«Rojos al paredón» no es delito de odio para el fiscal, que ve «respeto» o «tonterías»

Mientras nuestro compañero Boro acaba de ser condenado a 18 meses de prisión, como en los cada vez más frecuentes casos de tuiteros, activistas, profesores, periodistas… a quienes se procesa, multa o condena por ‘enaltecimiento del terrorismo’ o ‘incitación al odio’ cuando en realidad lo que se hace es reprimir el derecho a la libertad de expresión, nos encontramos con casos como el de esta noticia de Faradio, en que la fiscalía no ve delito alguno en las convocatorias con amenazas de asesinato que lanzan los fascistas. El plumero a la llamada justicia española hace tiempo que se le ve. Son las consecuencias de que el aparato franquista haya continuado intacto tras la ‘modélica’ Transición y su ‘Ley de Punto Final’ (Ley de Amnistía). 

ROJOS AL PAREDÓN” NO ES DELITO DE ODIO PARA EL FISCAL, QUE VE “RESPETO” O “TONTERÍAS”

 Por Faradio

Algunos de los protagonistas de los incidentes

“Rojos de uno en uno al paredón”, en una convocatoria por Whatsapp de extrema derecha que animó a “llevar bates” o a “pisarles la cabeza” a los “perroflautas” y “putos progremitas”, no constituye un delito de odio para el Ministerio Fiscal.

En su dictamen sobre los incidentes ultras en el Palacio de Festivales de Santander, el pasado 27 de octubre, alrededor de un acto de Podemos en el que participó su secretario general, Pablo Iglesias, el Ministerio Fiscal inadmite la mayoría de las denuncias, en una decisión sobre la que tendrá que pronunciarse el juez.

Aquella tarde se registraron agresiones y amenazas a asistentes y medios de comunicación, como una reportera de Europa Press TV y el director de EL FARADIO, Oscar Allende, lo que llevó a que se interpusieran querellas.

En las diligencias previas judiciales, el Fiscal sí imputa un delito leve por lesiones, amenazas e injurias, pero desestima otras acusaciones como las amenazas, las coacciones o la convocatoria ilegal, ya que no se comunicó a la Delegación de Gobierno, como obliga la Ley.

Y rechaza imputar un delito de odio porque considera que en el grupo de Whassap en el que se desarrolló la convocatoria primaba el “respeto” y le parece “evidente” que “en muchos casos son comentarios gratuitos” o “meras tonterías”, por lo que “no puede deducirse la organización por los querellados de una concentración violenta o delictiva”.

En grupo, en el que estaban los dos denunciados en la causa, se calificaba a Pablo Iglesias de “perro”“hijo de puta”“tonto de los cojones” o “vividor”“cheposo y piojoso” (insultos que se extienden al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, con quien Pablo Iglesias se reunió aquella mañana), además de referirse a miembros de Podemos como “miserables malditos”.

Otros miembros del grupo descalifican en términos de “perroflautas”“puto progremita” o amenazan con “pisarles la cabeza” o con enviar a los “rojos de uno en uno al paredón”.

Otro habla abiertamente de “llevar bates y abrirles la cabeza”, o unas tijeras para “podarle la coleta” a Pablo Iglesias o huevos para arrojarle. Uno dice “que parezca un accidente”.

Hay participantes que advierten de que no se lleve la “bandera del águila” (franquista) que “es lo que quieren”, y otros recomiendan comprarlos en sitios que no sean “chinos”, mientras otros reivindican el España “una, fuerte y libre” de la dictadura.

 

PRIMER ARCHIVO, POR FALTA DE AUTOR CONOCIDO

Este paso en el procedimiento se produce una semana después de que se conociera la decisión del juzgado de Instrucción número 2 de archivar otra de las causas, la iniciada a raíz de la denuncia de la reportera de Europa Press TV, a la que se le impidió ejercer su trabajo y que fue golpeada con el palo de una bandera española.

El archivo se produjo al carecerse de autores conocidos, en aplicación de la última reforma legal (Ley de Enjuiciamiento Criminal), ya que no se produjeron identificaciones en el momento.

Sí que se produjeron días después hasta 11 identificaciones policiales. El juez no las solicitó ni la Delegación del Gobierno las facilitó, por lo que el magistrado decretó el archivo del auto, sin esperar siquiera a una prueba pericial a la propia reportera, que había solicitado ese mismo juzgado y que tuvo lugar después del archivo en un juzgado de Bilbao.

 

PIDEN LA DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) pidió por estos hechos la dimisión del Delegado del Gobierno, Samuel Ruiz (PP), una posición a la que se han sumado partidos políticos como el propio Podemos, en declaraciones de su diputado José Ramón Blanco, Izquierda Unida (IU) o líderes sociales como la exsecretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, que fue acusada por su participación en una huelga general.

Las agresiones a la reportera de Europa Press o al director de EL FARADIO en el acto del Palacio de Festivales no fueron las únicas: se insultó a varios participantes, se amenazó a una menor de edad latinoamericana y hay otro tercer caso objeto de denuncia judicial.

«Rojos al paredón» no es delito de odio para el fiscal, que ve «respeto» o «tonterías»

 

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