[¿Quién soborna y se beneficia de la corrupción política?] Las empresas salpicadas en la Operación Lezo
Mucho se habla siempre de políticos corruptos, pero se ignora en cambio que, para que haya corruptos, debe haber corruptores, es decir, empresarios que a través del soborno corrompen al poder político para obtener concesiones y favores que les permitan multiplicar sus beneficios. Grandes y «respetables» empresas y empresarios (bancos, corporaciones y grupos empresariales) están detrás de la corrupción y son la causa última de que esta exista, aunque ni penalmente ni socialmente aparezcan como el pilar fundamental del fenómeno de la corrupción que corroe la democracia parlamentaria burguesa.
En el siguiente artículo de El Plural se relacionan las empresas implicadas en el caso Lezo que vuelve a salpicar a buena parte de la plana mayor del PP madrileño, levantando nuevas y fundadas sospechas sobre la corrupción generalizada de esta organización (¿cuántos casos más hacen falta para que sea considerada organización criminal?) tanto a nivel regional como estatal.
Kaos. Estado Español
Entres ellas, dos empresas públicas, otra participada por el SEPI, OHL, PwC…
Es la empresa pública de aguas a través de la cual la trama investigada en la Operación Lezo habría financiado ilegalmente el PP regional.
En 2003, Esperanza Aguirre colocó a Ignacio González al frente de la misma. Allí estuvo hasta que se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid tras la renuncia de Aguirre en septiembre de 2012 e impuso como sucesor a su hombre de confianza, Salvador Victoria, imputado en el caso Púnica.
El juez Eloy Velazco ha decretado prisión eludible bajo fianza de dos exdirectivos por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. Se trata de Adrián Martín López de las Huertas y María Fernanda Richmond, ex director general y ex directora financiera de esta sociedad. Se investiga su papel en la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao, en 2013, por parte de la empresa pública. A él el juez pide una fianza de 100.000 euros y a Richmond, de cuatro.
Agentes de la UCO han registrado también la sede de la consultora PwC en busca de documentos de un antiguo socio de la firma que estaría relacionado con la trama. La consultora tiene su oficina en una de las torres de Madrid, al igual que OHL, implicada también en la trama.
La Guardia Civil también irrumpió en la sede central de OHL en Madrid, ubicada en otra de las torres de Madrid, propiedad de Juan Miguel Villar-Mir en busca del rastro de posibles pagos a Ignacio González por la concesión del contrato millonario del tren de Navalcarnero que nunca llegó a construirse. Se habría pagado una presunta comisión de 1,4 millones de euros en 2007 a través de una cuenta en Suiza.
Este viernes ha sido detenido el yerno de Villar-Mir, Javier López Madrid, que ha pasado la noche en el calabozo.
López Madrid había sido consejero delegado del grupo Villar-Mir y fue apartado de la compañía cuando empezó a tener problemas judiciales. Residía desde hace unos meses en Londres.
Es otra de las compañías públicas metidas en la trama. Gestiona los mercaso de abastecimientos de ciudades, entre otros Mercamadrid y Mercabarna. Allí trabajaban dos de los investigados en esta operación: el hermano de Ignacio González, Pablo González, y María Jesús Prieto Jiménez, ambos directivos de la empresa.
El presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, ha dimitido tras el escándalo. Así lo ha comunicado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La dimisión tendrá efectos en la reunión del Consejo de Administración de la compañía convocado para el próximo 25 de abril.
La compañía pública ha cesado también a los dos directivos investigados por un contrato por unos 500 millones de dólares con el Gobierno de Angola para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en su capital, Luanda.
«Ante esta situación, que compromete el buen nombre y la reputación de Mercasa así como el mío propio, aunque mi conciencia está plenamente tranquila y no tengo nada que ocultar, considero que debo presentar mi dimisión con carácter irrevocable», señala.
Con esta decisión, pretende «descargar a Mercasa de la tensión que se pudiese derivar» de su continuidad, y le permitirá defender su actuación al frente de la compañía y su «honorabilidad» con más «libertad y dedicación», según ha remarcado. Ameijide se ha mostrado dispuesto a «seguir colaborando» con la Administración de Justicia hasta el total esclarecimiento de las investigaciones en curso.
El ex consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, tras prestar declaración ante el juez Eloy Velasco,en la denominada «Operación Púnica». EFE/Archivo
Participada por el SEPI, es otra de las empresas registradas por la Guardia Civil en el marco de la Operación Lezo. Buscaba los contratos firmados a través de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) para mejorar su imagen. Entre los imputados en la trama está el exconsejero de ICM, José Martínez Nicolás, también imputado en la Púnica. En este caso, habría pagado 10.000 euros al «conseguidor» de esta trama, Alejando de Pedro, tras recibir supuestamente una orden por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia madrileña cuando la dirigía Salvador Victoria.
Se trata de una empresa dedicada a servicios aeroportuarios vinculada al que fuera mano derecha de Ignacio González en la CAM y exdirector del Canal de Isabel II, Idelfonso de Miguel, uno de los investigados en este caso. De Miguel es uno de los dos acompañantes grabados junto al expresidente madrileño en Colombia y tuvo que dimitir como directivo del Canal después de que su consejo de administración anulase una concesión de 26 millones de euros a Atento, mucho más cara que el resto.
El juez Velasco indaga la vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del PP.
Por último, la Guardia Civil registró esta constructora propiedad del empresario Joaquín Molpeceres,cuyo nombre ha salido también a relucir en el caso Gürtel. Licuas es una habitual en la contratación pública.