Sanitarios denuncian ante la Justicia que Ignacio González pone en peligro la salud de los pacientes

V.M./elboletin

Los sanitarios a los que Ignacio González quiere quitar su condición de funcionarios han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que aseguran que el presidente regional pondrá en peligro la salud de los pacientes, que se verán privados de la atención especializada que reciben actualmente. Por ello, piden la suspensión cautelar de la medida, que aparece recogida en el apartado número 13 del Plan de Reordenación de Recursos Humanos aprobado por el Gobierno regional el pasado mes de marzo.

El recurso, al que ha tenido acceso EL BOLETÍN, asegura que la medida debe ser suspendida de forma cautelar ya que lo que está en juego son los intereses de terceros, en este caso de los pacientes afectados. Según el documento, si a los casi 500 profesionales afectados se les quita su condición de funcionarios y son integrados en el régimen de personal estatutario, la decisión “tendría un perjuicio para el interés general”.

La medida “afecta a un personal sanitario dotado de alta cualificación y especialización” que ocupa “plazas de exigencia tan singular como las de emergencias sanitarias, las de los centros de salud mental y las de las unidades de hospitalización”. Es decir, que los ciudadanos que “precisen los servicios de emergencia, como los pacientes habituales del personal sanitario afectado, que trabajan en unidades de salud mental y hospitales, donde es esencial la continuidad y seguimiento del profesional”, con el que mantiene un “vínculo terapéutico”, se verán “privados” de tal atención.

De no suspenderse esta medida, dice el recurso, se pueden producir “situaciones irreversibles para los recurrentes y de perjuicios para los propios intereses generales y de terceros”. “Se trata de mantener el servicio sanitario en las condiciones en las que viene prestándose actualmente”, asevera el documento al que ha tenido acceso este diario.

Un recurso que, además, carga contra la medida impulsada por el Ejecutivo autonómico con el objetivo de cumplir con una norma impuesta por el Ministerio de Sanidad porque se habla de una “integración voluntaria” cuando en realidad hay una “imposición”: si no aceptan perder su plaza, ganada por oposiciones, y se integran en el régimen de personal estatutario, se enfrentarán a una adscripción forzosa a órganos administrativos ajenos a las plazas que han venido ostentando hasta ahora.

Los funcionarios que han presentado esta acción argumentan que la decisión de Ignacio González generará un “conflicto jurídico” cuando estos sanitarios, “que han superado procesos selectivos notablemente difíciles para obtener la condición de funcionarios de carrera en plazas de estas instituciones”, se vean forzados a optar por la integración y conversión en personal estatutario “si desean conservar la plaza sanitaria legalmente obtenida”.

Es más, indican que “la integración que se impone se ordena en contradicción frontal con el régimen que la propia Comunidad de Madrid tiene”, que dice que “el personal funcionario que no opte por la integración continuará en el puesto de trabajo que desempeñe… conservando los derechos que se deriven de su condición de personal funcionario”.

También piden la suspensión porque, según argumentan, “la ejecución de la integración supone la privación de una plaza legítimamente ganada” que pasarán a ser ocupadas por personal estatutario. Si el proceso judicial se alarga, “además de la privación material durante años del ejercicio profesional, podría haber incidencias en la ocupación de dichas plazas, incluido el acceso legítimo de terceros mediante procesos de concurso” que podrían conducir a la “imposibilidad de ejecución de las sentencias que llegasen a dictarse”. Esas plazas ya estarían ocupadas legítimamente y no podrían devolverse a quienes les fueron arrebatadas por la medida del Gobierno regional.

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