¿Quién dice que no hay dinero? 80 millones de € a las concesionarias de las autopistas en 2011

Las autopistas radiales de peaje de acceso a Madrid y otras adjudicadas por los Gobiernos del PP recibirán 80,1 millones de euros del Estado en 2011 como adelanto de los ingresos por peaje que no logran alcanzar. El Congreso aprobará, con los votos de al menos el PSOE, PP y CiU (autor de la enmienda que se ha transaccionado), una cuenta de compensación para "aliviar" la situación de las autopistas, que apenas alcanzan la mitad del tráfico previsto cuando fueron adjudicadas.

Además de a las cuatro radiales de Madrid, la medida beneficia a las autopistas Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda, circunvalación de Alicante, Alicante-Cartagena, eje del aeropuerto de Barajas, y Madrid-Toledo. Estas dos últimas tienen solo el 13,1% y 15,1%, respectivamente, del tráfico pronosticado.

La cuenta de compensación implica que el Estado paga a las concesionarias (en las que participan Abertis, Ferrovial, Globalvía, Itínere y Sacyr, entre otras) la diferencia entre sus ingresos reales y el 80% de los previstos durante los próximos tres años. Cuando alcancen el 100% del tráfico pronosticado (Fomento está convencido de que se llegará a ese momento), el concesionario pagará al Estado la mitad del exceso para ir sufragando su deuda, a lo largo de toda la vida de la concesión, hasta 40 años.

El dinero adelantado (Fomento no ha anunciado cuánto habría que dedicar en 2012 y 2013) se devolverá con intereses, los mismos que se han establecido para los créditos participativos aprobados para esas autopistas por los sobrecostes de las expropiaciones. Fomento trata de tramitar una modificación presupuestaria para elevar de 200 a 331 millones los créditos de este año. Para 2011 se consignan en los Presupuestos 250 millones. Para que solo compute en déficit la cantidad destinada cada año a ayudar a las autopistas y no la inversión total, los concesionarios tienen que recibir menos dinero del Estado de lo que obtienen por peajes.

El Gobierno sostiene que está obligado por ley a buscar el reequilibrio financiero de las autopistas sin clientes y que la medida no tiene coste para las arcas públicas ni para el usuario, ya que no conlleva incremento de tarifas. Además, aduce que si se consumase el "riesgo elevadísimo de quiebra" de las concesionarias supondría un impacto en el déficit de 3.731 millones, más 1.421 por las expropiaciones, casi un punto del PIB.

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