República Dominicana. Emergencia de la salud, del Estado y del derecho a saber

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Ante los anuncios de anoche, hay muchas cosas que tratar. Una es la decisión publicada por el presidente Danilo Medina sobre los fondos de IDOPPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, creado en 2019 para administrar las cotizaciones para seguridad en el trabajo.

Esas cotizaciones son (en promedio) el 1.2% del salario, parte del total del 21.03% de todos los salarios o ingresos en la economía “formal”, que se cotizan en la llamada “Seguridad Social”. Ese 1.2% lo cubre el empleador o empleadora (pero siempre recordemos: son para los riesgos laborales, para la seguridad en el trabajo, y recordemos que TODA RIQUEZA PRODUCIDA sale siempre del trabajo de los hombres y las mujeres de nuestro país).

El anuncio fue retirar 12 mil millones, que podrían llegar a 14 o 15 mil millones de pesos, para el fondo de asistencia en la emergencia. Recordemos que IDOPPRIL surgió del fracaso del mercado de privatizaciones en la Seguridad Social, y sólo existía una ARL pública, pues ninguna empresa privada quiso tomar ese negocio por ser tan riesgoso. Primero en la ARL y luego en IDOPPRIL el dinero se ha acumulado hasta llegar a los 44 mil millones de pesos, FUNDAMENTALMENTE PORQUE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS NO SE HAN DADO en beneficio de la seguridad laboral y el auxilio ante accidentes de nuestra clase trabajadora.

Pues bien, en la ley 397-19 que lo creó el año pasado, IDOPPRIL tiene las siguientes atribuciones: 1) Administración y pago de las prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2) Contratación de servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedades producto del trabajo y accidentes laborales. 3) La promoción sobre prevención y control de los riesgos laborales. 4) Promoción del estudio, conocimiento y atención integral de la salud de los trabajadores.

¿Quiénes deciden en IDOPPRIL? El ministro de Trabajo, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, más 3 representantes del sector empleador, 3 representantes del sector laboral, y el director del IDOPPRIL (sin derecho a voto). Esto es MUY IMPORTANTE, pues la mayoría de miembros pueden tomar todas las decisiones.

Es clave el inciso 11 del artículo 15, sobre Atribuciones del Consejo: «Someter ante el Consejo Nacional de Seguridad Social la propuesta de norma sobre inversión de los fondos administrados, previa opinión favorable de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)».

Además esto: “IDOPPRIL, deberá someter anualmente a la aprobación por la SISALRIL los estudios que sustenten la determinación de sus pasivos actuariales, la constitución de las reservas técnicas y la determinación de los excedentes o beneficios acumulados”.

Y ahora vienen los artículos en los que se estaría basando la medida anunciada anoche:

“Artículo 19.-IDOPPRIL será financiado con la cotización del Seguro de Riesgos Laborales, prevista en la Ley No.87-01, del 9 de mayo de 2001”.

“Artículo 20.- Los recursos se distribuirán entre gastos administrativos, prestaciones de salud y prestaciones económicas para la protección laboral, en las proporciones que establezca su Consejo Directivo, de acuerdo con el reglamento emitido por el CNSS”.

“Art. 21.- Los recursos generados de las cotizaciones pasadas, utilidades o beneficios que se hayan acumulado en la administración del Seguro de Riesgos Laborales a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley serán utilizados en proyectos y programas que tengan como objetivo la protección económica, social, laboral o de salud en el trabajo de las y los trabajadores dominicanos. Párrafo I.- La utilización de los recursos a que se refiere este artículo, se hará después de haberse constituido las reservas técnicas necesarias para cumplir con los pasivos presentes y futuros establecidos mediante estudios actuariales aprobados por SISALRIL y cubiertos los compromisos y transferencias de fondos que por mandato legal deban realizarse.

Párrafo II.- Las intervenciones, proyectos y programas destinados a la protección económica, social, laboral o de salud en el trabajo que serán financiados con los excedentes de los rendimientos financieros señalados en este artículo, deberán ser aprobados por el Consejo Directivo del IDOPPRIL, con voto favorable de la mayoría simple y por lo menos un miembro de cada uno de los tres sectores que forman parte de dicho Consejo Directivo y de su presidente o presidenta”.

Hasta aquí la cita de la ley. Entonces, ante el uso de 12 hasta 15 mil millones de pesos de los fondos -de esos fondos totales de 44 mil millones acumulados PARA PROTEGER LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO y reservas técnicas de unos 8 mil millones, QUE POR AÑOS QUEDARON FLOTANDO- y los procesos de toma de decisión, queda un AMPLÍSIMO MARGEN para decidir sobre DEMASIADO que es aportado por los empleadores (en su mayoría gente que se la busca cada mes), y que es producido por los trabajadores y trabajadoras para una finalidad específica y muy relevante; finalidad que ha sido postergada por casi 20 años, incluyendo los “protección económica, social, laboral o de salud en el trabajo”.

APOYAMOS DE MANERA UNÁNIME QUE EN LUGAR DEL ESTADO SUBSIDIARIO Y PALIATIVO QUE SE HA IMPUESTO EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS, aparezca el Estado como protector de la ciudadanía y los derechos fundamentales, a cumplir el deber de atender la salud y las necesidades de nuestro pueblo. Sin mezquindades, sin aprovechamientos partidistas. Y por lo mismo tenemos que cumplir nuestro rol democrático fundamental.

Todo ese dinero formará parte del paquete de más de 32 mil millones de pesos para la emergencia social y económica, junto con la deuda pública con el Banco Central y el Banco Mundial. Deuda que también pagará con sus impuestos la mayoría de nuestra población trabajadora y humilde, incluyendo la mayoría de quienes mantienen las micro, pequeñas y medianas empresas.

POR LO ANTERIOR TENEMOS EL DERECHO Y DEBER A SABER QUE ESTO SE ESTÁ HACIENDO DE LA FORMA CORRECTA, CONOCIENDO: 1) El Reglamento que debe tener el IDOPPRIL, 2) La norma de inversiones validada por CNSS y SISALRIL, 3) Los estudios que sustenten la determinación de sus pasivos actuariales, la constitución de las reservas técnicas y la determinación de los excedentes o beneficios, 4) La aprobación de SISALRIL, y 5) La discusión y aprobación de esto en Consejo de IDDOPRIL.

También TENEMOS EL DERECHO Y DEBER DE SABER: 1) Los cálculos que validan la selección y el uso de esos 14 o 15 mil millones de pesos, 2) Las reglas de transparencia con que se usarán para gastar todo ese dinero, 3) Bajo qué criterios de capacidad financiera y necesidad se están identificando las empresas a las cuales se les cubrirá hasta el 70% de los salarios de nuestra clase trabajadora. Consideremos que esos fondos y esa deuda serán cargados en los hombros del pueblo dominicano, ese pueblo trabajador y esas personas que llevan su pequeño o mediano negocio adelante, compuesto por una mayoría de 3.7 millones de dominicanos y dominicanas que – como ya el mismo presidente dejó saber- gana un salario promedio de 12,000 pesos, por debajo de la canasta básica calculada para la población más empobrecida.

Por cierto, TENEMOS TAMBIÉN EL DERECHO Y EL DEBER DE SABER bajo qué procedimientos y criterios se identificaron las 811,000 familias que hoy tienen la tarjeta Solidaridad más otras 690 mil familias, y bajo qué criterio sólo se les ofrecerá solo 5000 pesos, así como bajo qué criterios se escogieron, dentro de esos, 350 mil hogares específicos para agregarles 2000 pesos para sumar un aporte total de 7000 pesos. ¿Bajo qué cálculos, limitaciones y criterios se decidieron 5000 o 7000 pesos, cuando sabemos que la canasta de sobrevivencia para la población más empobrecida es de RD$14,465?

Además, ante el anuncio de «Cada semana se entregarán 1.3 millones de raciones de alimentos y 22,000 kits de alimentación básica» TENEMOS EL DEBER DECIR QUE NO SE HAGA MÁS EN LA MODALIDAD USADA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, con las personas sometidas a filas, aglomerándose, exponiéndose al contagio y encima de esto terminan culpabilizadas del mismo, cuando sólo buscan angustiosamente el alimento básico de su hogar.

Y TENEMOS EL DERECHO Y EL DEBER DE SABER en qué condiciones se van a pagar esos 150 MILLONES de dólares del préstamo del Banco Mundial, y qué pasará con los cobros bancarios después que pasen los 3 meses. ¿Vendrán de golpe? Además de la sugerencia a los bancos ¿hay alguna medida de protección efectiva? ¿Por qué el Banco de Reserva puede recién ahora bajar la tasa de interés al 1% cuando normalmente cobra el 60%, a una mayoría de clientes que viven de su salario, incluyendo servidores públicos?

Finalmente, hemos visto que hay absoluta coherencia y correspondencia entre las medidas propuestas por el presidente de la República y las mencionadas por el principal candidato presidencial opositor, Luis Abinader así como por las escuetas propuestas de Leonel Fernández.

La gente esperaba otras medidas y más garantías, algunas que han sido tomadas por otros gobiernos incluso conservadores, como el cese de pagos de hipotecas, alquileres y servicios indispensables. También nos quedamos esperando medidas sobre los beneficios, los gastos y las coberturas de las ARS Y LAS AFP (ni siquiera una reforma estructural) y esto no se hizo.

Pero en general, las medidas están dentro del menú que este modelo de políticas económicas y sociales imperante tiene reservado para la mayoría poblacional. El Estado protector y garantista de derechos y necesidades fundamentales vuelve a presentarse como Estado paliativo, subsidiario, de emergencia, ofertas y bajo la lógica de “medidas radicales” que significan casi siempre “mano dura”, pero nunca afectando a quienes más tendrían que ceder y ofrecer.

Podremos ver que el paquete se mueve dentro del rango de lo que los Estados y la clase política y empresarial adopta en la mayoría de los países del continente, incluyendo la clase política y empresarial dominicana. Es el Estado que heredamos y la política que lo hace posible.

Por ahora, en todo caso, no será tiempo de otra cosa que poner las energías en colaborar con que nuestra ciudadanía, sobre todo la mayoría golpeada y la población en riesgo, salga adelante. Preservar la vida y defender un derecho a la salud de por sí cercenado por un sistema sanitario deteriorado, mercantilizado, y condiciones de vida que no promueven el estado saludable de nuestra población.

Que primen la solidaridad entre los ciudadanos y ciudadanas, que prime el autocuidado de la salud y de la vida, ante el virus, ante las carencias y ante los agentes policiales y militares, ahora que además se extiende el horario del toque de queda. Apoyemos a todo nuestro personal de salud y servidores públicos implicados en gestionar la emergencia epidémica.

Y EJERZAMOS DEMOCRACIA. ESTEMOS VIGILANTES ANTE CÓMO RESPONDEN EL ESTADO, LA CLASE POLÍTICA Y LAS CÚPULAS EMPRESARIALES, PRESERVANDO A LA POBLACIÓN EN SU VULNERABLE SALUD, PRESERVANDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Y CON LAS MEDIDAS ECONÓMICAS QUE ANUNCIAN, PORQUE SIEMPRE ES Y SERÁ CON EL DINERO Y EL TRABAJO DE LA GENTE.

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