Rozsá y las bombas

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No creo que los fantasmas se dediquen a enviar sobres-bomba y que sean ellos los autores de los atentados ocurridos el pasado 12 de agosto. No se trata de eso. La vinculación es evidente, si consideramos que la ola de violencia desatada el año pasado y estas muestras de que continúa la violencia, muestran la gravedad del tema. Rozsá y su gente no aparecieron en Santa Cruz de la noche a la mañana. Actuaron desde hace más de un año y, por lo que se ve, sus enlaces mantienen activo el aparato que construyeron.

Los explosivos que enviaron, por correo, a una empresa de ingenieros y al dirigente Fidel Surco son de uso militar y no se encuentran fácilmente, como ocurre con la dinamita. Se trata del explosivo plástico C4, moldeable para su colocación de la forma y volumen que se necesite. El dispositivo de ignición es sofisticado. Basta apreciar la manipulación que se hizo con ambos sobres. Aún no se sabe si fueron entregados por separado o juntos al correo ubicado en el barrio Miraflores de La Paz. De cualquier forma, los sobres fueron llevados hasta la oficina central en los viejos vehículos de ECOBOL; no hubo explosión, pese a que se los manejó para meterlos en una bolsa, la que se echó en el vehículo y, llegando a la central, se retiró sin ninguna prevención. Abierta la bolsa, se procedió a seleccionar los mismos y entregarlos al cartero que, a su vez, los contó y ordenó de acuerdo a su recorrido; tampoco explotaron los artefactos. El primero fue recibido por una funcionaria que comenzó a abrir y entró en sospechas; así fue cómo se alertó a bomberos. El jefe de esa repartición y un bombero experto en explosivos recogieron el sobre y, teniendo ya cuidado, sacaban el sobre fuera de la oficina para desactivarlo. Entonces estalló y causó heridas graves al menos en un caso. El segundo sobre llega a la oficina, sin mayor reparo, lo entregan a la esposa de Fidel Surco, puesto que iba dirigido a él. Al abrirlo, la explosión ella sufre el impacto mayor y las otras cuatro personas presentes sufren daños menores. Podemos concluir que el sistema que activó el explosivo es obra de un experto.

Un político opositor dijo: ¿a quién le favorece este hecho?, allí habrá que buscar al culpable. La intención de tal declaración es apuntar a un auto atentado. A quien lo dijo, podemos replicarle: ¿no lo favorece a usted? Vamos por partes. Nadie ha podido negar el complot criminal armado alrededor del mercenario Rozsá. Tampoco se ha podido desmentir la vinculación de ese delincuente y sus cómplices, con ex autoridades y dirigentes cívicos que conocían de estos trajines y cubrieron sus costos en más de una oportunidad. Si se reduce la alternativa opositora en la capital cruceña, ¿no se benefician quienes quieren comandar la oposición con otra alternativa? Por supuesto, no hay pruebas de que sea así ni tampoco de la primera suposición.


Es cierto, por otra parte, que la organización de los mercenarios era mayor que la célula encontrada junto a Rozsá. Esos otros miembros siguen libres, no han sido encontrados y, para todo efecto práctico, se mantienen en actividad. Una diligente investigación podría haber establecido la participación del grupo de mercenarios en varios de los actos de violencia que se perpetraron el año pasado. Pero, en vez de tomar esa dirección, los tribunales se esmeran en llevar, a los pocos detenidos del grupo delictivo, a Santa Cruz. ¿Por qué? No es que la justicia sea mejor aquí o allá. Se trata de un ambiente de presión para mantener el complot contra el gobierno. Si además, está de por medio la posibilidad de que varios de sus dirigentes estén implicados en los actos de violencia, los tribunales de Santa Cruz terminarán actuando a favor de esos grupos de poder. No se trata de suposiciones. Cuando, el año anterior, se sentían intocables, presionaron sobre los jueces para dejar en libertad a más de un delincuente de comprobada participación en actos de violencia.

De modo que es posible concluir que, el grupo de Rozsá sigue actuando y, lo que es más, sigue recibiendo apoyo de quienes al mercenario a organizar un grupo dispuesto a todo con tal de derrocar al presidente Evo Morales y terminar con el programa de cambio que inició su gobierno. Hay que pedirle, al Ministerio Público, que oriente sus investigaciones también en este sentido. En cuanto al Poder Judicial, merece un artículo aparte.

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