Referéndum 1-O: Los Mossos sólo acatarán órdenes de la Fiscalía si no alteran el orden público

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En el tira y afloja entre el gobierno estatal y la Generalitat en torno al referéndum el papel de los Mossos es clave, puesto que debería ser la principal fuerza represiva para impedir el referéndum del 1 de octubre, según establece la orden de uno de los principales instrumentos represivos del gobierno: la fiscalía superior de Catalunya.

La apelación de los Mossos a que sólo acatarán la orden si no pone en riesgo el orden público y la convocatoria de la Junta de Seguridad de Catalunya por Puigdemont pretenden evitar que la acción de los Mossos, precisamente la policía de la propia Generalitat, sea quien impida que los catalanes ejerzan su prohibido derecho al voto. 

 

Apenas una hora ha durado la segunda reunión convocada por el fiscal superior de Cataluña, José Manuel Romero de Tejada, que ha reunido a los máximos responsables policiales en Cataluña. El mayor de Mossos, Josep Lluís Trapero, ha abandonado la sede de la Fiscalía Superior de Justicia pasadas las 13.00 sin hacer declaraciones, mientras los responsables de la Policía Nacional, Sebastián Trapote, y Guardia Civil, General Angel Gozalo, han permanecido en las instalaciones judiciales media hora más.

Ha sido la cuenta oficial de los Mossos en Twitter la encargada de desvelar los mensajes transmitidos durante el encuentro por el mayor Trapero. A saber: que los Mossos sólo acatarán las órdenes de la Fiscalía si consideran que no ponen en riesgo el orden público.

El cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas”, ha expresado el cuerpo a través de su cuenta corporativa. En un mensaje posterior, añade que “estas consecuencias hacen referencia a la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se puedan derivar”.

De esta manera, los Mossos ponen en duda que vayan a cumplir la orden trasladada esta semana por la Fiscalía, que les conminaba a precintar los colegios electorales a partir del viernes y antes de la jornada electoral convocada para el 1 de octubre. La orden pedía además establecer precintos alrededor de los colegios e impedir que se instalaran urnas a menos de 100 metros de los centros de votación designados.

Los Mossos consideran que ésto puede causar graves alteraciones del orden público y se plantean no acatarla, alegando su incapacidad material para llevar a cabo la tarea. La orden, no obstante, incluye que si los Mossos no pudieran hacer frente a la tarea, deberán pedir el refuerzo de las policías locales y, en última instancia, de Policía Nacional y Guardia Civil.

Romero de Tejada había convocado la reunión de coordinación policial con la orden de precintar los colegios electorales a partir del viernes sobre la mesa, un mandato que el superior de los Mossos ha discutido por considerar inviable. Sin embargo, la reunión ha quedado marcada por la convocatoria de la Junta de Seguridad de Cataluña por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Era la última bala en la recámara del presidente de la Generalitat para evitar que los Mossos sigan bajo mando del Ministerio del Interior, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado ayer por la Generalitat para impugnar el mando de las operaciones policiales contra la organización del referéndum.

Fuente: Agencias