Sanidad 100% pública, la receta del Covid-19 (cast/cat)

La pandemia del coronavirus ha estresado hasta el límite el sistema sanitario español. Mientras la red pública ha dado cobertura médica a los infectados, las clínicas privadas han derivado pacientes a los hospitales públicos y han cobrado por la realización de pruebas diagnósticas para detectar positivos. Incluso, centros hospitalarios privatizados de la Comunidad de Madrid han intentado cobrar el envío de medicamentos a pacientes crónicos. A raíz de la diferente respuesta de la sanidad pública y la privada frente a la emergencia actual, EL TEMPS analiza con expertos y plataformas médicas la conveniencia de avanzar hacia una sanidad 100% pública.

Los aplausos de las ocho de la tarde se han convertido en una cita ineludible para la mayoría de la población. En medio de una pandemia que cuenta desgraciadamente cada día con centenares de muertes, la música y las palmas son el agradecimiento emocionado de los ciudadanos hacia el trabajo de los profesionales sanitarios, así como una exaltación directa o indirecta -dependiente de los casos- de la única red de seguridad médica cuando vienen las duras: la sanidad pública. Toda una vacuna, aunque posiblemente temporal, para mitigar las tentaciones de aplicar las tijeras al sistema médico y de entregar más parcelas a las corporaciones y seguros privados.

Al consenso aparente que se ha establecido para reforzar la sanidad pública, con propuestas para blindar este derecho constitucionalmente por parte de Compromís, se han sumado otras voces que han abogado por excluir los intereses privados de la salud. Incluso, desde el ámbito liberal. «Esta pandemia nos ha revelado que la sanidad gratuita, sin condiciones de ingresos, de profesión, nuestro estado del bienestar, no son costes o cargas, sino bienes preciosos, unas ventajas indispensables (…) y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado», expresó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una de sus alocuciones televisivas con motivo de la emergencia sanitaria del Covid-19.

Un planteamiento de alcance profundo que recordaba el fugaz llamamiento del expresidente francés, Nicolás Sarkozy, para «refundar el capitalismo» durante la convulsión financiera global del 2008. «Las crisis sistémicas, como la actual con el Covid-19, permiten la adopción de cambios profundos, tal como ocurrió después de la II Guerra Mundial con la consolidación de los estados del bienestar. Con la pandemia del coronavirus, incluso un neoliberal como por ejemplo Macron, se ha dado cuenta de la necesidad de un estado del bienestar muy financiado e intocable en aspectos como por ejemplo la salud», expone Carles Muntaner, catedrático de Salud Pública, Enfermería y Psiquiatría de la Universidad de Toronto, en el Canadá. «Esto implica disfrutar de una sanidad 100% pública en financiación, gestión y provisión», puntualiza.

«Cuando vienen situaciones extremas y nos hace falta una respuesta rigurosa, universal y de país para resolver la actual emergencia sanitaria, solo la sanidad pública resuelve la papeleta», afirma Antoni Barberà, portavoz de la Marea Blanca en Cataluña, quien reivindica «el derecho a la salud y, por lo tanto, el derecho a la vida como un derecho de entidad democrática y moral superior al derecho de propiedad privada». «Esta crisis sanitaria, de hecho, ha evidenciado de manera contundente la ineficacia de los sistemas privados con el ejemplo paradigmático de los Estados Unidos», apunta el activista médico.

En la potencia norteamericana, de hecho, cada persona contagiada de coronavirus tiene que desembolsar entre 20.000 y 35.000 dólares para recibir asistencia hospitalaria. «Si comparamos nuestro modelo público y universal con el sistema fetiche de la sanidad privada, podemos ver rápidamente las diferencias», resalta Justo Herrera, profesor de Organización de Empresas en la Universitat de València y exdirector general de Recursos Humanos de la conselleria de Sanitat y antiguo subsecretario del Ministerio de Sanidad, ambas veces con la socialista Carmen Montón como responsable. «El modelo americano, basado en seguros privados, impide la gestión coordinada y la detección temprana de los casos, según los mismos epidemiólogos norteamericanos. No en vano, hay casi 30 millones de personas sin seguro médico o que cuenta con seguros que implican copagos por consultas y tratamientos. En los Estados Unidos, por lo tanto, morirán más personas a raíz de no tener dinero para recibir atención médica, así como el control del contagio será casi imposible con un volumen tan importante de personas moviéndose al margen del sistema sanitario», advierte.

Como miembro del equipo que permitió la reversión del hospital de gestión privada de Alzira (Ribera Alta), asegura: «Estoy totalmente convencido de que la única manera de defender el derecho a la salud, reconocido al artículo 43 de la Constitución, es una gestión de la sanidad 100% pública de verdad». Y explica: «Esto significa que no solo tiene que ser financiada con dinero público, sino gestionada al 100% por la administración pública. Comparto la opinión de la exministra y ex consejera Montón, quien plantea calificar el derecho a la salud como fundamental en la Constitución, y no solo como derecho social, en el momento que se produzca una reforma constitucional». «Sería la prueba del algodón para determinar aquellos que elogian hoy la sanidad pública de manera honesta y aquellos que lo hacen de manera mezquina», afirma.

«La sanidad tiene que ser 100% pública y universal, es decir, no tiene que excluir a nadie», coincide Pamela Pereyra, profesora de Salud Pública e investigadora en Desigualdades de la Salud en la Universitat d’Alacant. «Existe suficiente evidencia que aquellos países con una mayor inversión en sanidad pública obtienen mejores resultados en salud, como por ejemplo una mayor esperanza de vida. También reducen las muertes evitables», razona. Y propone: «Se tiene que blindar mediante las leyes una sanidad pública universal, de gestión 100% pública. Esto supone, por ejemplo, derogar normativas estatales como por ejemplo la Ley 15/97, que ha permitido la privatización generalizada. O evitar que vuelva a haber leyes como por ejemplo el decreto RD16/2012, que retiraba la universalidad de la sanidad y provocaba la exclusión sanitaria de colectivos vulnerables, así como introdujo los copagos farmacéuticos para jubilados».

Parasitación privada

La sanidad pública española con cobertura universal nació en 1986. Impulsada por el Gobierno español del PSOE, presidido por Felipe González, fue, según reivindica Herrera, «una de las grandes aportaciones a nuestro marco de derechos y libertades». Esta ley, sin embargo, nació en un contexto ideológico adverso. «Fue la última normativa de sanidad con un carácter reformista y asociada al Estado del Bienestar que se impulsó en Europa», narra Joan Benach, director del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud de la Universitat Pompeu Fabra. «En la década de los 70 y los 80, el poder económico observa como su tasa de ganancia ha experimentado una parada y, por lo tanto, se buscan nuevos mercados para obtener beneficios. Bajo la coartada ideológica del neoliberalismo, las empresas privadas se adentrarán en la sanidad pública española», expone Àngels Martínez Castells, economista con investigaciones en el ámbito sanitario.

«Catalunya fue uno de los territorios en los cuales se produjo un desarrollo precoz de estos procesos de mercantilización de la sanidad», sigue Benach. «Desde hacía muchas décadas, había una concepción privada de la sanidad, en la cual las fundaciones privadas, eclesiásticas y el mundo empresarial tuvieron mucho espacio», expone. La ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña aprobada en 1990 recogió este espíritu, así como supuso una primera experiencia en la introducción de la iniciativa privada en la sanidad pública. «En 1991, de hecho, se produce el primer intento estructurado para avanzar en la privatización y mercantilización de la salud a través del conocido Informe Abril [en referencia al exministro franquista Fernando Abril Martorell, quién presidió la comisión parlamentaria de la cual surgió el documento]», señala.

Aquel informe, según relata el investigador, «si bien no prosperó, se trató del primer intento formal de extender ideas de tipo mercantil en la sanidad que progresivamente se irían extendiendo cómo si de una infección se tratara». O dicho de otro modo: construyó los cimientos para la ley estatal de 1997, que permitía la entrada del sector privado en la sanidad pública. Aprobada por el ejecutivo español del PP, encabezado entonces por el conservador José María Aznar, aportó el marco legislativo idóneo para el Consell del popular y actualmente imputado en la Operación Erial, Eduardo Zaplana, quién convirtió el País Valenciano en el laboratorio de la privatización de la gestión sanitaria en el Estado español. La Comunidad de Madrid, con la neoliberal Esperanza Aguirre al frente, siguió los pasos de su correligionario valenciano.

Al resguardo del paraguas de la denominada colaboración pública-privada, los diferentes ejecutivos valencianos del PP externalizaron varios servicios como por ejemplo las resonancias magnéticas, las listas de espera, la hemodiálisis o el transporte ambulatorio. «Formaba parte de la estrategia de abrir nuevos nichos de mercado dentro de la sanidad pública», indica Martínez Castells, quien agrega: «La estrategia de mercantilización de la sanidad funcionó gracias a la creencia de la ineficacia del sector público y la eficiencia más grande del sector privado. Esta afirmación, sin embargo, es falsa. En Inglaterra, por ejemplo, se elaboró un estudio en el cual se apuntaba que la gestión privada tenía un coste de entre un 7% y un 11% superior a la gestión pública».

El sobrecoste de la gestión privada respecto de la pública, tal como ha explicado este semanario, también se ha dado en el modelo concesional valenciano. Según apuntaba un estudio de la Fundación BBVA publicado en 2013, «no existe evidencia de que las fórmulas de concesión administrativa sanitaria, aporten ventajas en términos de una gestión más eficiente de los servicios y unos menores costes de prestación para un mismo nivel de calidad». «Los datos que se conocen de la experiencia pionera, posteriormente replicada en la misma Comunidad Valenciana y, más recientemente, en la Comunidad de Madrid, distan mucho de aportar conclusiones positivas», sentencian.

Los investigadores de la fundación de la entidad bancaria citaban, además, otro análisis del Modelo Alzira, del cual se extraía «una conclusión demoledora: el proyecto original nunca habría sido viable de no ser por la renegociación del contrato de concesión (el rescate) que supuso un coste elevado para la administración pública». «A raíz de las cifras, [los autores] afirman que en ningún caso fue un éxito financiero, así como su análisis demuestra la existencia de mayores costes y de prácticas de gestión burocrática no visibles», añaden. Una ineficacia, que según la obra La batalla por la sanidad valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019) del periodista Sergi Castillo, se trasladó a servicios como por ejemplo el plan de choque contra las listas de espera o a los tratamientos oncológicos. En ambos casos, la privatización representaba un sobrecoste respecto de la gestión directa.

«El modelo bautizado como colaboración pública-privada es un ejercicio de gorronería de la sanidad pública y de sus recursos económicos por parte de la sanidad privada. Al mismo tiempo que se infrafinancian servicios y faltan dotaciones de recursos para la sanidad pública, se está concertando con la sanidad privada, como, por ejemplo, con planes de choque quirúrgicos, realización de pruebas diagnósticas, tratamientos de radioterapia o diálisis», analizado Pereyra. «[La colaboración pública-privada] no es más que una trampa que permite desviar dinero público a empresas privadas bajo el lema que el sector público no funciona. A raíz del Covid-19, estamos viendo que el sistema público no solo funciona de manera eficiente, sino que es la única vía para proteger a toda la población sin ningún criterio de exclusión», sostiene.

Como ejemplo de la ineficiencia de la gestión privada, el especialista en Desigualdades de la Salud y Salud Pública de la Universitat d’Alacant cita el sobrecoste detectado a las resonancias magnéticas. «Hay un informe de la Sindicatura de Cuentas que concluye que la privatización de las resonancias magnéticas es más cara para las arcas públicas que prestar el servicio de manera directa. El ahorro potencial anual, según el órgano auditor, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros, un ahorro nada despreciable que se podría utilizar para acortar las listas de espera», anota. E insiste: «La externalización de los servicios de salud, sea resonancias, hemodiálisis o de cualquier otro tipo, no es más que un mecanismo de extracción de recursos públicos hacia beneficios privados». «También hay evidencias que los servicios privatizados tienen menos recursos asistenciales, menos personal y obtienen peores resultados de salud», subraya.

A los sobrecostes y unos indicadores sanitarios deficientes, se añaden otros posibles factores negativos. «Las externalizaciones comportan, además, riesgos de ruptura de servicio por problemas laborales que, a veces, no dependen directamente de la administración, así como incorporan el mismo riesgo del mercado, es decir, que la empresa contratista quiebre o que se realizan cambios accionariales que repercutan en el desarrollo del contrato», complementa Herrera, quien menciona también un problema de fiscalización del concesionario: «En la Comunidad Valenciana, se produce una paradoja: una empresa, que genera prácticamente el 100% de sus ingresos a través de contratos públicos de concesión administrativa, no rinde cuentas a la ciudadanía sobre donde acaba este dinero». Y preconiza: «El modelo de privatización de la sanidad es incompatible con los principios de igualdad de derechos y universalidad. Creo que es el momento de cerrar el experimento fallido de la gestión privada de la sanidad pública».

«Hay que internalizar los servicios privatizados», concuerda Muntaner, quien denuncia que con las denominadas colaboraciones público-privadas «la frontera entre público y privado queda oscurecida por la preferencia de la opción privada». «En Cataluña, el sistema sanitario público se ha privatizado despacio mediante externalizaciones innecesarias. El contribuyente ha estado financiando negocios grandes y pequeños que debilitan el sistema sanitario y empobrecen a las trabajadoras a través de contratos precarios», argumenta. Desde la Marea Blanca catalana comparten el propósito de revertir las privatizaciones: «No toleraremos que se extraiga ni un euro más de la sanidad pública hacia las compañías privadas». «Si bien defendemos un modelo de sanidad 100% pública, nuestro objetivo más pragmático es trazar una línea divisoria entre la sanidad pública y las clínicas privadas. Toda la red pública se tiene que gestionar desde la administración pública», solicita Barberà.

Degradación pública, beneficio privado

A pesar de la defensa más urgente de internalizar los servicios médicos privatizados durante las últimas décadas, la plataforma sanitaria advierte que la vigencia de una doble red pública y privada en la provisión de la sanidad «comporta desigualdades». «La existencia de una doble red de asistencia sanitaria refleja el interés de las compañías sanitarias para garantizar su tasa de beneficio mediante la mercantilización de la salud. Los recortes que ha experimentado la sanidad pública tienen múltiples consecuencias, entre ellas la falta de contratación de personal sanitario que comporta el aumento en las listas de espera. Esto empuja a una parte de la población a contratar seguros privados. Es un negocio redondo», indica Pereyra. «La degradación de la sanidad pública siempre beneficia a la sanidad privada», remacha Barberà.

«Según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud (2017), solo un 15% de la población tiene una cobertura sanitaria mixta. A pesar de que una parte de la población cuenta con una doble cobertura, cuando sufre alguna patología grave siempre acuden a la pública. Es decir, el sistema privado se utiliza principalmente para evitar las listas de espera en la atención especializada de la asistencia pública y no porque sea una mejor atención, más eficiente o con mejores resultados», ilustra Pereyra. «Los seguros privados solo tienen clientes sanos. Cuando alguna persona tiene una patología grave, la derivan a la pública», apuntala Martínez Castells.

La crisis sanitaria por el coronavirus ha sido, precisamente, un ejemplo de todo. Las clínicas privadas han cobrado 800 euros -según publicó Voz Pópuli- por pruebas diagnósticas sobre el Covid-19, han derivado pacientes infectados a la pública y han presentado Expedientes de Regulación Temporal de Ocupación (ERTE) en plena pandemia, así como hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid han intentado aplicar un copago a los enfermos crónicos por el envío de sus medicamentos, tal como desveló eldiario.es. En un momento en el cual hay una carencia de capacidad para realizar los tests necesarios, Analiza, la empresa responsable del laboratorio del hospital privatizado de Dénia (Marina Alta), presentó un ERTE. La denuncia de Intersindical Valenciana lo paró.

«Mientras el sistema público se dejaba la piel al intentar salvar vidas, los profesionales sanitarios a través, por ejemplo, de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid clamaban contra la sanidad privada por ponerse de perfil», resalta Herrera. «La existencia de una doble red de asistencia sanitaria es una continua fuente de desigualdad y de sobrecostes para la sanidad pública. Incluso, en el caso de las clínicas de estéticas. A menudo las deficiencias por sus operaciones tiene que corregirlas el sistema sanitario público», incorpora Martínez Castells. Y cierra: «La sanidad, tal como ha demostrado con más clarividencia la crisis del coronavirus, tiene que ser 100% pública».

 


 

Sanitat 100% pública, la recepta de la Covid-19

La pandèmia del coronavirus ha estressat fins al límit el sistema sanitari espanyol. Mentre la xarxa pública ha donat cobertura mèdica als infectats, les clíniques privades han derivat pacients als hospitals públics i han cobrat per la realització de proves diagnòstiques per detectar positius. Fins i tot, centres hospitalaris privatitzats de la Comunitat de Madrid han intentat cobrar l’enviament de medicaments a pacients crònics. Arran de la diferent resposta de la sanitat pública i la privada enfront de l’emergència actual, EL TEMPS analitza amb experts i plataformes mèdiques la conveniència d’avançar cap a una sanitat 100% pública.

Els aplaudiments de les vuit de la vesprada s’han convertit en una cita ineludible per a la majoria de la població. Enmig d’una pandèmia que compta malauradament cada dia centenars de morts, la música i les palmes són l’agraïment emocionat dels ciutadans cap al treball dels professionals sanitaris, així com una exaltació directa o indirecta -depenent dels casos- de l’única xarxa de seguretat mèdica quan venen mal dades: la sanitat pública. Tota una vacuna, encara que possiblement temporal, per mitigar les temptacions d’aplicar les tisores al sistema mèdic i d’entregar més parcel·les a les corporacions i assegurances privades.

Al consens aparent que s’ha establert per reforçar la sanitat pública, amb propostes per blindar aquest dret constitucionalment per part de Compromís, s’han sumat altres veus que han advocat per excloure els interessos privats de la salut. Fins i tot, des de l’àmbit liberal. «Aquesta pandèmia ens ha revelat que la sanitat gratuïta, sense condicions d’ingressos, de professió, el nostre estat del benestar, no són costos o càrregues, sinó béns preciosos, uns avantatges indispensables (…) i que aquest tipus de béns i serveis han d’estar fóra de les lleis del mercat», va expressar el president de França, Emmanuel Macron, en una de les seues al·locucions televisives amb motiu de l‘emergència sanitària de la Covid-19.

Un plantejament d’abast profund que recordava la fugaç crida de l’expresident francès, Nicolás Sarkozy, per «refundar el capitalisme» durant la convulsió financera global del 2008. «Les crisis sistèmiques, com l’actual amb la Covid-19, permeten l’adopció de canvis profunds, tal com va ocórrer després de la II Guerra Mundial amb la consolidació dels estats del benestar. Amb la pandèmia del coronavirus, fins i tot un neoliberal com ara Macron, s’ha adonat de la necessitat d’un estat del benestar ben finançat i intocable en aspectes com ara la salut», exposa Carles Muntaner, catedràtic de Salut Pública, Infermeria i Psiquiatria de la Universitat de Toronto, al Canadà. «Això implica gaudir d’una sanitat 100% pública en finançament, gestió i provisió», puntualitza.

«Quan venen mal dades i ens cal una resposta rigorosa, universal i de país per resoldre l’actual emergència sanitària, només la sanitat pública resol la papereta», afirma Antoni Barberà, portaveu de la Marea Blanca a Catalunya, qui reivindica «el dret a la salut i, per tant, el dret a la vida com a un dret d’entitat democràtica i moral superior respecte del dret de propietat privada». «Aquesta crisi sanitària, de fet, ha evidenciat de manera contundent la ineficàcia dels sistemes privats amb l’exemple paradigmàtic dels Estats Units», anota l’activista mèdic.

A la potència nord-americana, de fet, cada persona contagiada de coronavirus ha de desemborsar entre 20.000 i 35.000 dòlars per rebre assistència hospitalària. «Si comparem el nostre model públic i universal amb el sistema fetitxe de la sanitat privada, podem veure ràpidament les diferències», ressalta Justo Herrera, professor d’Organització d’Empreses a la Universitat de València i exdirector general de Recursos Humans de la conselleria de Sanitat i antic sotssecretari del Ministeri de Sanitat, ambdues vegades amb la socialista Carmen Montón com a responsable. «El model americà, basat en assegurances privades, impedeix la gestió coordinada i la detecció primerenca dels casos, segons els mateixos epidemiòlegs nord-americans. No debades, hi ha gairebé 30 milions de persones sense assegurança mèdica o que comptem amb assegurances que impliquen copagaments per consultes i tractaments. Als Estats Units, per tant, moriran més persones arran de no tenir diners per rebre atenció mèdica, així com el control del contagi serà gairebé impossible amb un volum tan important de persones movent-se al marge del sistema sanitari», adverteix.

 

La Covid-19 ha evidenciat amb més força, segons els experts, la manca d’eficiència i equitat del sistema sanitari nord-americà, baluard de la sanitat privada| Europa Press

 

Com a membre de l’equip que va permetre la reversió de l’hospital de gestió privada d’Alzira (Ribera Alta), assegura: «Estic totalment convençut que l’única manera de defensar el dret a la salut, reconegut a l’article 43 de la Constitució, és una gestió de la sanitat 100% pública de debò». I explica: «Això significa que no només ha de ser finançada amb diners públics, sinó gestionada al 100% per l’administració pública. Compartisc l’opinió de l’exministra i exconsellera Montón, qui planteja qualificar el dret a la salut com a fonamental a la Constitució, i no només com a dret social, en el moment que es produïsca una reforma constitucional». «Seria la prova del cotó per a determinar aquells que elogien hui la sanitat pública de manera honesta i aquells que ho fan de manera mesquina», afirma.

«La sanitat ha de ser 100% pública i universal, és a dir, no ha d’excloure a ningú», coincideix Pamela Pereyra, professora de Salut Pública i investigadora en Desigualtats de la Salut a la Universitat d’Alacant. «Existeix suficient evidència que aquells països amb una major inversió en sanitat pública obtenen millors resultats en salut, com ara una major esperança de vida. També redueixen les morts evitables», raona. I proposa: «S’ha de blindar mitjançant les lleis una sanitat pública universal, de gestió 100% pública. Això suposa, per exemple, derogar normatives estatals com ara la Llei 15/97, la qual ha permès la privatització generalitzada. O evitar que torne a haver-hi lleis com ara el decret RD16/2012, que retirava la universalitat de la sanitat i provocava l’exclusió sanitària de col·lectius vulnerables, així com va introduir els copagaments farmacèutics per a jubilats».

 

Parasitació privada

La sanitat pública espanyola amb cobertura universal va néixer l’any 1986. Impulsada pel Govern espanyol del PSOE, el qual estava presidit per Felipe González, fou, segons reivindica Herrera, «una de les grans aportacions al nostre marc de drets i llibertats». Aquesta llei, però, va néixer en un context ideològic advers. «Fou la darrera normativa de sanitat amb un caràcter reformista i associada a l’Estat del Benestar que va impulsar-se a Europa», narra Joan Benach, director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut de la Universitat Pompeu Fabra. «En la dècada dels 70 i els 80, el poder econòmic observa com la seua taxa de guany ha experimentat una aturada i, per tant, es busquen nous mercats per obtenir beneficis. Sota la coartada ideològica del neoliberalisme, les empreses privades s’endinsaran en la sanitat pública espanyola», exposa Àngels Martínez Castells, economista amb investigacions a l’àmbit sanitari.

«Catalunya fou un dels territoris en els quals es va produir un desenvolupament precoç d’aquests processos de mercantilització de la sanitat», segueix Benach. «Des de feia moltes dècades, hi havia una concepció privada de la sanitat, en la qual les fundacions privades, eclesiàstiques i el món empresarial van tenir molt d’espai», exposa. La llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya aprovada l’any 1990 va recollir aquest esperit, així com va suposar una primera experiència en la introducció de la iniciativa privada en la sanitat pública. «En 1991, de fet, es produeix el primer intent estructurat per avançar en la privatització i mercantilització de la salut a través del conegut Informe Abril [en referència a l’exministre franquista Fernando Abril Martorell, qui va presidir la comissió parlamentària de la qual va sorgir el document]», assenyala.

Aquell informe, segons relata l’investigador, «si bé no va prosperar, es va tractar del primer intent formal d’estendre idees de tipus mercantil en la sanitat que progressivament s’anirien estenent com si d’una infecció es tractés». O dit d’una altra manera: va construir els fonaments per a la llei estatal de 1997, la qual permetia l’entrada del sector privat a la sanitat pública. Aprovada per l’executiu espanyol del PP, encapçalat aleshores pel conservador José María Aznar, va aportar el marc legislatiu idoni per al Consell del popular i actualment imputat a l’Operació ErialEduardo Zaplana, qui va convertir el País Valencià en el laboratori de la privatització de la gestió sanitària a l’Estat espanyol. La Comunitat de Madrid, amb la neoliberal Esperanza Aguirre al capdavant, va seguir els passos del seu correligionari valencià.

Al caliu del paraigua de la denominada col·laboració pública-privada, els diferents executius valencians del PP van externalitzar diversos serveis com ara les ressonàncies magnètiques, les llistes d’espera, l’hemodiàlisi o el transport ambulatori. «Formava part de l’estratègia d’obrir nous nínxols de mercat dintre de la sanitat pública», indica Martínez Castells, qui agrega: «L’estratègia de mercantilització de la sanitat va funcionar gràcies a la creença de la ineficàcia del sector públic i l’eficiència més gran del sector privat. Aquesta afirmació, però, és falsa. A Anglaterra, per exemple, va elaborar-se un estudi en el qual s’apuntava que la gestió privada tenia un cost d’entre un 7% i un 11% superior a la gestió pública».

El sobrecost de la gestió privada respecte de la pública, tal com ha explicat aquest setmanari, també s’ha donat al model concessional valencià. Segons apuntava un estudi de la Fundació BBVA publicat l’any 2013, «no existeix evidència que les fórmules de concessió administrativa sanitària, aporten avantatges en termes d’una gestió més eficient dels serveis i uns menors costos de prestació per a un mateix nivell de qualitat». «Les dades que es coneixen de l’experiència pionera, posteriorment replicada en la mateixa Comunitat Valenciana i, més recentment, en la Comunitat de Madrid, disten molt d’aportar conclusions positives», sentencien.

 

Les diverses auditories realitzades han demostrat el sobrecost del sistema concertat de la sanitat valenciana. A la imatge, l’Hospital de Manises, propietat de Sanitas| Europa Press

 

Els investigadors de la fundació de l’entitat bancària citaven, a més, una altra anàlisi del Model Alzira, del qual s’extreia «una conclusió demolidora: el projecte original mai hauria sigut viable de no ser per la renegociació del contracte de concessió (el rescat) que va suposar un cost elevat per a l’administració pública». «Arran de les xifres, [els autors] afirmen que en cap cas fou un èxit financer, així com la seua anàlisi demostra l’existència de majors costos i de pràctiques de gestió burocràtica no visibles», afegeixen. Una ineficàcia, que segons l’obra La batalla per la sanitat valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019) del periodista Sergi Castillo, va traslladar-se a serveis com ara el pla de xoc contra les llistes d’espera o als tractaments oncològics. En ambdós casos, la privatització representava un sobrecost respecte de la gestió directa.

«El model batejat com a col·laboració pública-privada és un exercici de parasitisme de la sanitat pública i dels seus recursos econòmics per part de la sanitat privada. Al mateix temps que s’infrafinancen serveis i manquen dotacions de recursos per a la sanitat pública, s’està concertant amb la sanitat privada, com, per exemple, amb plans de xoc quirúrgics, realització de proves diagnòstiques, tractaments de radioteràpia o diàlisi», analitzat Pereyra. «[La col·laboració pública-privada] no és més que un parany que permet desviar diners públics a empreses privades sota el lema que el sector públic no funciona. Arran de la Covid-19, estem veient que el sistema públic no només funciona de manera eficient, sinó que és l’única via per a protegir a tota la població sense cap criteri d’exclusió», sosté.

Com a exemple de la ineficiència de la gestió privada, l’especialista en Desigualtats de la Salut i Salut Pública de la Universitat d’Alacant cita el sobrecost detectat a les ressonàncies magnètiques. «Hi ha un informe de la Sindicatura de Comptes que conclou que la privatització de les ressonàncies magnètiques és més cara per a les arques públiques que comptar prestar-ho de manera directa. L’estalvi potencial anual, segons l’òrgan auditor, oscil·laria entre 3,3 i 16,7 milions d’euros, un estalvi gens menyspreable que es podria utilitzar per escurçar les llistes d’espera», anota. I insisteix: «L’externalització dels serveis de salut, siga ressonàncies, hemodiàlisi o de qualsevol altre tipus, no és més que un mecanisme d’extracció de recursos públics cap a beneficis privats». «També hi ha evidències que els serveis privatitzats tenen menys recursos assistencials, menys personal i obtenen pitjors resultats de salut», subratlla.

Als sobrecostos i uns indicadors sanitaris deficients, s’afegeixen altres possibles factors negatius. «Les externalitzacions comporten, a més, riscs de ruptura de servei per problemes laborals que, de vegades, no depenen directament de l’administració, així com incorporen el mateix risc del mercat, és a dir, que l’empresa contractista faça fallida o que es realitzen canvis accionarials que repercutisquen en l’acompliment del contracte», complementa Herrera, qui esmenta també un problema de fiscalització del concessionari: «A la Comunitat Valenciana, s’hi produeix una paradoxa: una empresa, la qual genera pràcticament el 100% dels seus ingressos a través de contractes públics de concessió administrativa, no rendeix comptes a la ciutadania sobre on acaba aquests diners». I preconitza: «El model de privatització de la sanitat és incompatible amb els principis d’igualtat de drets i universalitat. Crec que és el moment de tancar l’experiment fallit de la gestió privada de la sanitat pública».

«Cal internalitzar els serveis privatitzats», concorda Muntaner, qui denuncia que amb les denominades col·laboracions públiques-privades «la frontera entre públic i privat queda enfosquida per la preferència de l’opció privada». «A Catalunya, el sistema sanitari públic s’ha privatitzat a poc a poc mitjançant externalitzacions innecessàries. El contribuent ha estat finançant negocis grans i petits que debiliten el sistema sanitari i empobreixen les treballadores a través de contractes precaris», argumenta. Des de la Marea Blanca catalana comparteixen el propòsit de revertir les privatitzacions: «No tolerem que s’extragui un ral més de la sanitat pública cap a les companyies privades». «Si bé defensem un model de sanitat 100% pública, el nostre objectiu més pragmàtic és traçar una línia divisòria entre la sanitat pública i les clíniques privades. Tota la xarxa pública s’ha de gestionar des de l’administració pública», sol·licita Barberà.

 

Degradació pública, benefici privat

Malgrat la defensa més urgent d’internalitzar els serveis mèdics privatitzats durant les darreres dècades, la plataforma sanitària adverteix que la vigència d’una doble xarxa pública i privada en la provisió de la sanitat «comporta desigualtats». «L’existència d’una doble xarxa d’assistència sanitària reflecteix l’interès de les companyies sanitàries per garantir la seua taxa de benefici mitjançant la mercantilització de la salut. Les retallades que ha experimentat la sanitat pública tenen múltiples conseqüències, entre elles la falta de contractació de personal sanitari que comporta l’augment en les llistes d’espera. Això empeny a una part de la població a contractar assegurances privades. És un negoci rodó», indica Pereyra. «La degradació de la sanitat pública sempre beneficia la sanitat privada», rebla Barberà.

 

Clíniques privades, com ara Ruber Internacional, han estat a l’ull de l’huracà mediàtic pels preus dels tests de cornavirus| Europa Press

 

«Segons les dades de l’última Enquesta Nacional de Salut (2017), només un 15% de la població té una cobertura sanitària mixta. Tot i que una part de la població compta amb una doble cobertura, quan pateixen alguna patologia greu sempre acudeixen a la pública. És a dir, el sistema privat s’utilitza principalment per a evitar les llistes d’espera en l’atenció especialitzada de l’assistència pública i no perquè és una millor atenció, més eficient o amb millors resultats», il·lustra Pereyra. «Els segurs privats només tenen clients sans. Quan alguna persona té una patologia greu, la deriven a la pública», apuntala Martínez Castells.

La crisi sanitària pel coronavirus ha sigut, precisament, un exemple de tot plegat. Les clíniques privades han cobrat 800 euros -segons va publicar Voz Pópuli- per proves diagnòstiques sobre la Covid-19, han derivat pacients infectats a la pública i han presentat Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) en plena pandèmia, així com hospitals privatitzats de la Comunitat de Madrid han intentat aplicar un copagament als malalts crònics per l’enviament dels seus medicaments, tal com va desvelar eldiario.es. En un moment en el qual hi ha una manca de capacitat per realitzar els tests necessaris, Analiza, l’empresa responsable del laboratori de l’hospital privatitzat de Dénia (Marina Alta), va presentar un ERTO. La denúncia d’Intersindical Valenciana va aturar-lo.

«Mentre el sistema públic es deixava la pell en intentar salvar vides, els professionals sanitaris a través, per exemple, de l’Associació de Facultatius Especialistes de Madrid clamaven contra la sanitat privada per posar-se de perfil», ressalta Herrera. «L’existència d’una doble xarxa d’assistència sanitària és una contínua font de desigualtat i de sobrecostos per a la sanitat pública. Fins i tot, en el cas de les clíniques d’estètiques. Sovint les deficiències per les seues operacions ha de corregir-les el sistema sanitari públic», incorpora Martínez Castells. I tanca: «La sanitat, tal com ha demostrat amb més clarividència la crisi del coronavirus, ha de ser 100% pública».

 

El Temps

 

 

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS