Se aprueba la reforma en materia judicial y con esto se consolida el Estado Policiaco y se anulan las garantías individuales.

Se aprueba la reforma en materia judicial y con esto se consolida el Estado Policiaco y se anulan las garantías individuales.

Lorena Aguilar Aguilar


Conforme van creciendo las movilizaciones populares a lo largo y ancho del país, como resultado del gran descontento social de la población, se va haciendo sumamente necesario, por parte de la clase gobernante, tomar las medidas necesarias para frenar con estas muestras de descontento, aunque muchas de estas medidas sean a todas luces ilegítimas y atenten contra las garantías individuales de los ciudadanos.

Desde el inicio del régimen calderonista quedó claro que la cuestión de los derechos humanos no era un tema que figuraba en la agenda del ocupante de Los Pinos, sin embargo, con la reforma en materia de justicia se pone en un verdadero peligro todos y cada uno de los derechos más básicos de los mexicanos.

Aunque se ha eliminado el párrafo donde se autorizaba el allanamiento a domicilios sin una orden judicial previa, esta reforma ha abierto todas las puertas a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de quienes supuestamente tienen la obligación de impartir justicia y mantener el orden en nuestro país.

La legalización formal de la figura del arraigo elimina por completo el principio de la presunción de inocencia que se supone debería regirnos. Además se deja al arbitrio de las autoridades el tiempo y lugar en que se mantendrá arraigado al individuo. Esto da pie a la fabricación de delitos y a construir los expedientes judiciales de tal manera que las personas sometidas a un proceso penal se vean envueltos en juicios armados a conveniencia de las autoridades.

Por otra parte, no ha quedado claro que es lo que nuestros legisladores entienden por delincuencia organizada, es decir, en su idea de que la delincuencia organizada es “una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada” (La Jornada, febrero 28 de 2008), podría interpretarse como que un grupo de jóvenes que se reúnen para robar un kilo de tortillas porque sus familias no pueden más con el gasto familiar o unos estudiantes que se han juntado para protestar contra el alza a los precios, entrarán en la misma categoría que el Cartel de Juárez o cualquier red de pederastia del país.

Más que una preocupación por combatir el crimen organizado (que como muchos periodistas han expresado, tal parece que es lo único realmente organizado en este país), esta reforma judicial pretende ser un llamado de atención a todos aquellos grupos “subversivos” que están saliendo a las calles y alzando la voz en contra de todas aquellas medidas políticas y económicas que atentan contra los intereses del pueblo mexicano, como son la apertura del capítulo agropecuario del TLCAN y sus graves consecuencias para el campo,las alzas al precio de la gasolina y todo lo que conlleva esta medida, los bajísimos salarios que percibe la clase trabajadora y más recientemente las movilizaciones en contra de la entrega de los recursos del país a las trasnacionales extranjeras.

Tal parece que la verdadera intención del régimen calderonista es decirle a todos aquellos sectores que han mostrado su gran descontento que las consecuencias quienes se atrevan a desafiar al poder serán graves, es decir, la verdadera mano dura será sobre los sectores que se atrevan a mostrar sus inconformidades y “rompan con el orden en el país”.

Esta medida representa la entrada al marco legal del Estado Policíaco, aunque ya desde hacia tiempo algunas de estas medidas se llevaban a cabo de manera ilegal, ahora se han abierto todas las puertas a la represión, detenciones ilegales e incluso a la tortura; ya que los ciudadanos quedamos a merced de corporaciones policiacas y judiciales que en la mayoría de los casos actúan bajo consigna de intereses partidistas.

Esta reforma representa “la estocada final” en materia de derechos humanos en México, si ya de por si existía una gran deuda a la sociedad en lo que respecta a las garantías individuales, con la aprobación de esta reforma quedan anulados los derechos más básicos de los ciudadanos.

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