Sabino Cuadra: “Existe un cordón umbilical que une el franquismo con el PP”

El diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, ha declarado que “no le sorprende” la negativa del Gobierno español a atender a la petición de la juez argentina, María Servini, de detener y extraditar a 19 altos cargos de la dictadura franquista. «Al fin y al cabo, ha señalado, son evidentes que existen unas claras vinculaciones, cordones umbilicales, genéticos, ideológicos y políticos entre el franquismo y la realidad actual que refleja el Partido Popular«.

A su juicio, es una vergüenza que desde el Gobierno no se atienda a las exigencias que se están planteando desde el Comité de Verdad y Reparación de la ONU en relación a la derogación de la Ley de amnistía de 1977.

No puede ser que en el Estado español, único caso en Europa, se esté dando el caso de que cientos de genocidas estén paseando tranquilamente por la calle sin que se les exija ningún tipo de responsabilidad”.

El pasado 4 de noviembre la oficina de la Interpol argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado «una comunicación muy urgente» a Madrid para avisarles de la orden de detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.

La orden de la Interpol procede al auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado. El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la Interpol, pero ha fallecido  recientemente, con lo que la acción penal contra él se extingue.

En aquella resolución de 286 hojas, Servini de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido. La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados «constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal», según informó Público.

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