Cuando la Guardia Civil sostiene que el independentismo ha usado tácticas de “delincuencia organizada” solo caben, en buena lógica, dos conclusiones: o toda acción política es delito per se para la Benemérita o a todo lo que no entienden le llaman delincuencia organizada; igual que los médicos te dicen que tienes un virus cuando no saben qué tienes exactamente.Antón Losada

La obsesión por identificar “cerebros” e “ideólogos” en el procés nos remonta a décadas atrás, cuando pensar y tener ideas constituía delito y estaba penado con la prisión. Considerar perseguible la producción de un documental sobre una idea que puede presentarse a unas elecciones y una aspiración tan legítima como representa la independencia es un puro delirio. La lista de sospechosos crece cada día sin más criterio aparente que ir incluyendo a todos los previamente señalados como cómplices o equidistantes durante la batalla política e ir eliminando candidatas o candidatas potenciales. Algún día, cuando pase esta histeria neoespañolista y se juzguen los hechos, alguien deberá responder penalmente por semejantes desafueros por pura higiene democrática.

Se confirma que en Catalunya tenemos un problema más grave y urgente que formar un gobierno: detener a la Guardia Civil antes de que se hagan daño, se lo hagan a alguien o, peor, acaben cometiendo algún delito

Si alguien no detiene a la Guardia Civil acabaremos entrando en la lista de imputables los académicos e intelectuales que no seamos abiertamente hostiles al independentismo, los futbolistas que no se nieguen a jugar hasta que no haya una sola estelada en las gradas o los consumidores que compren en establecimientos que solo rotulen en catalán.

El derecho penal y la justicia penal son restrictivos por definición y se rigen por el principio de mínima intervención. Les guía la certeza, no la suposición, porque afectan a derechos y libertades y su uso extensivo genera daños irreparables y costes inasumibles para una democracia. Las causas generales están expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico español. Tampoco las fuerzas del orden o los jueces pueden extender artificial y voluntariosamente su acción y sus imputaciones sin más base que su personal e intransferible convencimiento sobre la culpabilidad de los investigados, o sin más indicios que apreciaciones, hipótesis, juicios de valor, powerpoints y agendas.

Las cazas de brujas son incompatibles con la democracia y el “si es usted inocente seguro que no le importa acompañarme a comisaría para demostrarlo” solo vale en las dictaduras y en los estados policiales. Todo lo demás, excusas.

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