19 y 20 de junio: Protestas en todo el Estado denunciando el cierre de fronteras ante el éxodo migratorio

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Decenas de ciudades en todo el Estado Español se están movilizando el 19 y 20 de junio, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, para denunciar públicamente al Gobierno español y a todos los demás estados de la UE por el cierre de fronteras ante la llegada de millones de personas a Europa que huyen de la guerra y la miseria. La denegación del derecho al asilo y de protección internacional, la falta de vías seguras y legales de entrada, las deportaciones masivas e ilegales de Grecia a Turquía, la represión policial en los campos de refugiados… en definitiva, un conjunto de denuncias ciudadanas ante la vulneración flagrante de los derechos humanos y de las leyes comunitarias por parte de los estados europeos ante el éxodo migratorio. Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla y Barcelona son algunas de las capitales de provincia que han programado grandes movilizaciones para denunciar a la “Europa frontera”.

En lo que va de año, cerca de 3.000 personas han muerto en aguas del Mediterráneo intentando alcanzar Europa, un magnicidio que parece desbordarse frente a los 3.770 muertos de todo el pasado año. Según ACNUR, ya son 36.000 personas las que han perdido la vida en el mar Mediterráneo desde el año 2000. Si el año 2015 fue el más trágico de los últimos tiempos, este 2016 parece alcanzar el récord de la deshumanización.

En Barcelona, la protesta se realizó ayer domingo 19 de junio con una participación estimada por los participantes de 40.000 personas bajo el lema «Abrid fronteras. Queremos acoger” (ver crónica y fotos) exigiendo al actual Gobierno en funciones que acoja a las personas refugiadas y garantice el derecho de asilo, que deje de bloquear las iniciativas de acogida y que revise la ley de asilo española “absolutamente restrictiva e injusta”.

Toni Borrell, portavoz de Stop Mare Mortum, denuncia que España lleva años vulnerando el derecho al asilo en su frontera sur devolviendo en caliente a Marruecos a los migrantes que intentan pasar las vallas de Ceuta y Melilla: “Más allá de lo que ocurre en Grecia o Italia, en nuestra casa se vulneran sistemáticamente los derechos humanos cada día”.

Además de exigir al Ejecutivo en funciones, también reclaman al futuro Gobierno y a los demás estados europeos “una revocación” del pacto entre la UE y Turquía, acabar con el control de fronteras, proteger al voluntariado, vías legales y seguras de entrada, dejar de sustentar las guerras de los países en conflicto y nuevas políticas migratorias. Sus organizadores quieren aprovechar para “influir sobre los comicios electorales” del 26-J.

Migrantes y activistas de pie sobre las rocas en el paso fronterizo San Ludovic, en el mar Mediterráneo entre Ventimiglia, Italia, y Menton, Francia. REUTERS/Eric Gaillard

Toni Borrell explica que “el contexto debe servir para que el futuro Gobierno español haga políticas migratorias respetuosas con el derecho al asilo y establezca los mecanismos necesarios para que las personas que llegan a Europa lo hagan a través de vías seguras y legales de entrada”. Borrell recuerda que España debe facilitar que “las reubicaciones de las personas estancadas en Grecia, sin ningún tipo de cobertura legal ni de derechos, se completen inmediatamente”.

Por el momento, España solo ha acogido a unas 150 personas de las 16.000 acordadas con la UE hasta 2017. Pese a que el Ministerio del Interior haya anunciado que prevé reubicar a cerca de un millar de personas antes de finalizar el verano desde Grecia, Italia, Líbano y Turquía, se queda muy lejos de los compromisos asumidos con la UE para la reubicación de 9.323 personas y el reasentamiento de otras 1.449 que se dispuso a acoger desde los campos de refugiados a lo largo de este año.

Pascale Coissard, representante de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), informa de que han habido contactos con los partidos políticos y “hay partidos que se han comprometido con la reubicación, e incluso quieren aumentarla, y otros lo han dejado en el aire”. En un encuentro entre partidos políticos organizado esta semana por Stop Mare Mortum en Barcelona, solo el PP apoyó el acuerdo entre la UE y Turquía mientras las demás formaciones catalanas aseguraron que retirarían su apoyo en caso de llegar al Ejecutivo.

«Queremos que se abran las fronteras, la acogida de las personas refugiadas en cumplimiento de los acuerdos de reubicación y la retirada del apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía”

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunciaba esta semana que el Gobierno del PP denegó en 2015 casi el 70% de las solicitudes de asilo, y eso que España solo ha recibido un 1% de las peticiones registradas en toda la UE (casi 15.000 peticiones frente a 1,32 millones en toda Europa). Por ello, detalla Coissard, la Comisión ha presentado cinco medidas urgentes que debe tomar el nuevo Ejecutivo español y que esperan que con las movilizaciones de los próximos días “se tomen ya”: “Queremos que se abran las fronteras, la acogida de las personas refugiadas en cumplimiento de los acuerdos de reubicación adoptados en la UE; la retirada del apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía; vías seguras y legales de acceso al procedimiento de asilo; la eliminación de los obstáculos para obtener el derecho al asilo y la trasposición de directivas europeas en materia de asilo”. Coissard aclara que “desde 2009 no existe un Reglamento para la Ley de Asilo, lo que da pie a la arbitrariedad en su aplicación”.

A lo largo del año, ante la falta de voluntad del Gobierno del PP para garantizar el derecho al asilo, varias comunidades autónomas y municipios han lanzado iniciativas para avanzar en la acogida de personas refugiadas. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que a principios de año quiso promover el “barco de la esperanza” para trasladar a 1.400 refugiados, o de Catalunya, donde la Generalitat ha mostrado su disposición a recibir a 1.800 personas de forma inmediata y a otras 4.500 a largo plazo. Pero los bloqueos del Gobierno central mentienen paralizadas estas iniciativas o capacidades de acogida.

Toni Borrell reconoce la voluntad de Valencia y Catalunya, pero aclara que “quien puede dar permiso de entrada de las personas refugiadas es el Estado”. “Me parece muy bien que [las comunidades] quieran acoger, pero hace falta presionar más al Estado para que la acogida sea amplia”.

Pese a todo, la demostración de solidaridad y humanidad la está ejemplificando la propia sociedad civil. “Es la ciudadanía la que está realizando el trabajo que le corresponde a las instituciones”, considera Borrell, quien ha viajado varias veces a los campos de refugiados de Grecia y puede dar cuenta de la gran cantidad de voluntarios que atienden a las personas olvidadas por los gobiernos europeos. Son los voluntarios los que sostienen campamentos autogestionados como el de Eko Station, cerca de Idomeni, que estos días ha sido desalojado por las autoridades griegas para trasladar a las personas refugiadas a los campos militares y proceder a su expulsión a Turquía. “De golpe ha habido una conciencia ciudadana sobre el derecho al asilo como un derecho humano que cualquiera de nosotros podría necesitar. No es una cuestión de solidaridad, sino de derechos humanos”, sostiene Coissard.

“Esperamos que la movilización sea multitudinaria porque hay mucha sensibilidad con la situación de las personas refugiadas”, augura la portavoz de la CCAR de cara a la protesta en Barcelona. A partir del próximo domingo, las calles de todo el país volverán a ser el epicentro de la indignación ciudadana frente a la inacción de un Gobierno que permanecerá en la memoria histórica como partícipe y sustento de la deshumanización europea.

Fuente: Diario Público y elaboración propia.

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