¿Qué impide la movilización unida para ganar las reivindicaciones?

Publicación de la IV Internacional

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Con la retirada de las medidas de confinamiento, un reguero de movilizaciones recorre todo el país. A las movilizaciones de empresas por un motivo concreto, como las de los trabajadores y trabajadoras de Nissan y de Alcoa, hay que sumar las de los pensionistas, la enseñanza, la Universidad en Andalucía contra el recorte de un 10% en sus presupuestos que pretende imponer el gobierno de las tres derechas, las del personal de la sanidad contra los despidos de los contratados para la COVID, movilizaciones de migrantes reclamando su regularización, de las mareas blancas, de vecinos y vecinas en cada barrio por la sanidad… Una muestra –una más– de la voluntad masiva de no renunciar a las reivindicaciones y de movilizarse por ellas fue la movilización espontánea de miles de jóvenes en Madrid, que convirtieron una concentración ante la embajada USA en una manifestación contra el racismo. Algo similar sucedió en otras capitales de provincia, como Barcelona o Valencia.

A esta voluntad de luchar por las reivindicaciones se contraponen las amenazas del capital de utilizar la “reconstrucción” para imponer nuevos recortes (además, por supuesto, de mantener los que ya hay), y la inacción del Gobierno, por ejemplo, ante los cierres anunciados de Nissan y Alcoa. En ambos casos, el gobierno central (y los autonómicos) han multiplicado en vano los ruegos a las empresas de que reconsideren su decisión de cierre, las ofertas de nuevas ayudas y subvenciones… pero, sometiéndose a las multinacionales, no han tomado ninguna iniciativa para impedir de manera efectiva el cierre. Del mismo modo, la cesión del Gobierno ante los empresarios ha hecho que éstos consigan una nueva prolongación de los ERTE que elimina definitivamente la obligación de mantener el empleo cuando el ERTE termine. El Estado paga los salarios y las cotizaciones que tenían que pagar los empresarios, y encima éstos ponen las condiciones. Eso cuando se anuncia la conversión de miles de ellos en despidos colectivos (ERE)

En esta situación, muchos piensan que sería hora de que CCOO y UGT lancen un solemne llamamiento a todos los trabajadoras y trabajadores, de la sanidad al automóvil, a los pensionistas, autónomos, a toda la juventud… diciendo: la situación es insoportable, ¡ni un despido más!, incautación de las grandes empresas que quieran cerrar y de las residencias de mayores, un plan de reconstrucción de los servicios públicos y creación de empleo público, derogación de las reformas laborales y de pensiones. Que llamen a todas las organizaciones y colectivos de los trabajadores, autónomos, para formar una piña con un plan de movilización unida hasta lograr esas reivindicaciones urgentes. Nadie perdonaría que en esta situación las organizaciones no asuman su responsabilidad. Solo los trabajadores pueden levantar el país.

 

Las movilizaciones del 27 y 28 de junio

Las movilizaciones promovidas por las dos grandes confederaciones sindicales, y formalmente convocadas (según los textos y la convocatoria que circulan) por “sindicatos, el mundo de la ciencia, de la cultura, el periodismo y la sociedad civil”, parecen estar muy lejos de responder a esta exigencia. En primer lugar, por su objetivo principal, ya que se convocan “para exigir a las fuerzas políticas, sociales y económicas un gran pacto para la reconstrucción social de España y el refuerzo de nuestros servicios públicos”. Es decir, que su objetivo declarado es la búsqueda de “un gran pacto”. Ahora bien, ya hay un acuerdo de gobierno que dio lugar a la investidura de Pedro Sánchez y a la formación del gobierno de coalición. Un “gran pacto” no puede ser sino un pacto con las derechas, pero ese pacto no puede incluir reivindicaciones elementales como la derogación de las reformas laborales y de pensiones; de hecho, incluye la renuncia a derogar la reforma laboral de Rajoy, cuando ya había un acuerdo parlamentario para ello firmado por PSOE, UP y Bildu. Tenemos la experiencia de la “comisión de reconstrucción” del Congreso: la prensa publica que, para facilitar un acuerdo, PSOE y UP han renunciado a la subida de impuestos a las empresas y a la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas. ¿Cómo se va a pagar, entonces, la enorme deuda pública que, según todas las previsiones, va a llegar al 115-125% del PIB? ¿Van a pagarla, una vez más, los trabajadores?

Trotski señalaba en 1938: “Tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida contra el proletariado, así como cualquier impuesto que se imponga recae sobre los hombros de la clase obrera”. A este respecto, se calcula que la población trabajadora, que recibe menos del 50% de la renta nacional, paga el 70% de la recaudación por impuestos, computando IRPF, IVA e impuestos especiales. Sólo la acción de la clase trabajadora puede imponer impuestos realmente progresivos que abran la perspectiva de la incautación necesaria de los recursos financieros para ponerlos al servicio de las necesidades de la mayoría.

Sobre las movilizaciones del 27 y 28, citemos lo que dijo en su presentación el periodista Jesús Maraña, que explicó que el manifiesto y convocatoria de la movilización para el 27 de junio “es una iniciativa cívica que no tiene banderas”. Maraña añadió que se trata de una iniciativa “a favor de lo común”, para “reivindicar la concordia frente al clima de confrontación y odio, que tiene mucho que ver con la desinformación y los bulos. Y con la defensa de los servicios públicos y la necesidad de un pacto para la reactivación del país”.

Reivindicaciones elementales del movimiento obrero, como la derogación de las reformas laborales y de pensiones, de la ley mordaza, de la LOMCE, están ausentes de esa convocatoria. Como lo está la defensa de los puestos de trabajo de Nissan y Alcoa. No es de extrañar el escaso entusiasmo que despierta entre la mayoría trabajadora, el bajo perfil que los propios organizadores han dado al trabajo de preparación de la movilización.

¿No hubiera sido mejor un llamamiento a todas las organizaciones sindicales, políticas y sociales que representan a la mayoría trabajadora para asegurar que lo que se reconstruya sean los derechos de los trabajadores, la juventud, las mujeres y los mayores, y no los beneficios de una minoría de explotadores y especuladores? ¿Qué es lo que lo impide?

 

La CEOE y el Banco de España insisten en un “gran pacto” contra los intereses de la mayoría

Como ya señalábamos en una Carta Semanal anterior, los intervinientes en el foro empresarial organizado por la CEOE han insistido, uno tras otro, en la necesidad de un “gran pacto” que asegure que la “reconstrucción” favorece los intereses de las grandes empresas y del capital financiero. El lunes 22, en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional, reunido en la Zarzuela y presidido por el Rey, el Gobierno tuvo que escuchar el mismo discurso por boca de su Majestad.

El pasado 23 de junio, en la comisión parlamentaria sobre reconstrucción, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, volvía a pedir a los responsables políticos “consenso” y “un pacto político que abarque varias legislaturas”, que se debería basar en una “estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal”.

En estas condiciones, defender un “pacto de Estado” con las derechas es incompatible con la defensa de las reivindicaciones y necesidades de la inmensa mayoría.

Respondamos, para finalizar, la pregunta que da título a esta carta: lo que impide la movilización unida es el compromiso de los dirigentes de las organizaciones obreras, tanto políticas como sindicales, con intereses ajenos a los de la mayoría de la población, que es la que vive de su trabajo. La defensa del régimen de la monarquía genéticamente corrupta y de instituciones al servicio del capital, como la Unión Europea, impide que puedan actuar plenamente como organizaciones obreras, es decir, dedicadas a la defensa incondicional de los intereses de la inmensa mayor parte de la población, que es la que vive de su trabajo: el empleo y el salario dignos conjuntamente con todos los derechos democráticos.

Pese a ello, hemos de afirmar el lugar central que los sindicatos ocupan en la sociedad capitalista, a pesar de la política de sus dirigentes, que los debilitan. Los sindicatos pueden y deben ser puntos de apoyo necesario para la defensa de la clase obrera, y organizan por miles y miles de trabajadores y cuadros que se baten el cobre en sus empresas por la defensa de los trabajadores.

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