Quién gobierna aquí, para qué, y como.

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Por Domingo Sanz

Responderemos primero al “para qué”, es decir, a la función que crea o justifica la existencia del “quién”, el órgano necesario, según aquel dicho en el que usted ya está pensando. Porque si el “qué” ha cambiado y resulta que habíamos creado antes un “quién” para otras cosas, el “como” terminará engordando el problema.

Un “para qué” importante es el de la economía. Dada la cantidad de acreedores, aunque últimamente sus cobradores no se vistan tanto de negro, es lógico pensar que el margen de gobernanza por ahí es muy escaso, pues nuestra deuda pública vale casi lo mismo que todo lo que producimos en un año, el llamado PIB. Por tanto, soy bastante escéptico ante los que plantean cambios económicos radicales bajo vigilancia estrecha. Es probable que se den condiciones revolucionarias tras otra crisis diez veces más destructiva, pero jugar a eso sería perdedor si quien apuesta no mantiene todo el control, y Dios no existe.

Otro “qué” para gobernar es la acción política institucional que consiste, principalmente, en adaptar las leyes a una sociedad cambiante y, además, resolver los conflictos entre los diversos poderes ejecutivos y legislativos existentes.

En lo que se refiere a la adaptación de las leyes a los cambios sociales se observa un estancamiento absoluto. Gracias a la quiebra del bipartidismo, provocado en gran parte por el fracaso del cuatrienio “absolutista”, se podría pensar en una dinamización legislativa pero, muy al contrario, el gobierno en minoría de Rajoy es el que más leyes ha vetado, no pudiendo tampoco aprobar las que le gustaría. Para bloquear abusa del artículo 134 de la Constitución, que se lo permite con solo declarar que la modificación propuesta puede tener efectos económicos. Si añadimos la improductividad de la legislatura que nació el 20D de 2015, solo podemos colocarnos un suspenso casi cero en capacidad de creación y adaptación del cuerpo legal, una tarea imprescindible para evitar que aumente el caldo que cultiva los conflictos sociales. Nada como unas leyes superadas por la realidad, comenzando por la Constitución, para que en la sociedad proliferen los que quieren tomarse la justicia por su mano. Por si ese riesgo fuera poco, sigue viva la llamada Unión Europea, que castiga a los países cuyo electorado reincide en dar la confianza a políticos que no saben o no se atreven a legislar. De momento han sido comprensivos, rebajando a tres millones de € la sanción por no resolver lo de la estiba en los puertos.

Porque, nos preguntamos, ¿quién no recuerda la foto de Rivera y Rajoy a finales de agosto de 2016, dándose la mano desde la distancia que separaba ambos lados de una mesa de negociaciones donde se amontonaban los segundos de ambos para parecer más amigos mientras los fotógrafos les rodeaban? ¿Y quién no se leyó aquel documento que firmaron, con 150 medidas para cumplir a rajatabla? La foto, por eso de la fuerza de una imagen, algunos la recuerdan. Pero nadie se leyó los 44 folios porque todo el mundo sabía lo que meses después confesarían los mismos que firmaron del PP cuando, presionados por periodistas que no pierden la memoria, reconocieron el teatro y dijeron lo de las “lentejas”, usted mismo puede terminar la muy conocida frase hecha, tan descriptiva como la que habla de “la espada y la pared”. Porque tan necesitado estaba el PP de seguir en el Gobierno para poder abordar lo más protegidos posible la avalancha de juicios por los delitos cometidos que, a pesar de que muchos de los suyos les aconsejaban unas elecciones anticipadas que serían más ganadoras que las del 26J, prefirieron asegurar un gobierno minoritario, que ya sabrían después incumplir y maniobrar lo que fuera necesario. ¡Qué gran lección de política eficaz para el politólogo Iglesias! Aunque algunos se ponen de los nervios cuando se lo recuerdan, hartos de inventar relatos para justificarse, unos meses antes Pablo había comprado el tocomocho demoscópico de un “sorpasso” al PSOE que, a la hora de las urnas, resultó más falso que un duro sevillano.

Por eso, los “naranjas” tildan una y otra vez de tomadura de pelo las decisiones del Gobierno. Y también los hay en Podemos que se consuelan riéndose de los cortes de mangas de Rajoy a Rivera. El último, a cuenta de la creación de la “Autoridad de Regulación del Mercado de la Contratación Pública, pero sin capacidad ejecutiva ni vinculante”, que pretende el Gobierno, según informa “El Mundo” ayer mismo, 14 de julio. Pero Albert Rivera está atrapado en el veto mutuo que ha contratado con Pablo Iglesias para que Ciudadanos y Podemos, respectivamente, puedan robar votos a sus parecidos, PP y PSOE. Rajoy lo sabe y, mientras duerme tranquilo, sueña con que las encuestas se equivocan.

En definitiva, que de aquellas dos sonrisas encantadas por haber firmado para la foto no podemos esperar que se pueda traducir algo al idioma del BOE, la respuesta a la primera parte del “para qué” gobernar. Entre paréntesis, no voy a negar que existan los cambalaches necesarios  para aprobar los presupuestos, ni tampoco que sigan funcionando los servicios públicos, tan recortados, o la inevitable diplomacia exterior, siempre tan abusada para consumo interno, que hemos llegado a un punto en el que no dejamos de desayunar “Venezuelas” ni cuando no tenemos que ir a votar. Pero todo esto es de obligado cumplimiento y ya lo tenemos pagado.

Descartada, por tanto, la capacidad de nuestros líderes para negociar leyes o, como alternativa, cambiar el Gobierno, nos vemos obligados a atacar el otro ámbito de la política, el de la resolución de conflictos institucionales, mar gruesa de esta segunda transición por la que navegamos.

Antes de seguir cambio escribir por leer durante un rato y encuentro en “El Mundo” de papel, el que les decía antes, a un Raúl del Pozo que, mucho más inteligente, para hablar de lo mismo titula “Aquí no manda nadie”. En “Diario de Mallorca” del lunes 17 me llama la atención la crónica semanal de Campo Vidal, de la que reproduzco lo siguiente: “Entretanto, en el Congreso de los Diputados la vida discurre sin acuerdos más allá de los Presupuestos (…) que son más bien transacciones comerciales”. Y para terminar cerraré con una portada de “El País”, la del domingo 16. Si llegan al final de lo que ahora tienen en pantalla es probable que deduzcan a qué noticia me refiero.

Si los conocedores coinciden, concluiremos que el “para qué” de la política se reduce hoy, en España, a la solución, o todo lo contrario, de los conflictos institucionales y, en esta actividad justo es reconocer que pasarle la pelota a los tribunales es el deporte nacional por excelencia, ganando el Gobierno por goleada en el abuso de lo judicial. Respecto al papel de la oposición sobre lo mismo, agotada la cantinela de pedirle a Rajoy que negocie con Catalunya sin decirle “lo qué”, leo a Papell haciéndose eco de la iniciativa de Sánchez, que se reunirá con Iceta, ya lo ha hecho, para pasar de las exigencias verbales a terceros al verbo comprometedor contra uno mismo, poniendo sobre la mesa reformas constitucionales. De inmediato, en la página siguiente del mismo periódico anuncia el PP que bloqueará cualquier propuesta que sirva para diferenciar Catalunya del resto de CC.AA. En marzo de este mismo año titulé un artículo con “III República o Monarquía sin Catalunya”. Prefiero lo primero. ¿Alguien podría colocar esta pregunta en una encuesta? ¿O sigue prohibida desde 1939?

Desde hace meses hay tres partidos políticos que se dedican a ajustarse las cuentas, frustrados como están por su reincidente incapacidad para sacar a los de Rajoy del gobierno, ni ahora que entre los tres suman casi el 54% de los diputados del Congreso, ni antes, cuando tras el 20D de 2015 superaban el 57%. Entonces ocurrió que, sin saber si por ambicioso, irresponsable, valiente, o las tres cosas a la vez, Pedro arriesgó su investidura y Podemos nos condenó al PP con un NO al socialista que, lo vistan como lo vistan los de Iglesias, fue un SI a don Mariano, porque ahora gobernaría cualquier otro español, o española, menos él y su PP, si aquellos 71 se hubieran abstenido. Ojalá no ocurra, porque la peor de las vergüenzas no se la deseo a nadie, pero cualquier día de estos, uno de esos muchos en los que Pablo le recuerda lo de la corrupción y le pide por enésima vez a Rajoy que se vaya, meterá don Mariano la pata más loca de su vida y le dirá algo como “No entiendo porque pide usted mi dimisión, señor Iglesias, si el 4 de marzo de 2016 sus diputados votaron que yo siguiera gobernando, ¿tanto hemos empeorado desde entonces?”. O le dirá algo parecido, que aún podría ser peor. Y Pablo solo tendrá tiempo para desear ¡¡Trágame tierra, con todo mi ego puesto!!

Nos encontramos en un periodo que se reparte entre batallitas con mejor o peor palabrería y, por otra, tareas de conservación y mantenimiento para salvar el mobiliario. Un tiempo salpicado de momentos como este de la investigación parlamentaria sobre la financiación ilegal del PP, en los que parece que la oposición podría ponerse de acuerdo para forzar la mudanza en La Moncloa, aunque solo fuera por vergüenza ajena, con otros, como el de la censura inútil de Podemos contra las primarias del PSOE en los que, todo lo contrario, parece que ese desahucio, el más necesario de todos, no llegará nunca. Y es que cuando se juntan “el hambre con las ganas de comer”, es decir, la inercia con la cobardía política, el trabajo termina siempre en manos de los tribunales.

Sobrevolaremos, pues, una judicatura cada vez más implicada en la política. Nos dirigimos a la cima y aterrizamos en el Constitucional sin la menor duda. Para empezar, y por si usted se hace la ilusión de controlar al Tribunal más gobernante tal como se controla cada miércoles a un Gobierno con ministros, pero que solo vive de los errores ajenos, los del TC no le van a facilitar la tarea. Tienen su sitio de Internet, como cualquier hijo de vecino, pero siendo hoy el día 12 de julio de 2017, en el apartado III titulado “Estadísticas Jurisdiccionales”, solo nos proporcionan información hasta el año 2015. Es decir, ya llevamos más de quinientos días sin conocer la carga de trabajo de sus señorías, ni su desglose, unos registros neutrales que hasta las comunidades de propietarios sin gestor que ayude actualizan en tiempo real, y solo disponen de ofimática, algunas. Mal pensado como soy, me viene que quizás pasa lo mismo que con ciertas sentencias, a las que conviene que el tiempo les mate la eficacia. Una situación inaceptable, pero a ver quién es el guapo que da órdenes a doce señorías que se dedican a apagarle al Gobierno la hoguera catalana, o a incendiar Catalunya.

Por tanto, a falta de información cuantitativa sobre su carga de trabajo decido investigar su calidad. Lo primero que me ha venido es malpensar que, con tal de que no parezca que son juez y parte, decidieron castigar a Montoro por lo de la amnistía fiscal. Parecía que este asunto había decaído tras la inútil reprobación del ministro cuando va Rajoy e intenta de nuevo engañarnos con la falsedad de que el TC solo ha corregido un defecto de forma. De acuerdo con que los jueces solo deben hablar con las sentencias pero, me pregunto, ¿No podrían publicar un auto que calle de una vez y para siempre la boca del Presidente cuando se note que va a mentir sobre la sentencia? Lo digo porque toda España nota cuando Rajoy miente con solo buscar su mirada ¿Tanto han interiorizado ya los magistrados su reconversión a la política?

Antes de ofuscarme por mí mismo busco la razón y decido leer el muy recomendable artículo “Inconstitucionalidades de juguete”, escrito por el Doctor en Derecho Gerardo Pérez Sánchez, también profesor de Derecho Constitucional y, por tanto, autoridad en la materia. El enfoque es jurídico pero perfectamente asequible para quienes, como yo, que solo sabe chapotear en la superficie del océano legal. El experto desmonta, completamente, tanto la defensa espuria que se ha inventado el Gobierno como la sentencia del propio TC. Por resumir, me ha sorprendido la frase con que cierra su artículo: “da la sensación de que en España sale más a cuenta incumplir y vulnerar las normas que ser respetuoso con ellas. Desgraciadamente, así nos va”. Estas últimas cuatro palabras confirman la “sensación” de Pérez Sánchez pero, sobre todo, me hacen pensar que cuando un jurista termina su artículo con una conclusión tan política y deprimente es porque las cosas en España están muy mal. Veámoslo en forma de preguntas no sin antes advertir que no me saldré ni un milímetro de lo que me parece pura política.

¿A qué viene ilegalizar una amnistía fiscal y, al mismo tiempo, convertir en papel mojado una sentencia amnistiando en el mismo acto a los culpables? ¿Por qué no ha dejado el Tribunal al Gobierno la patata caliente de corregir las consecuencias de un decreto-ley inconstitucional? ¿No sería esa la función de la “política”? ¿Es que acaso no podría el Gobierno tramitar ahora una Ley que salve a los delincuentes de los efectos jurídicos y económicos de la ilegalización de la amnistía fiscal dictada por el TC? Porque, habiendo como hay, asegura Montoro, evasores de todos los colores ¿no confía el ministro en que todos los partidos políticos tendrán también, como el PP, el mayor interés en proteger a sus propios delincuentes y, por tanto, votarían una ley que los ponga a salvo? Pues no, esa política basura también se la han reservado, solo para ellos y ellas, sus señorías.

La sentencia del Tribunal Constitucional es política y culpable a favor de los delincuentes, a quienes de un plumazo lento y calculado exime de las penas correspondientes a sus delitos. Y, ya que lo he dicho, no menos culpables me parecen los casi dos mil días que han tardado en pronunciarse. Cuando miro esos cinco años a través de la sentencia lo que veo son nueve hombres y dos mujeres, personas todas muy notorias pero que se han “desnudado” con sus propios bolígrafos. Tanto la firmeza con la que argumentan su fallo como la unanimidad conseguida descorren el velo que ha ocultado sus inconfesables intenciones y, a su vez, rebajan su condición a la de simples escribientes de un Rajoy mucho más a la defensiva de lo que aparenta. Porque tantas rotundidades y unanimidades demuestran que ese dictamen de inconstitucionalidad se podía haber fallado en menos de un año. ¿O es que acaso se ha reformado la Constitución mientras y no nos hemos enterado? Y en menos de un mes, a tenor del ejemplo de toma de decisiones en tiempo casi real que los mismos jueces están demostrando a veces, especialmente cuando la vez toca en Catalunya. Indigna que doce nombres y apellidos importantes hayan decidido pasar a los libros de historia cubiertos del oprobio que significa dejar pasar el tiempo para neutralizar, a favor de los delincuentes, los efectos de sus propias decisiones. ¿O es que acaso piensan que no se investigarán en el futuro los intríngulis de este procedimiento? Como el de muchos otros y hasta el último detalle.

Cada transición tiene sus maneras y recorridos. En más de una ocasión he defendido que los cambios importantes son mucho más difíciles en democracia y, sobre todo, si, como en España, se viene de la peor dictadura terminada de la peor manera posible, sin ajustar las cuentas que destruyeran para siempre las redes de intereses y conveniencias tejidas bajo tantos años de protección entre amenazas a los ajenos. Cuantos, desde 1977, presumiendo de nosotros mismos para hoy tragarnos de golpe todo lo que nos estuvimos adulando.

En España, Partido Popular y Tribunal Constitucional se reparten las tareas para gobernar de manera sucia. Ambos son estructuras impermeables a los cambios que han enviado el bipartidismo al desván de los trastos viejos. El “como” pueda gobernar esa entente debe juzgarlo usted, que está leyendo.

Ahora recuerdo que no fueron pocas, ni menores, las voces que antes del 26J osaron pedir desde los medios que se retiraran los cuatro líderes, no es preciso nombrarlos, que habían sido incapaces de cumplir la obligación dictada por las urnas el 20D de 2015: Gobernar. Por mi parte, mucho más realista, me limité a pedir que Mariano regresara a Galicia y que a Pablo  lo presentáramos de candidato a la ONU, que renovaba su Secretaría General, pero me hicieron el mismo caso que si yo hubiera sido alguien. Y despreciaron, no todos ni en igual medida, aquella oportunidad única. Ahora Iglesias, Rivera y Sánchez están de más a menos en precario porque han dejado el gobierno en manos del pasado. Los dos socios de esta alianza contra el cambio son, está dicho, un PP que no siente vergüenza por sacar a pasear el viejo miedo cuando la democracia les obliga a pensar, y un Tribunal Constitucional de un país que no es el mismo.

Lo prometido antes es deuda después: “Brasil, el país en el que los jueces tomaron el poder” era el titular al que me refería al principio. ¿Tanto como aquí?, me pregunto. ¿O quizás seamos los pioneros de una nueva tendencia? Otro país en crisis pero donde la corrupción sí parece capaz de provocar cambios de gobierno. ¡Qué envidia! Pero claro, allí no vienen de una guerra civil que ganaron los aliados de Hitler ni de una dictadura que prolongó la misma sangre durante cuarenta años. Tampoco tienen un gobierno que represente con tanta fidelidad lo peor que queda vivo de un pasado tan terrible como el nuestro.

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