Respaldo con matices de la Plataforma por una Vivienda Digna a las declaraciones del relator de la ONU

Ante la visita del relator de la o­nU, la Plataforma apoya la objetividad con la que se ha acercado al tema de la vivienda en España, aunque matiza alguna de sus valoraciones.

La Plataforma por una Vivienda Digna se reunió hace unos días con el relator de Naciones Unidas, Miloon Kothari, en Madrid y Barcelona, y le hizo llegar su análisis de la problemática y sus reivindicaciones. Las declaraciones del relator muestran que las propuestas de la Plataforma no han caído en saco roto, ya que la o­nU ha recogido reivindicaciones ya clásicas, como la supresión de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda, la actuación sobre las viviendas vacías y la potenciación real del alquiler. 

La Plataforma coincide también en la propuesta del relator de detener temporalmente todas las recalificaciones de suelo y en aplicar el código penal de forma rigurosa a la gestión de la construcción de vivienda.

En cuanto a la apuesta por el alquiler, según la PVD el relator ha sido demasiado suave en sus valoraciones, ya que las iniciativas del Ministerio a este respecto (principalmente el Plan de Alquiler) han demostrado ser ineficaces. No obstante hay que aclarar que algunas Comunidades Autónomas no sólo no han puesto  en marcha medidas que fomenten el alquiler, sino que boicotean las que promueve el Ministerio, como es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid.

En opinión de la PVD el relator pone el dedo en la llaga al declarar que es excesiva la capacidad de gestión que tienen Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de vivienda y suelo, sobre todo si se compara con el poco control a que se ven sometidas sus actuaciones. Sin embargo, en lo relativo a la nueva ley del suelo nacional, la Plataforma por una Vivienda Digna no está de acuerdo con la valoración positiva que ha hecho Kothari, ya que esta ley “desregula” algunos aspectos de la gestión del suelo y deja a las CCAA más libertad. Según la PVD “es una contradicción criticar que las CCAA tienen demasiado poder en materia de vivienda y a la vez apoyar la ley del suelo del Ministerio, que no hace nada para limitar ese poder, o incluso lo potencia”.

En cualquier caso, las declaraciones del representante de la o­nU dejan claro que muchos presidentes autonómicos son mucho más culpables de lo que parece del terrible problema de acceso a la vivienda que padecemos, algo de lo que ya alertó  Rodríguez Ibarra. Nombres como Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Maragall, Chaves, Gallardón, Barberá o incluso Manuel Fraga, a los que habría que añadir otros presidentes y muchos alcaldes, deberían encabezar la lista de responsables de la especulación y la nefasta política de vivienda y suelo. “En el paquete iría la ministra Trujillo, aunque no en primer lugar”. 

Para ilustrar la responsabilidad de las diferentes instituciones en materia de vivienda, la PVD utiliza un símil policiaco: “Es como si la vivienda fuese un hombre que ha sido envenenado en su casa durante la comida.  A media tarde la ministra Trujillo lo encuentra agonizando en el salón y decide darle un vaso de agua. En ese momento llega la policía y, al ver la escena, piensa que Trujillo es la culpable. En realidad los que pusieron el veneno fueron las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, pero es cierto que con agua no se cura a nadie”.

La PVD también puso de manifiesto ante el relator la escasez de vivienda protegida a pesar del triunfalismo electoralista con el que se utiliza ésta y la escasa actuación sobre el fraude inmobiliario, que es indispensable para entender el problema de la vivienda en España. Asimismo, le alertó del excesivo peso que tiene el urbanismo en la financiación de instituciones y organizaciones, lo que constituye de facto una aberración fiscal que está provocando una transferencia de rentas sin precedentes bajo la excusa de la necesidad de alojamiento de las personas.

En cualquier caso, desde el Banco Central Europeo hasta la o­nU, cada vez son más las instituciones internacionales que se declaran alarmadas ante la corrupción y la nefasta política de vivienda de nuestras administraciones. Según el relator de Naciones Unidas, en España hasta un 25% de la población tiene hoy en día dificultades para acceder a una vivienda digna. El hecho de que sea la o­nU quien haga esta afirmación coloca al problema una etiqueta nueva: la del incumplimiento en materia de derechos humanos.

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