesto de acuerdo para profundizar en ella. De ahí que ante la devaluación de las pensiones públicas se opta por un sistema complementario basado en los fondos y planes de pensiones privados, lo que supone un colosal beneficio para el capital financiero.

No es demografía, es lucha de clases

El argumento de la insostenibilidad de las pensiones, basado en el aumento de la esperanza de vida, esconde un claro interés clasista. Vivimos más y también tenemos la capacidad de producir más. El problema es que el producto social creado por el trabajo de nuestra clase obrera no se dirige a la satisfacción de las necesidades sociales, sino a incrementar las inmensas riquezas de un puñado de multimillonarios.

Se puede y se debe construir un sistema distinto. Durante el siglo XX la construcción socialista en la Unión Soviética demostró esa posibilidad implantando la edad legal de jubilación de las trabajadoras con 20 años de vida laboral en los 55 años y la de los trabajadores en los 60 años tras 25 trabajados.

No queremos engrosar los beneficios parasitarios de unos pocos cargando a cuestas una mochila austriaca en la que, tras toda una vida encadenados a la esclavitud asalariada, sólo quede hambre y miseria. Queremos y podemos producir para satisfacer las necesidades populares y no el beneficio capitalista de unos pocos. Queremos y podemos reducir la jornada laboral y acortar la edad de jubilación. Queremos y podemos garantizar unas condiciones de vida plenas a quienes han entregado toda su vida al trabajo. Pero, para eso, debemos rechazar la propuesta unificada del poder capitalista y luchar contra ella y contra ellos. Es la lucha de clases.

Diario Octubre

 

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