Radiografía de un ‘pelotazo’ armamentístico en Angola con sello español

Un Porsche Panamera de 147.250 euros, 200.000 euros en acciones de una compañía de seguridad y 147.800 euros para participar en un safari. Pequeños caprichos que representan una mínima pero significativa parte de un botín conseguido tras el supuesto saqueo de las arcas públicas angoleñas. Un golpe africano presuntamente perpetrado por los responsables de una UTE española formada por una empresa de capital público dependiente de la SEPI, Defex SA, y la sociedad privada Comercial Cueto 92 SA. Según los investigadores, una trama en la que presuntamente se han desviado al menos 41 millones de euros de un contrato de material policial cifrado en 152 millones de euros, utilizando una espesa red de empresas instrumentales repartidas por medio mundo.

Entre los protagonistas, como se recoge en la instrucción de la Audiencia Nacional dirigida por el juez Pablo Ruz, se encuentran varios directivos de las dos sociedades, una de ellas con mayoría de capital público controlado por el Ministerio de Hacienda (Defex), funcionarios angoleños e incluso la sobrina de Francisco Paesa, el exespía conocido por su participación en el caso Roldán y protagonista de otras hazañas en los años 90. Cinco personas, entre ellas la propia Beatriz García Paesa y los expresidentes de Defex, José Ignacio Encinas Charro, y de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto Martín -propietario del cochazo y aventurero de safari- han acabado en prisión incondicional y sin fianza después del estallido del denominado caso Ángora, una nueva piedra que jalona el barroco historial corrupto español. Esta vez, eso sí, con dinero público procedente de otro país. Marca España.

Angola, la perla africana

Todo comienza el 12 de junio de 2012 en Luanda, la capital de Angola, sin duda uno de los países africanos punteros en lo que se refiere a recepción de inversión extranjera. En esta ‘perla africana’ de nuevo cuño, la UTE Cueto-Defex firma un contrato a través del cual se compromete a suministrar vehículos, uniformes, equipamientos de comunicación y demás material a la Policía Nacional angoleña por un importe de 152,99 millones de euros. Según el auto del juez Ruz fechado el pasado 11 de julio, el compromiso era «absolutamente desfavorable» para Angola, con márgenes entre el 200% y el 300%. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta las ventajosas condiciones, tan solo constan 35,05 millones pagados a las empresas proveedoras de material en España, teniendo en cuenta que un total de 41,46 millones fueron «desviados a Luxemburgo sin razón comercial alguna».

Por todo ello, Ruz concluye que existen «indicios de que el principal motivo del contrato era el enriquecimiento de los querellados al margen del cumplimiento del contrato». Para el magistrado de la Audiencia Nacional, «al menos los directivos de las dos sociedades españolas, junto con funcionarios públicos angoleños y tres individuos más identificados en la querella se concertaron para llevar a cabo una apropiación patrimonial que habría sido ocultada y desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario de administraciones fiduciarias que fue proporcionado principalmente desde Luxemburgo y distintos paraísos fiscales por, al menos, un periodo de tiempo desde 2008 hasta 2012». Y es ahí donde aparece en letras mayúsculas la sobrina del exespía y colaborador del ministerio del Interior Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, como supuesta constructora del aparato de blanqueo a través de sociedades en templos del blanqueo y la opacidad como Hong Kong, Islas Vírgenes, Gibraltar o las Islas Caimán.

Los protagonistas del safari

Las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades de Luxemburgo en 2009, tras advertir las constantes transferencias de cantidades millonarias sin justificación económica aparente a bancos del pequeño país centroeuropeo. En 2012, el Gran Ducado requirió información a la Fiscalía Anticorrupción, que inició su propia investigación. El juez Ruz imputa a los detenidos media docena de delitos: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización y grupo criminal. Estos son los actores principales de la rama ‘española’ del caso:

· José Ignacio Encinas Charro: presidente de Defex durante la negociación del contrato, firmado en la época de Zapatero como presidente del Gobierno. Encinas cesó como presidente de Defex en mayo de 2012. Según las investigaciones, ordenó transferencias a cuentas de Luxemburgo que superan los 13 millones de euros en los bancos Caixabank y BNP Paribas. Ruz indica en el auto de prisión que Encinas tuvo «conocimiento absoluto» del destino de los 152 millones del contrato.

· Juan Carlos Cueto Martín: presidente y director general de Comercial Cueto 92 y gerente de la UTE Cueto-Defex. Ordenó transferencias millonarias a los mismos bancos que Encinas. Además, según Ruz, «participó activamente en la creación fraudulenta de contratos, facturas y adendas para ocultar el destino de los fondos». Cueto, además, dispuso de parte del dinero supuestamente defraudado a través del entramado societario construido por Beatriz García Paesa, a quién «dio instrucciones» para transferir fondos hacia Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, concretamente 10 millones de euros a través de las sociedades United Patrimonium SA y Darwin Yachting Corp. Desde la primera de estas sociedades, participó en un aumento de capital de la empresa española Superleague Formula SA y suscribió acciones por 16 millones de euros con fondos transferidos desde Luxemburgo. A día de hoy, esta última sociedad se denomina Global Reach SA y Cueto figura como consejero junto a García Paesa. El 99% del capital social pertenece a la citad United Patrimonium.

En el registro de la casa de Juan Carlos Cueto se intervinieron dos organigramas manuscritos donde se describe la organización de las empresas relacionadas con la trama y los «flujos» de capital hacia empresas de Luxemburgo. En el despacho de la mujer de Cueto, Iciar de Yraola, también imputada como directora comercial de la empresa, también se encontró una «carpeta resumen» de toda la operativa. De Yraola fue enviado a prisión con una fianza de 200.000 euros.

· Manuel Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete: directivo de Defex, figuraba como persona de contacto de la empresa pública y como miembro del Comité de Gerencia. En su domicilio se encontraron notas manuscritas sobre el entramado societario y un texto escrito de su puño y letra en el que se puede leer: «Cuando emerja MI-gran escándalo-posible aparición en medios-torpedo línea de flotación de argumentación DFX/SEPI. Represalias», en clara alusión a las sospechas de que las autoridades estuvieran tras la pista de la trama. Los investigaciones lo identifican como el último propietario de una empresa en Gibraltar y una cuenta es Isla Caimán, siendo la sociedad referida destinataria de 2,74 millones relacionados con el contrato investigado.

· Ángel María Larumbe Burgui: director de Operaciones de Defex, ocultó el contrato con Angola a la Subdirección General de Comercio Exterior en Materia de Defensa y Doble Uso del Ministerio de Economía y Competitividad al solicitar las licencias de exportación. Fue identificado por las autoridades judiciales de Suiza como uno de los preceptores de fondos transferidos a Luxemburgo a través de las cuentas que administraba García Paesa. Su nombre de ‘guerra’ en Suiza, Kogan o Óscar. La cantidad que aparentemente habría cobrado, según Ruz, 323.200. euros.

Además de estos cinco implicados, todos ellos en la cárcel de manera incondicional y sin fianza -a excepción de Iciar de Yraola-, también figuran en la instrucción el director financiero de Defex, Enrique Francisco Gómez Cuesta, con una fianza de 20.000 euros, el Jefe de Proyectos de Cueto, Alejandro Moreno Robert, que acompañó a Juan Carlos Cueto en el referido safari, Alejandro Bérgamo Madiedo, implicado en la trama societaria, y la empleada de Defex, Ana Cerrolaza Gili. Esto tres últimos querellados han sido puestos en libertad provisional con obligación de presentarse en el juzgado una vez por semana.

Defex y el aval del Estado

La propia Defex está imputada como persona jurídica. Esta empresa pública fue creada en los años 80 por el Ministerio de Defensa aunque ahora pertenece a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) que depende del Ministerio de Hacienda, es decir, de Cristóbal Montoro. No en vano, en su consejo de administración están representados el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, tal y como se indica en laescueta web de la empresa, en la que en ningún momento se especifica que Defex sea una empresa de suministro de material de Defensa. La realidad confirma que la empresa lleva décadas contando con el aval del Estado como garantía para conseguir contratos internacionales de material de defensa.

En la descripción de las cuentas del año 2012, la empresa indica que «la cartera de pedidos se sitúa en 173,1 millones, lo que va a permitir garantizar la actividad de Defex en los próximos años, con una distribución diversificada en la que el 67% corresponde al sector de defensa y seguridad, y un 30% al sector industrial». La «importante cartera generada» ha permitido, según los responsables de la empresa pública, «incrementar el volumen de ventas hasta 95,1 millones, un 29,3% superior al de 2011, destacando las exportaciones a Brasil, Malasia, Egipto y Arabia Saudí». Nada se dice de Angola.

La SEPI ha emitido un comunicado en el que confirma la información y se pone a disposición de la justicia para esclarecer el asunto.

 

Fuente: http://www.zoomnews.es/350388/actualidad/espana/radiografia-pelotazo-armamentistico-angola-sello-espanol

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