Represión generalizada contra el movimiento okupa sevillano. Investigan a decenas de personas por el intento okupa de Macarena

Por APDHA

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, que recientemente ordenaba el ingreso en prisión de los seis activistas, ha citado como investigadas a otras 27 personas

 

Investigadas 27 personas más por los incidentes del desalojo de la calle Macarena. La citación fija para el 7 de marzo la comparecencia de una de estas personas, en calidad de investigada por presuntos delito de “daños, atentado, coacciones y lesiones”.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, que recientemente ordenaba el ingreso en prisión de los seis activistas detenidos tras la ocupación de las viviendas de nueva planta levantadas en la parcela de la calle Macarena que antaño albergaba el centro social ocupado y autogestionado Casas Viejas, ha citado como investigadas a otras 27 personas con relación a los mismos altercados, según ha avisado este viernes el colectivo promotor de esta ocupación.

Así lo ha indicado a Europa Press uno de los miembros de este colectivo, esgrimiendo una cédula de citación de la citada instancia judicial que fija para el 7 de marzo la comparecencia de una de estas personas, en calidad de investigada por presuntos delito de “daños, atentado, coacciones y lesiones”, según figura textualmente en el documento.

La defensa de los seis activistas detenidos tras los altercados que marcaron el desalojo del citado episodio de ocupación ha recurrido ya el auto del Juzgado de Instrucción número cuatro que ordenó el ingreso en prisión provisional de estas personas.

El recurso promovido en demanda de la libertad de estas personas se sustenta en que la privación de libertad supone una medida “desproporcionada” no sólo respecto a los hechos atribuidos a los detenidos, sino además con relación a las penas estipuladas para este tipo de delitos.

Las viviendas habrían sido ocupadas el jueves de la semana pasado por unas 25 personas, según informaba a Europa Press un portavoz del colectivo promotor de la ocupación de las viviendas correspondientes a los números 2, 4 y 6 de la calle Fray Isidoro de Sevilla, precisando que este nuevo episodio de ocupación había sido emprendido por activistas en defensa de las personas sin hogar, con el apoyo de la auto bautizada como Corrala Dignidad.

(Fuente: Sevilla Directo)

Comunicado de la APDHA contra la prisión preventiva aplicada a seis de los okupas

APDHA denuncia la prisión preventiva aplicada a seis personas detenidas en Sevilla y exige su inmediata puesta en libertad:

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) quiere manifestar su indignación ante la medida de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Instrucción nº4 el pasado sábado 17 de febrero a seis personas que fueron detenidas en el contexto de una ocupación de viviendas en la Macarena Sevilla. La organización considera esta medida absolutamente desproporcionada y exige la inmediata liberación de estas personas.

El jueves 15 se produjo la ocupación de algunas viviendas vacías de un edificio en el barrio de la Macarena. El viernes por la mañana hubo enfrentamientos con los propietarios que los querían desalojar. Sobre las 11 h. acudió la policía nacional y se produjo el desalojo, no exento de violencia, que alcanzó también a personas que se habían acercado al lugar interesadas por el hecho. Como resultado, seis personas fueron detenidas y aún siguen, 5 días después, en prisión preventiva.

Al margen de los sucesos que desembocaron en las posteriores detenciones, la APDHA considera que en este caso la prisión preventiva, definida como una medida excepcional, es desproporcionada. A juicio de la organización, no existe riesgo de fuga, la mayoría son Personas Sin Hogar y carecen de recursos económicos; no hay pruebas a destruir; no hay riesgo alguno para las supuestas víctimas (los policías/propietarios); se vulnera su presunción de inocencia.

Utilizar la prisión preventiva, aseguran, es “una vuelta de tuerca más contra los activistas sociales y las personas pobres”. La extremada dureza de la medida se parece más, apuntan, a un mensaje disuasorio para quienes puedan plantearse cuestionar el derecho a la propiedad ociosa y especulativa y a los que denuncian la violación de la función social de la vivienda.

Con un 41,7% de la población en riesgo de pobreza y exclusión en Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), disponer de un hábitat estable donde vivir sigue siendo inalcanzable para una parte importante de las andaluzas y los andaluces. Además, continúa la APDHA, hoy alquilar representa un imposible para muchas familias. Satisfacer el importe de la renta les impediría pagar los gastos de alimentación y demás necesidades básicas. Incluso es muy difícil para las que podrían pagar una renta baja, ya que no disponen de los avales y/o mensualidades adelantadas para la fianza que requieren habitualmente los propietarios a la firma del contrato.

Para la asociación, relacionar estas situaciones de necesidad extrema con mafias que negocian con viviendas u otros usos ilícitos, distorsiona la realidad y solo busca criminalizar a un colectivo que intenta sobrevivir. En la situación de emergencia habitacional en la que se encuentra España en general y Andalucía en particular, APDHA mantiene su denuncia de dejación de funciones de las administraciones con respecto al Derecho a la Vivienda. Son necesarias medidas efectivas que disocien el derecho al uso de la vivienda del derecho a la propiedad y que garanticen el acceso a una vivienda adecuada a todas las personas, afirma la asociación.

La organización también defiende que se despenalice la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas y se entre en una dinámica de mediación social y política para dar respuesta a las necesidades básicas de la población, poniendo al servicio de las personas las viviendas sin uso real.

 

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