Sahara Occidental: Campaña para la liberación del Grupo de Gdeim Izik y todas las y los presos políticos saharauis

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Llamamiento URGENTE para la liberación del Grupo de Gdeim Izik y todas las y los presos políticos saharauis.
⁠⁠⁠Comunicado de la Asociación de Familiares de Pres@s y Desaparecid@s Saharauis (Afapradesa)

Gracias a la presión internacional, que reclamaba por la liberación de los prisioneros políticos saharauis encarcelados arbitrariamente hace más de seis años en la cárcel de Sale en la capital del reino alauita, la monarquía marroquí ha decidido enjuiciar a 24 saharauis del Grupo de Gdeim Izik por un tribunal civil, el próximo 26 de diciembre de 2016, en Rabat, capital del reino.

Conocidos activistas de derechos humanos son hoy encarcelados, torturados y brutalmente violados sus derechos. El reclamo internacional por la liberación de todos los presos políticos saharauis, tiene que ver también con las terribles condenas que el reino alauita impone, algunas de ellas llegan hasta cadena perpetua.

Nuevamente este juicio deja ver lo ilegal de la decisión que el gobierno marroquí impone, ya que no responde a derecho, porque incumple con el convenio de Ginebra ratificado por el estado marroquí. La injusticia sufrida durante más de 6 años, que solo encontró violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque al igual que el anterior juicio militar, entendemos que estará plagado de irregularidades y de falta de las garantías procesales elementales.

Frente a este nuevo simulacro, lanzamos un llamamiento URGENTE para que sean liberados los presos políticos saharauis aún en detención arbitraria desde su secuestro en relación con el brutal y salvaje desmantelamiento el 8 de noviembre de 2010 del campamento de Gdeim Izik.

El campamento que llegó a tener 7.000 jaimas –carpas saharauis– con una población de alrededor de 25.000 personas, se estableció a las afueras de El Aaiún, a 15 kilómetros de la capital del Sahara Occidental ocupada; por la monarquía de Marruecos, para reclamar de una forma pacífica y civilizada sus derechos sociales y políticos.

En la misma protesta se denunciaba las Violaciones de Derechos Humanos que se comenten en el territorio ocupado por el reino alauita, contra la población saharaui. Recordemos que el Sahara Occidental es un territorio pendiente de descolonización, que España sigue siendo la potencia administradora.

Exigimos la liberación inmediata e incondicional de este grupo como todos los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. Llamamos a la presencia masiva de observadores internacionales en este juicio ilegal marroquí contra los activistas y defensores de derechos humanos del Grupo de Gdeim Izik. Solicitamos la intervención de la ONU, la UA (Unión Africana), de la UE (Unión Europea), de los partidos políticos así como de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en general, para la liberación de todos los presos políticos saharauis así como acciones de apoyo y de solidaridad con los mismos.

Solicitamos al Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU, para que encarguen de forma inmediata la Misión de las Naciones Unidas (MINURSO) de proteger y garantizar los Derechos Humanos para los habitantes saharauis, abriendo el territorio, que se encuentra oficialmente bajo supervisión de la ONU a los observadores internacionales y a la prensa independiente, y la obligación de defender los derechos civiles, políticos y económicos de la población, y organizar el Referéndum de Autodeterminación, que es la razón de la creación de la MINURSO en el Sahara Occidental desde 1991.

Pedimos al Gobierno de la nación Argentina persuadir a la monarquía de Marruecos a que cumpla con el compromiso y que coopere con honestidad en la misión de la MINURSO (integrada también por oficiales argentinos), para contribuir en la consolidación de un clima de estabilidad, seguridad y convivencia pacífica, por el bien de todos los pueblos del Magreb, ya que la persistencia del conflicto prolonga una situación de injusticia para el pueblo saharaui y el pueblo marroquí, y amenaza altamente la paz y a la seguridad de esta zona del Mundo.

Desde 2013 hasta la fecha, 15 detenidos saharauis fallecieron a causa de la tortura y malos tratos o la falta de asistencia médica.

– Todos los presos políticos sufrieron tortura y malos tratos y fueron obligados a firmar falsas declaraciones, inclusive destacados defensores de derechos humanos conocidos mundialmente por su activismo pacifico. Llama la atención muy particularmente el caso emblemático de los 21 civiles del Grupo de Gdeim Izik condenados por un tribunal militar, en violación flagrante de los convenios internacionales y la propia legislación marroquí. Estos presos políticos se encuentran en una grave situación después de su traslado arbitraria a la cárcel de Aarajate.

– Se han registrado más de 160 casos de tortura y malos tratos durante las manifestaciones en lo que va de año.

Marruecos aún mantiene en silencio el paradero de los más de 400 casos de desaparecidos saharauis, pese haber reconocido su implicación en su asesinato en diciembre de 2010.

Marruecos continúa prohibiendo la existencia oficial de las organizaciones saharauis de derechos humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, lo que supone una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Marruecos impide la entrada libre a los territorios ocupados de los observadores y la prensa internacional para impedir así que den su testimonio de la gravedad de la situación que padece el pueblo saharaui allí residente. En los que va de este año, más de 180 observadores internacionales fueron expulsados del Sáhara Occidental.

Marruecos mantiene y refuerza el muro de ocupación que separa las zonas ocupadas de los territorios liberados de la RASD que constituye un crimen contra la humanidad por atentar contra la vida de cientos de saharauis civiles.

Marruecos es culpable de la muerte de decenas de saharauis asesinados durante las manifestaciones pacíficas.

En el Sahara Occidental, desde el 31 de octubre de 1975, hasta hoy día, más de 4500 personas han conocido la desaparición forzada entre las cuales seguimos sin saber el paradero de más de 400 personas. Este crimen de lesa humanidad afecta directamente a más de 10 000 familiares directos y población saharaui en su conjunto. A ello, se debe añadir el caso de la desaparición del Líder Sidi Mohamed Basiri, secuestrado el 18 de junio de 1970, por las autoridades españolas.

Fruto de la presión internacional, el estado marroquí se ha visto obligado a reconocer en 2010, la muerte de 207 personas, en centros secretos, incluidos 14 niños y 22 mujeres, y otros 144 militares, a lo que se añade un centenar de otras personas siguen consideradas por las organizaciones como desaparecidas. Cabe mencionar que todos los casos de desapariciones forzadas ocurrieron en los centros clandestinos de detención y que las autoridades de ocupación siguen obstaculizando facilitar el proceso de búsqueda reclamado por los familiares de las víctimas. Durante tres décadas, las autoridades marroquíes negaron la existencia de los desaparecidos y continúan intentando distorsionar la verdad y falsificar los hechos, lo que se podido demostrar en numerosas ocasiones, sobre todo con el descubrimiento de dos fosas comunes Fadret Leguiaa, cerca de la ciudad ocupada de Amgala[3] .

“La problemática de las personas desaparecidas durante el conflicto armado y la violencia contra la población civil saharaui, sigue presente en las vidas de sus familias, dada la incertidumbre sobre su destino y la herida permanentemente abierta con la que viven. La negación a proporcionar información relevante y veraz sobre su destino es parte del maltrato y atentado a su integridad psicológica considerándose por parte de tribunales internacionales como una forma de tortura[4].

Hay que tener en cuenta que la práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada se califica de crimen de lesa humanidad[5]. Desde el punto de vista jurídico la desaparición forzada tiene el carácter de delito permanente hasta que no se investiguen los hechos, se realicen en su caso exhumaciones y procesos de búsqueda efectiva, y se devuelvan los restos a los familiares para poder cumplir con sus demandas, atendiendo a sus derechos, especialmente a la verdad y el duelo, además de la justicia y reparación. Además, la desaparición forzada es una violación múltiple de varios derechos humanos[6] y “la prohibición de desapariciones forzadas y el correlativo deber de investigarlas y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus cogens”[7].

A pesar de que los Reinos de Marruecos y de España, hayan firmado y ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, siguen incumpliendo sus obligaciones en cuando al caso de los saharauis.

En lo que afecta el procedimiento judicial abierto en España, el Reino de Marruecos debe velar para que se asegure el auxilio judicial solicitado por la Audiencia Nacional de España y que se cumpla con el principio de “extraditar o juzgar” previsto en la Convención. Ante esto, Marruecos debería responder positivamente al procesamiento de 11 altos mandos marroquíes por la juez Pablo Ruz en el auto del 9 de abril de 2015.

Las desapariciones forzadas, en el Sahara Occidental y en cualquier parte del mundo, deben ser investigadas al margen del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas. Tanto la Ley de Memoria Histórica, en España, como la Instancia Equidad y Reconciliación, en Marruecos, no han cumplido con las expectativas de los familiares en cuando a la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Estas dos iniciativas de los dos Estados responsables de las desapariciones forzadas en el Sahara Occidental ni siquiera han satisfecho el derecho a la verdad de las víctimas. Por ello, AFAPREDESA recomienda la creación de “una comisión de expertos internacionales independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones derechos humanos ocurridas en el pasado”. Dicha comisión debería ser avalada por España y Marruecos así como contar con la plena colaboración de ambos gobiernos y de buena fe para el cumplimiento de su cometido. Solamente de esta manera se pondrá fin al dolor de cientos de víctimas saharauis que esperan verdad, justicia y reparación.

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