Si los números redondos de esos campamentos habían sido durante meses el de «varios cientos de miles» -¿medio millón?-, el recrudecimiento de los combates, ofensivas y contraofensivas en toda la provincia de Kivu Norte y parte de la de Kivu Sur habían echado de sus hogares a unas 400.000 personas en menos de un mes, según los cálculos de la ONU el 21 de enero. El 80% de los habitantes de la ciudad de Sake, a 27 km de Goma, había huido. El viernes por la tarde del último fin de semana en que Goma pertenecía a la República Democrática del Congo (RDC) veíamos imágenes de voluntarios entregando una pequeña botella de agua -lo único que podían dar estos y lo único que recibirían aquellos- a una oleada de personas que llegaban a Goma con poco más que un colchón sobre la cabeza o algunas cabras alrededor. Obviamente, en tan caótica situación, cada cual iría donde pudiera, y sin una organización que los pudiera distribuir las direcciones serían los campamentos, los arrabales o el centro de la ciudad.
Cerrando este artículo, ACNUR comunicaba que en torno a la ciudad de Goma, en campos de desplazados, iglesias y escuelas, seguían viviendo 17.000 personas mientras que concretaba en 414.000 las que los habían abandonado en las últimas cuatro semanas. 209.000 de ellas habían retornado a los territorios de Masisi, Nyiragongo y Rutshuru, en la provincia de Kivu Norte.
¿CÓMO SE VIVÍA EN LOS CAMPOS DE DESPLAZADOS?
Hace poco más de un año elaboramos un reportaje con la colaboración de varios activistas que trabajaban a diario en estos campamentos y la experiencia de una visita reciente de un reportero español que recogía la vida en estos campos desde todos los puntos de vista: una vida tediosa, embrutecedora, con escasas posibilidades de educación para niños y niñas, peligrosísimo para las mujeres, dentro y fuera de sus límites, con limitado acceso a la sanidad y una alimentación deficiente, con tiendas o chozas que no evitaban sufrir las inclemencias del tiempo. Lugares sin ley y olvidados para las autoridades y la mayoría del mundo, con poco más apoyo que el de personas voluntarias de los alrededores entregadas a ayudarles, que convertía a sus habitantes en personas desplazadas… y olvidadas.
Más aún, la cercanía y violencia de los combates los había hecho objetivo casual en más de una ocasión de disparos y explosiones, tanto en los de Goma como en otros cercanos del territorio de Nyiragongo, más al norte. El hecho más dramático sucedió en el campo de Mugunga el 3 de mayo del año pasado cuando sobre sus habitantes cayeron varios cohetes de 120 mm -según revelaba el reciente informe de expertos de la ONU– disparados por el Ejército ruandés en sus combates con el congoleño y en apoyo del M-23. Una treintena de personas murieron aquel domingo en un lugar donde debían estar protegidos. Otro domingo, el anterior a la entrada del M-23 en Goma, otro proyectil caía en un campamento de Nyiragongo matando, en un principio, a una decena de mujeres y niños.
ORDEN DE EVACUACIÓN EN 72 HORAS
La cercanía del M-23 a Goma produjo importantes movimientos entre los habitantes de los campos de desplazados y muchos los abandonaron sin destino conocido o hacía la propia ciudad, buscando allí la protección del Ejército de la que no disponían en los campamentos. Otros, ya con el M-23 controlando la ciudad, preferían tratar de volver a sus pueblos: habían huido de ellos ante la llegada del M-23 y ahora los rebeldes estaban en los campos donde se habían refugiado de esos mismo rebeldes, ¿por qué no volver a sus hogares, que también controlaba el M-23? No había donde huir o buscar refugio.
Pero días después llegaba la orden del M-23 de desmantelar y vaciar diversos campos de refugiados. Varios medios y organizaciones recogían esta orden y los testimonios de residentes que la habían recibido:
Las autoridades del M23 vinieron a decirnos que demoliéramos nuestros refugios. Nos dieron tres días para irnos. Por eso demoleré mi choza antes de regresar a Kirumbu, aunque allí todavía hay inseguridad, era uno de los muchos testimonios de refugiados recogidos, en este caso por RFI. A nuestra pregunta sobre este asunto, nuestra fuente en los campamentos nos decía: Sí, dieron 72 horas para que todos regresaran a sus pueblos y el vencimiento es hoy, aunque varias personas no pudieron salir de los campamentos.
El propio M-23, consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo, emitía un comunicado «apoyando y alentando» unos retornos voluntarios a los que, falsamente, decía no obligar.
¿POR QUÉ DESMANTELAR LOS CAMPOS DE DESPLAZADOS?
No era la primera vez que se tenía noticia de esta práctica del M-23 en otros territorios conquistados y los motivos que llevaban a los rebeldes apoyados por Ruanda a tomar esta desastrosa medida podían ser varios:
-el M-23 vende que su lucha busca liberar al pueblo congoleño sin distinción y que recibe el apoyo de las poblaciones que «libera» que, además, pasan a funcionar de una manera ordenada y pacífica, lejos del caos en el que ellos se las encontraron, algo que no cuadra con aldeas y ciudades medio vacías, con sus habitantes huyendo por las carreteras o malviviendo en tiendas de campaña muy lejos de sus hogares. La vuelta «voluntaria» de refugiados a territorios en poder del M-23 era el mejor aval a esa imagen defendida por los rebeldes. En el comunicado antes citado se explicaba que los desplazados internos están regresando voluntariamente a sus hogares ahora pacificados en la zona liberada.
-la ciudad de Goma, de por sí populosa y caótica, debía evidenciar las ventajas de quedar en manos del M-23. Una masa de población de cientos de miles de personas en las afueras, cuando en la propia ciudad alimentos, agua y electricidad escaseaban, podía crear una marea de seres humanos desesperados sin nada que perder que dinamitara todos sus planes y su avance hacia otras ciudades
-el colapso del Ejército y sus aliados en Goma había creado a miles de desertores que buscaban hacerse pasar por civiles y esconderse hasta que se impusiera la calma y los campos de desplazados podía ser un buen lugar donde hacerlo. Alfonso Masoliver, corresponsal de La Razón presente en la zona, informaba del hallazgo de grandes cantidades de armas en algunos puntos de los campos desmantelados.
La orden del M-23, además, incluía no solo la evacuación sino, como hemos visto en algún testimonio, el desmantelamiento de los campos, su desaparición física como si nunca hubieran existido, y que con la marcha de sus ocupantes desaparecieran tiendas de campaña y chozas, lo que dejaba lugares donde antes abundaba la vida y el bullicio convertidos en eriales con algunos residuos que habían quedado.
¿QUÉ ESPERA A TODAS LAS PERSONAS OBLIGADAS A MARCHARSE?
Obviamente esta pregunta no se la hicieron los dirigentes del M-23 que dieron una orden que ponía en caminos y carreteras a cientos de miles de personas, obligándoles a vagar por territorios donde los combates o el pillaje de desertores dejaban la vida humana sin casi valor y, de la misma manera, tampoco previeron ninguna medida que los protegiera o ayudara ni en la marcha ni en la llegada. Aunque no era difícil adivinar -y las personas desplazadas lo sabían perfectamente- que no retornaban a ningún paraíso.
Estas familias sólo quieren una cosa: volver a casa. Pero la persistente inseguridad y la incertidumbre sobre su futuro les impiden dar ese paso. Sin recursos financieros para pagar su transporte, muchos se encuentran ahora sin hogar, pues sus casas han quedado reducidas a cenizas por los bombardeos, explicaba en sus tuits nuestra fuente en los campos, antes de ser desmantelados.
La respuesta a la pregunta formulada no se ha hecho esperar.
En el territorio de Rutshuru, provincia de Kivu Norte, se contabilizaba para el 25 de febrero la vuelta de unas 87.000 personas. Los servicios básicos son casi inexistentes en estas zonas; las escuelas primarias funcionan a un ritmo lento y las escuelas secundarias están prácticamente paralizadas. Las poblaciones que regresan tienen una necesidad crítica de acceso a alimentos, mientras esperan poder reanudar las actividades agrícolas, informaba la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).
En esas zonas «liberadas» de las que hablaba el M-23, casi el 80 por ciento de las personas que volvían decían no tener acceso a sus tierras de labor y una tercera parte denunciaba que sus tierras estaban ocupadas por otros. El territorio de Nyiragongo, cercano a Goma, no tardó en recuperar al 90% de las personas que habían huido y se iniciaba un proceso hacia la normalidad… pese a que el 44% de las tierras de estos desplazados estaban siendo explotadas por personas venidas de otras zonas y por rebeldes.
Médicos Sin Fronteras describía gráficamente lo que estaba siendo el retorno de decenas de miles de personas: En pocos días, columnas interminables de hombres, mujeres y niños aparecieron en las carreteras, llevando lo poco que podían a pie, en mototaxis o en minibuses compartidos. Los pacientes nos han confirmado que han caminado durante días sin agua ni comida.
Otro alto riesgo de este impresionante movimiento humano que es difícil de imaginar es el diseminar enfermedades que se habían fraguado en los propios campos ante el hacinamiento y los problemas de higiene. Según la OCHA, el 80% de los casos de cólera detectados en la provincia de Kivu Norte procedían de los campos de desplazados mientras que en diciembre se detectó un brote de mpox (viruela del mono) que tenía su reservorio en estos campamentos. Estos desplazamientos masivos hacen imposible controlan a contagiados y sus contactos, además de favorecer el número de contagios.
Por otra parte el desmantelamiento de estos campamentos ha «roto» las redes de ayuda establecidas por voluntarios y organizaciones que, como en el caso de Médicos Sin Fronteras en Nyiragongo y Masisi, se tienen que crear apresuradamente mientras unas estructuras sanitarias débiles y sobrecargadas reciben a una masa humana malnutrida y cansada que en muchos casos pueden sufrir enfermedades como la EPOC y sufrir y transmitir otras como el sarampión.
¿SE HA COMETIDO UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD O/Y DE GUERRA?
Mientras escribíamos este artículo el fiscal general de la Corte Penal Internacional visitó la RDC y en Kinshasa se reunió con autoridades judiciales congoleñas, incluidas militares, y con el propio presidente Tshisekedi. En la reseña final de su visita, Karin Khan, sin centrarse en ningún crimen determinado -aunque haciendo referencia a la violencia sexual y a los muertos en la toma de Goma- reafirmaba su intención de dar un empuje fuerte y nuevo a la rendición de cuentas de los criminales que actúan en la RDC, especialmente en el Este, y dejaba un enlace para que organizaciones, víctimas, periodistas, etc. etc. aporten pruebas sobre crímenes cometidos…
Refiriéndose en general al M-23 y a Ruanda, Jean Claude Katende, presidente de Association africaine de défense des droits de l’homme ( ASADHO), declaraba a Radio Okapi:
Los crímenes cometidos por el M23 y el ejército ruandés constituyen crímenes de guerra y en otras ocasiones crímenes contra la humanidad.
Mientras que desde Human Rights Watch (HRW), su investigadora principal Clémentine de Montjoye lo dejaba muy claro respecto a lo ocurrido con los campos de desplazados:
La orden del M23 de expulsar por la fuerza a decenas de miles de personas desplazadas de los campos hacia zonas sin ningún apoyo es cruel y probablemente constituya un crimen de guerra.
Sobre estos hechos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) los considera como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra en estos casos:
Deportación o traslado forzoso de población. Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional
Crímenes de guerra
La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal. El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio
Obviamente deben de ser los juristas los que califiquen los hechos y las autoridades congoleñas, las organizaciones de derechos humanos, etc. etc. quien denuncie ante la CPI el desmantelamiento de los campos de desplazados de Goma. Quién sí sabe la gravedad de lo ocurrido es el propio M-23, que se ha cuidado mucho de ordenar «oficialmente» el desmantelamiento, actuando directamente frente a las personas desplazadas y, en cambio, sí emitió un comunicado «exculpatorio» el 10 de febrero:
los desplazados internos están regresando voluntariamente a sus hogares ahora pacificados en la zona liberada. La AFC/M23 apoya y alienta plenamente este proceso, pero no obliga a nadie a regresar hasta que existan garantías de seguridad.
Este mensaje, lamentablemente, ha sido asumido al menos por varios organismos de la ONU, que evitan responsabilizar al M-23:
Seguimos muy de cerca esta cuestión de los retornos para asegurarnos de que se trata efectivamente de retornos voluntarios (OCHA, 11 de febrero)
…414.000 han sido desplazadas en las últimas cuatro semanas, alentadas por las autoridades de facto a regresar a sus aldeas de origen.
Al menos 209.000 personas de estos sitios han llegado espontáneamente a los territorios de Masisi, Nyiragongo y Rutshuru…
(En ambos casos, información facilitada por ACNUR, 4 de marzo pasado)
Pero al margen de legislaciones y calificativos, la lógica nos dice que el desmantelamiento de los campos de desplazados por los dirigentes M-23 es un crimen horrendo, como lo es obligar a cientos de miles de personas que apenas tienen nada a trasladarse sin ningún tipo de medios por zonas peligrosas para llegar a lugares donde no tienen de ninguna manera asegurada su supervivencia. Seguramente nunca sabremos las consecuencias reales en vidas, sufrimiento y destrucción que ha provocado esta decisión pero es obligatorio que todo ello no se sumerja una vez más en la historia de crímenes olvidados y de autores impunes.
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