Puerto Rico. La corrupción ambiental (parte 1)

Lucha por el Corredor Ecológico del Noreste y la «Deforma» de Permisos

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La corrupción se ha convertido en una característica cada vez más prevalente de las sociedades a nivel global, tendencia inherente a un sistema global que privilegia la acumulación de capital por encima de todo lo demás. En Puerto Rico, la corrupción ha sido un elemento recurrente del sistema político, históricamente enraizada en la relación colonial con Estados Unidos y su ‘estado de excepción’ , y la mafia local del poder bipartidista PNPPD que vive del mismo. Está claro que la corrupción que mostró el chat de Telegram fue uno de los elementos movilizadores para sacar a Ricky este verano. No obstante, la experiencia de este verano ha dejado claro que sacarlo a él y a la manada era necesario, pero no suficiente: también se hizo imperativo detener, reevaluar y revertir todas las políticas corruptas de esta administración , y de otras anteriores, y diseñar nuevas políticas que realmente propendan el bienestar y la recuperación de nuestro país.

En este ensayo, dividido en varias partes, quisiera plantear que la experiencia de las políticas ambientales es clave para entender la crisis de gobernanza que quedó de manifiesto este verano. Para esto, evalúo la experiencia de las políticas ambientales durante la última década, enfocándome en la corrupción como elemento central. A través de estas historias, podemos conocer más sobre cómo operan estos esquemas de la corruptela: la malversación de fondos, el inversionismo en campañas y el cabildeo de parte de intereses privados de lucro para ganar acceso privilegiado al gobierno, y una ‘puerta giratoria’ sin fin (cabilderos que se vuelven servidores públicos y luego vuelven al cabildeo) donde desaparece la frontera entre servidor público y cabildero privado: ‘el cabro velando las lechugas’. Vemos que los mismos actores se repiten en las historias –una clase dominante que funciona como una mafia ‘cleptocrática’ , de ‘amiguismos’ , de/para sus partidos, y de/para las corporaciones . De hecho, contrario al discurso dominante de la corrupción como un problema de servidores públicos, vemos que las corporaciones y sus cabilderos juega un papel central en la constitución, promoción y mantenimiento de esa corruptela gubernamental. Esta corrupción se ha profundizado en las últimas décadas por la política neoliberal que ha creado un gobierno cada vez más corporativo –el gobierno como empresa y como facilitador del empresarismo, ‘eficiente’ para el sector privado, pero no para la ciudadanía; y por un “estado permanente de emergencia” que ha facilitado la aprobación ‘fast-track’ de proyectos, obviando derechos de protección ambiental y participación ciudadana. La política de impunidad y de justificación de los grandes esquemas de corrupción –en especial los corporativos– se combina con acciones puntuales (arrestos en algunos casos) que aparentan que se está haciendo algo, sin cambiar mucho.

Todo esto se une a un discurso hegemónico pero vacío de ‘progreso’ que lo equipara al ‘crecimiento económico’, la ‘inversión millonaria’ y los ‘empleos’, que presenta al medioambiente y los derechos sociales y humanos como ‘barreras’ al desarrollo, o como una estrategia de ‘greenwashing’ donde lo ‘verde’ es cualquier cosa (la ‘Vía Verde’ del gasoducto del norte por ejemplo). Ese discurso, de hecho, justifica la corrupción, como recordaremos los que vivimos el lema popularizado de ‘Roselló (papá) era corrupto, pero hacía mucha obra (mucho desarrollo, etc.)’. Recientemente, también observamos que los desastres generados por esa misma mafia, entre ellos el de la deuda y de María, han abierto nuevas oportunidades de corrupción, incrementado las presiones sobre nuestro territorio para convertirlo en un ‘paraíso’ para los ricos: paraíso de beneficios fiscales y oportunidades de inversión, de hoteles y complejos residenciales de lujo, una economía de (y para) el ‘visitante’. El resultado en conjunto es un gobierno que sistemáticamente obvia leyes, reglamentos y planes existentes, y diseña leyes a medida de esos intereses privados, y contra derechos humanos y constitucionales, el interés público y el bien común. No obstante, estas historias nos dan esperanza, al recordarnos que gracias a la persistencia de movilizaciones y autogestión ciudadanas, se han logrado detener muchos proyectos y personajes corruptos.

La corrupción en la política de conservación de tierras

Esta primera parte, y la segunda, tratan sobre los atentados del gobierno contra la conservación de áreas naturales o de alto valor ecológico. Nuestra Constitución, aunque nunca ha valido mucho en el “estado de excepción colonial”, establece un derecho del pueblo al disfrute de nuestros recursos naturales. De igual forma, la Ley de Política Pública Ambiental establece un derecho a un medioambiente sano. Esto se traduce a un mandato de conservar dichos recursos, por medio de, entre otras cosas, proteger áreas de alto valor ecológico. No obstante, la trayectoria de acciones gubernamentales desde los años 70, cuando surgió el marco legal ambiental del país, ha sido que, en vez de expandir la protección de nuestro territorio, buscan explotarlo. La lucha contra la propuesta explotación minera en la Cordillera Central dio nacimiento al movimiento ambiental moderno a finales de los años 60 , y posteriormente, con el liderazgo comunitario de Casa Pueblo de Adjuntas, dio paso a que el gobierno creara el Bosque del Pueblo en 1995 (el Bosque del Pueblo), la primera acción gubernamental de protección de bosques en 30 años (y la primera vez que un bosque sería co-manejado desde la comunidad). O sea, por 30 años, el gobierno ignoró el mandato de conservación ambiental, y así ha continuado haciendo en la mayoría de los casos, al punto que solo el 16% de nuestro territorio está protegido en ley. De hecho todas las áreas naturales que se han protegido en Puerto Rico desde los años 90 han sido por iniciativa de luchas comunitarias a las que el gobierno se ha visto presionado a responder. Cuando el gobierno ha tomado acciones, ha sido, por el contrario, para promover proyectos destructivos en áreas que debieran ser conservadas, o para desproteger áreas ya conservadas para permitir más “desastrollo”: casos como los proyectos propuestos de Costa Serena en Piñones, Colombus Landing en Playuela (Aguadilla), Discovery Bay en Aguada, Ciudadela en Cayey, y los resorts Dos Mares Marriott y San Miguel Four Seasons en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

En esta primera parte, me enfoco en el caso del CEN y la Deforma de Permisos durante la administración Fortuño-Pierluisi, porque ha sido uno de los más notorios de corrupción en Puerto Rico, y está directamente vinculado a las estrategias que usa la mafia actualmente para privatizar y destruir nuestros recursos naturales, en especial con la desprotección de áreas naturales bajo Ricky y el nuevo “Mapa de Calificación de Suelos” (#WandaAnúlalo).

El Corredor Ecológico del Noreste (CEN)

El área del CEN –un bosque costero de cercad de 1,200 cuerdas entre Luquillo y Fajardo– había sido designada por el gobierno desde los años 70 como de alta prioridad para conservación en planes oficiales. En 1992, antes de las elecciones, el DRNA sometió un documento de designación de reserva natural para el área ante la Junta de Planificación, que destacaba su biodiversidad: bosque costero, humedales y manglares, playas, arrecife de coral, una laguna bioluminiscente ,y más de 800 especies de flora y fauna, de las cuales 54 eran especies “críticas” (raras, endémicas, amenazadas, o en peligro de extinción). No obstante, al llegar a la gobernación, Papá Roselló, junto a Luis Fortuño de director de la Compañía de Turismo y Secretario de Desarrollo Económico, descartaron esa propuesta, presentaron un nuevo plan de desarrollo turístico contemplando complejos residenciales-turísticos en el área, y cambiaron la zonificación del lugar para estos fines –igual que ahora hace la JP con todo Puerto Rico en su mapa de calificación. Esto fue en el boom de desparrame urbano y “gentrificación costera” promovido por Roselló y los intereses de la construcción como la vía del progreso. Poco después de aprobado el Plan turístico, se presentaron propuestas para dos mega-resorts de empresas hoteleras transnacionales en el área: Dos Mares, de JW Marriott, y San Miguel, de Four Seasons. Estos proyectos proponían construir cerca de casi 5,000 unidades de vivienda de lujo y hotel, y cuatro campos de golf (en una región que ya tenía 14 campos de golf). Amenazaban con destruir,

A pesar del cambio de partido, la política durante la administración de Sila no cambió mucho. En 2003, el DRNA endosó los dos mega-resorts, en contra de la recomendación de los técnicos evaluadores de la agencia. Además del ‘reversazo’ injustificado (o justificado a puro billete) de una política ya establecida, esta decisión estuvo marcada por una falta de transparencia en la consulta pública, y por fuertes conflictos de intereses –por ejemplo la esposa del entonces Secretario del DRNA era consultora de uno de los proyectos. Los empresarios y defensores del proyecto en el gobierno alegaban que el proyecto sería de ‘gran beneficio’ para la región y para el país. Enfatizaban no solo los empleos y la inversión millonaria, sino que usaban el discurso verde alegando que sus proyectos integraban la conservación con el desarrollo económico.

Una lucha multisectorial liderada por la Coalición Pro-Corredor Ecológico del Noreste detuvo estos proyectos y para el 2007 logró un apoyo casi unánime en la legislatura para convertir el área en una reserva natural. No obstante, tres de los más poderosos senadores del PNP en ese entonces –Kenneth McClintock, Carlos Diaz y Jorge De Castro Font, se opusieron y descarrillaron el proyecto. En 2008, De Castro Font fue convicto por liderar un esquema de extorsiones, sobornos, lavado de dinero y donativos de campaña ilegales con empresarios privados a cambio de influenciar proyectos legislativos. Posteriormente, el convicto reveló que tanto él como McClintock y Díaz recibieron sobornos de los empresarios que proponían los ‘resorts’ en el CEN (Efraín Kier, Luis Alberto Rubí, Mark Green, y Juan R. Zalduondo Viera) para impedir la aprobación del proyecto de ley de conservación del CEN en 2007. Carlos Díaz fue uno de los más vocales en contra de la conservación del área y a favor de los resorts, alegando que él prefería el ‘desarrollo por encima del ambiente’. El entonces gobernador Acevedo Vilá, respondiendo a la presión pública, aprobó una orden ejecutiva para declarar al CEN como reserva. El escándalo de corrupción y la designación del CEN como área protegida no evitó que en 2008, al final del mandato de Acevedo Vilá, la Compañía de Turismo le otorgase un préstamo de $6 millones a Zalduondo Viera para construir el San Miguel resort, “a excepción de la política de inversión” de la agencia , y contradiciendo claramente la orden ejecutiva del propio Acevedo Vilá.

Al llegar al poder en 2009, Luis Fortuño derogó esa orden ejecutiva, la primera vez en la historia de Puerto Rico en que un gobernante removía la designación de un área ya protegida . Fortuño hizo alegaciones sobre supuestas fallas procesales en la designación original de la Reserva para justificar esta acción, y prometió que el área se mantendría protegida. No obstante, el DRNA y la Junta de Planificación rediseñaron los límites físicos del Corredor de forma que quedaron fuera los terrenos donde se habían propuesto el Dos Mares y el así como otros cuatro proyectos residenciales-turísticos en donde el entonces Secretario del DRNA Daniel Galán, había sido consultor privado, incluyendo uno de una corporación del hermano de Luis Alberto Rubí (Cleofe Rubí). A la misma vez, en 2009, la Compañía de Turismo le otorgó una extensión al préstamo de Zalduondo. La agencia estaba dirigida en ese entonces por Jaime A. López Díaz, quien había sido consultor y gerente de construcción del San Miguel como abogado en el bufete McConnell & Valdés. En el 2012, con Fortuño ya de salida y habiendo aprobado el Senado un proyecto de ley para conservar los terrenos públicos del CEN, la Compañía de Fomento Industrial intentó vender algunos de esos terrenos públicos donde habían proyectos turísticos propuestos. La lucha de la Coalición Pro-CEN pudo más que esa corruptela y en 2013 la totalidad del CEN fue designado finalmente mediante ley como reserva natural tras la aprobación unánime de la Legislatura y el gobernador García Padilla.

No obstante, la historia de la corrupción no acabo ahí. Un informe de 2016 de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, que respondió a denuncias que venía haciendo la Coalición Pro-CEN desde 2008, encontró que en el proceso de adquirir los terrenos de los proponentes del San Miguel y el Dos Mares entre 2007-2008 (bajo Acevedo Vilá), 2009-2010 (bajo Fortuño) y 2013 (bajo García Padilla), se inflaron artificialmente y de forma ilegal los valores de las propiedades en tasaciones, pagando un total de $36 millones por cuatro propiedades, a razón de $10,000 a $70,000 dólares por cuerda para terrenos que previamente habían tasado cerca de $1,000 por cuerda. . Esas tasaciones se hicieron de forma ilegal porque estaban basadas en una “presunción extraordinaria” del desarrollo de los resorts en esos terrenos, a pesar de que los proyectos no eran viables porque la mayoría de los terrenos eran humedales y zona inundable y no tenían un solo permiso de construcción.

Los empresarios catalíticas de la corrupción y la política de impunidad

El caso de Zalduondo Viera (abogado, dueño de propiedades y proponente del San Miguel Four Seasons) muestra las conexiones entre la corruptela del gobierno, los partidos, las mega-corporaciones (hoteleras en este caso) y el narcotráfico. Zalduondo era un reconocido recaudador y donante del PPD y sus candidatos (incluyendo Sila y Acevedo Vilá), y fue miembro de la comisión que evalúa el desempeño de los jueces en la Rama Judicial. En 2014, fue referido por el DRNA al Departamento de Justicia por fraude en beneficios contributivos de $2.2 millones otorgados para una servidumbre de conservación, y en 2017, se declaró culpable por su participación en un esquema de lavado de dinero de una narco-pandilla (un vínculo que posiblemente se repite en otros proyectos).

Otros de los empresarios participantes en los sobornos de De Castro Font y sus Bros se han mantenido muy activos en otros proyectos de desastrollo con los mismos patrones de corrupción. Entre ellos destacan Alberto de la Cruz Rionda, Presidente de Coca Cola Puerto Rico Bottlers (Ciudadela de Cayey), Joel Katz (Costa Serena), y Frank Trógolo (Mall of San Juan). De la Cruz es socio, junto a Green y Rubí, del propuesto centro comercial Ciudadela de Cayey, que se pretende construir en terrenos de alto valor agrícola, y también plagado de muchas ilegalidades. De la Cruz también estuvo vinculado a un esquema de aportaciones ilegales a la campaña del gobernador de Fortuño. De acuerdo a los datos de donativos disponibles en la Oficina del Contralor Electoral desde el 2011 hasta el 2017, Green, De La Cruz y los hermanos Rubí han sido donantes activos en campañas electorales de ambos partidos, aunque predominan los donativos al PNP y sus candidatos: Fortuño, Roselló, Pierluisi, Rivera Schatz, Larry Seilhamer, Tata Charbonier, entre otros.

Por su parte, Joel Katz, por décadas aterrorizó a la comunidad de Piñones con su propuesto “Costa Serena”, un mega-proyecto de condo-hotel, residencias, centro comercial y casino que hubiera sido el más largo de Puerto Rico y que amenazaba con privatizar la playa, destruir un enorme bosque de mangle, y desplazar a la comunidad histórica y predominantemente negra. Una nota del 2002 del Caribbean Business da una muestra del discurso hegemónico de desarrollo que enfatiza la inversión millonaria y los empleos (inflados): “The new $223.5 million environmentally friendly Costa Serena project in Piñones near San Juan’s tourism sector will generate 4,282 jobs, $62.6 million in annual payroll, and generate $22.6 million in annual state & municipal taxes”. Gracias a una larga lucha de la comunidad, liderada por la Corporación Piñones se Integra (COPI) y la Coalición Piñones Loíza (CPL), el proyecto no se llevó a cabo, y salieron a relucir todas las tramas de la corruptela. En 2006, el gobernador Acevedo Vilá ofreció (y pagó) a Katz $4.9 millones para adquirir los terrenos del proyecto. Esto de entrada era mucho, ya que no existía ningún proyecto aprobado allí, el proyecto no tenía ningún permiso aprobado, la totalidad de los terrenos eran zona inundable, 88% de los mismos eran zonificados para conservación de recursos, y una parte sustancial no eran ni de él – eran mangles y dunas que por ley son bienes de dominio público. La entonces senadora Margarita Nolasco pidió una investigación, y De Castro Font salió a defender la legalidad de Costa Serena. La compra-venta se realizó, y se creía que los terrenos ya estaban protegidos. No obstante, en 2011, bajo el mandato de Fortuño, Katz alegó que no le habían pagado por los terrenos, sino solo por el ‘derecho a desarrollarlos’. El DRNA entonces le ofreció a Katz $32.6 millones por los terrenos, lo cual hubiese sido un pago doble por los terrenos. El mismo gobierno desistió de esa transacción ante el gran escándalo de corrupción que representaba: recordemos, se trataba de un empresario que había sobornado al convicto De Castro Font para adelantar los intereses de este proyecto.

Estos casos también nos muestran la política de impunidad que impera en la corrupción ambiental en Puerto Rico. De Castro Font sirvió solo 5 años en la cárcel, al salir ‘le llovieron’ las ofertas de trabajo, y terminó de analista político. Ninguno de los empresarios vinculados al esquema de sobornos de De Castro Font fue acusado por este esquema. Tampoco ninguno de los otros políticos (entre ellos McClintock, Díaz, Toñito Silva y Lucy Arce) que de acuerdo al propio De Castro Font también recibían sobornos. McClintock fue nombrado Secretario de Estado bajo Fortuño, sigue siendo figura importante en el PNP, fue ‘asesor’ de una firma (Politank) y de Rivera Schatz, y ahora es ‘analista político’.

La Deforma de Permisos y la puerta giratoria

Los ataques a áreas de conservación durante Fortuño-Pierluisi fueron parte de una serie de ataques más amplios a la protección ambiental y para facilitar el desastrollo, siendo ejemplo emblemático la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley 161-2009). Esta ley se enmarcaba en la profundización del experimento neoliberal de austeridad, privatizaciones y desregulación adelantada desde los 80 bajo distintas administraciones, pero más marcadamente en los 90 bajo Papá Roselló. Redactada por el bufete corporativo McConnell y Valdés (donde trabajó antes Fortuño), dicha ley tuvo como objetivo principal agilizar la otorgación de permisos debilitando procesos de evaluación ambiental y participación ciudadana. Entre otras cosas, la ley le quitó a las agencias ambientales (DRNA y JCA) el poder de evaluar y aprobar directamente los aspectos ambientales de los proyectos (estudios de impacto ambiental, planes de mitigación), pasándole esa autoridad a una nueva agencia, OGPe, cuya misión no es proteger el ambiente, sino aprobar permisos ‘fast-track’. Junto a esta “deforma” de permisos, como la han denominado grupos ambientales, el despido masivo de empleados bajo Fortuño favoreció el desmantelamiento de las agencias ambientales (DRNA y JCA), con el resultado de que la falta de voluntad política se suma a una incapacidad de velar por la protección de áreas: oficinas enteras desaparecieron o quedaron con solo su director. Así las cosas, vecinos que luchan por proteger su medioambiente, como la comunidad de Toro Negro que lucha contra la práctica de carros metiéndose al río, llegan a preguntarse “¿para qué sirve el DRNA?”

Estas acciones eran un regalo –o más bien un intercambio de regalos– a los grupos de lo que se ha denominado el “bloque criollo” : la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), la Asociación de Industriales, la Asociación de Contratistas Generales, y la Cámara de Comercio– y una nueva camada de inversionistas extranjeros. De hecho, el gobierno de Fortuño-Pierluisi es ejemplo clásico de la puerta giratoria entre el gobierno y este bloque: Fortuño, previo a su puesto en Turismo/Desarrollo Económico en los 90, y luego previo a ser Gobernador, había sido abogado de bancos hipotecarios e inversor en proyectos de construcción, junto con un ex-presidente de la ACH, mientras que Pierluisi fue abogado de constructores y presidente de dicha Asociación. La ACH y sus directivos han sido donantes recurrentes del PNP y de Fortuño, Pierluisi, Roselló, y Rivera Schatz, entre otros (y también del PPD). Fortuño y el PNP recibieron millones de este bloque para su campaña de reelección. No es coincidencia que estos grupos se reunieran con Pierluisi y lo endosaran en su intento de golpe de estado este verano, y luego hicieran lo mismo con Wanda Vázquez. Encima de su poder monetario, este bloque también tiene un poder ideológico: a través de los años ha logrado un consenso sobre el supuesto beneficio económico y social de la construcción – un consenso falso, porque no se sustenta con los datos.

La puerta continuó girando después del cuatrienio de Fortuño-Pierluisi: ambos volvieron a trabajar como abogados-cabilderos corporativos, desde donde hoy siguen empujando políticas que favorecen intereses privados por encima del bien común. Fortuño está en DC (para Steptoe & Johnson), donde ha estado representando a empresas de combustibles fósiles y de infraestructura asociada en jugosas contrataciones con el gobierno (sobre lo que hablaré en la próxima entrada de esta serie), y a los super ricos, contra los intentos actuales del Congreso de Estados Unidos de investigar bajo las leyes 20/22, diseñadas por el propio Fortuño. Mientras, Pierluisi se convirtió en cabildero para diversos intereses corporativos, incluidos fondos buitres, empresas constructoras y la compañía de carbón AES, y abogado de la Junta de Control Fiscal, la misma que ayudó a establecer como Comisionado Residente.

En conclusión, el caso del CEN y el de la reforma de permisos muestran algunas de las dinámicas clave por medio de las cuales se entrelazan servidores públicos, consultores, empresarios, cabilderos, en relaciones que benefician a sus arcas personales, corporaciones y partidos, en pos de un modelo de “desastrollo”, para la acumulación de capital de una élite. Donativos a campañas políticas, puertas giratorias entre corporaciones y puestos públicos, esquemas de sobornos y lavado de dinero, son todas formas de corrupción, legales o ilegales, pero con el mismo efecto: subvertir en la política pública la urgente necesidad de proteger nuestras tierras y sus ecosistemas (y la gente, que depende de estas tierras para su bienestar). Gracias a las luchas ciudadanas como las de la Coalición Pro-CEN, conocimos más sobre estas historias de corrupción, y se han podido detener parte de estos desastres, y crear espacios protegidos que, con todo y sus retos, conservan ecosistemas esenciales para la vida, contribuyen directamente al bienestar de las comunidades de la región, y puede servir para experimentar formas más ecológicas y democráticas de gestión del territorio. En la próxima entrada, continuaré discutiendo esta dialéctica entre la corrupción-desastrollo y las luchas ciudadanas en las políticas de conservación de terrenos durante la administración de Ricky, con los casos de la derogación de más áreas protegidas, y el propuesto mapa de calificación de suelos.

 

Referencias

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La corrupción ambiental (parte 1)

 

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