Propuestas de la Federación de Sindicatos de Periodistas a los candidatos del 2D

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La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha planteado a los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 20 de diciembre sus propuestas para dignificar las condiciones laborales y profesionales de los informadores y en defensa del derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía.

La FeSP reclama a quienes aspiran a gobernar España un profundo compromiso para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, un derecho constitucional y humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el documento, entre otras propuestas, la FeSP plantea la necesidad de elaborar con la máxima urgencia una Ley sobre el Derecho a la Información y la Comunicación de la Ciudadanía, una cuestión en la que muchos países de nuestro entorno nos llevan una considerable ventaja democrática. También reclama con urgencia una Ley de Derechos Laborables de los Periodistas, que contribuya a poner fin a la precariedad laboral generalizada del sector, especialmente en el colectivo más desfavorecido (freelancers, periodistas a la pieza y autónomos), que en Europa sí está regulado.

Otra petición a los candidatos consiste en que promuevan las reformas legislativas necesarias para desgubernamentalizar RTVE y la Agencia EFE y dotarlas de mecanismos de gestión y dirección plenamente independientes, elegidos por sistemas democráticos y transparentes.

El documento en su conjunto se puede consultar en este enlace.

Junta Ejecutiva Federal de la FeSP


PROPUESTAS A LAS CANDIDATURAS PARA LAS ELECCIONES GENERALES DEL 20-D

Diciembre de 2015

Los medios de comunicación son imprescindibles en democracia. Y el derecho de la ciudadanía a la información y la comunicación es un derecho humano y constitucional como lo son los de la educación, la sanidad y otros. Pero ese derecho solo será una realidad plena y se podrá cumplir de manera efectiva cuando los poderes públicos competentes adopten las medidas necesarias para garantizar que los profesionales de los medios, tanto públicos como privados, puedan trabajar con independencia, sin injerencias políticas o de otro tipo y en condiciones laborales dignas.

Ante las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) -que está integrada en la Federación Europea de Periodistas (FEP) y en la Federación Internacional de Periodistas (FIP)- insta a los partidos políticos y formaciones que concurren a estos comicios a que se comprometan a promover las reformas legales necesarias y a adoptar las medidas precisas para garantizar que los medios de comunicación puedan hacer efectivo el derecho a la información que consagra el artículo 20 de la Constitución.

Con ese objetivo, la FeSP plantea a todas las candidaturas que asuman y defiendan las siguientes

PROPUESTAS:

1. Compromiso con el Derecho a la Información y la Comunicación de la Ciudadanía (DICC)
– Que promuevan una Ley del Derecho a la Información y la Comunicación, en la que se regule la profesión periodística, los derechos y deberes de los informadores profesionales, los enviados especiales a guerras y zonas de conflicto (Estatuto del Corresponsal de Guerra) y todo lo necesario para que el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía sea una realidad plena..
– Que creen un Consejo Estatal de la Información que vele por el cumplimiento de esa ley.

2. Transparencia en todos los ámbitos de la comunicación
– Que consideren la transparencia como la seña de identidad en todos los ámbitos de la comunicación: concesión de licencias de emisión para medios audiovisuales y un registro público de operadores de radio y televisión; subvenciones, ayudas y publicidad institucional, con la garantía de que los medios comunitarios no serán discriminados; conocimiento público de la propiedad de los medios relacionados comercialmente con las Administraciones…

3. Legislación laboral y apoyo al empleo
— Que, de manera urgente, regulen por ley a los periodistas precarios (freelancers y periodistas a la pieza, autónomos, colaboradores…), a través de una Ley de Derechos Laborales de los Periodistas, que ayudaría a frenar la actual y permanente vulneración de la legislación laboral.
– Que, también de manera urgente, promuevan medidas de ayuda a cooperativas de trabajadores de la comunicación, emprendedores, víctimas de despidos colectivos y a la creación de puestos de trabajo en los medios de comunicación.

4. Consejos Profesionales
– Que promuevan la creación de Consejos Profesionales o Consejos de Información en las empresas de comunicación, a partir de un número determinado de trabajadores, como vía de participación de los profesionales, y que estos sean escuchados, con carácter vinculante, en los nombramientos de los cargos directivos.

5. Leyes Audiovisuales
– Que promuevan y defiendan una modificación de la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual y la aprobación de unas leyes similares en las comunidades autónomas, con la colaboración de empresarios, sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones ciudadanas representativas.
Esas leyes deben incluir:
Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y consejos autonómicos, que vigilen el cumplimiento de dicha ley, garanticen la aplicación del derecho de acceso e intervengan en la concesión de las licencias, que deberán ser repartidas a partes iguales entre el servicio público, las empresas privadas y las iniciativas sociales sin ánimo de lucro.
• Nuevo sistema de medición de audiencias.
• Alfabetización audiovisual.
• Consideración del futuro de la radio y de la televisión en internet y mediante su difusión a través de todos los procedimientos.
• Normas que eviten la actual concentración de medios y los oligopolios mediáticos.
– Que establezcan mecanismos de control sobre las frecuencias de radio y televisión estatales y autonómicas, para ordenar el espectro radioeléctrico. Las nuevas licencias se concederán mediante concurso público, con total transparencia y teniendo en cuenta, en igualdad de condiciones y a partes iguales por tercios, al sector público, las empresas privadas y los medios comunitarios sin ánimo de lucro.

6. RTVE
– Que Radio Televisión Española (RTVE) sea considerada y definida como un servicio público esencial, adoptando medidas para garantizar su independencia, respeto al pluralismo y no gubernamentalización.
– Que sus directivos sean elegidos por métodos democráticos y con transparencia, para garantizar un funcionamiento independiente de los caprichos de los gobiernos de turno.
— Que regulen por ley
Presidente/a y Consejo de Administración nombrados por las Cortes Generales por mayoría cualificada de dos tercios.
Consejo de Administración independiente, con participación profesional, social y sindical: profesionales cualificados, un portavoz de los Consejos de Informativos y un representante del Comité de Empresa, elegidos por consenso.
Control institucional, político, profesional y social a cargo, respectivamente, del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, Comisión parlamentaria, Consejos de Informativos y Consejo Ciudadano.
Creación de un Consejo Ciudadano, constituido por representantes de organizaciones sociales, que haga recomendaciones y reclamaciones al Consejo de Administración.
Financiación estable y suficiente, fundamentalmente pública.
Producción propia de la mayoría de la programación y prohibir la contratación externa de los espacios informativos.
Derecho de acceso, mediante espacios de libre disposición, con apoyo técnico y profesional.

7. Radios y televisiones públicas autonómicas y locales
– Que, dentro de sus competencias y con total respeto a las de las comunidades autónomas y ayuntamientos, garanticen la pervivencia de las radios y televisiones públicas de ámbito autonómico y local, impidiendo su privatización, y que se establezca su carácter de servicio público esencial.
– Que, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, respetando sus competencias, promuevan para las radios y televisiones autonómicas y locales mecanismos de democratización de su gestión e independencia similares a los de los medios públicos estatales.
– Que se prohíba a las autonomías y ayuntamientos que obtengan licencias para radios o televisiones la posibilidad de ceder su explotación a empresas privadas. En el caso de que las mantengan inactivas durante un tiempo que sobrepase el período máximo fijado en la concesión, la licencia será revocada y sacada de nuevo a concurso público.
– Que se prohíba la externalización de los espacios informativos.
– Que se garantice el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de las asociaciones, sindicatos y organizaciones representativas de la ciudadanía.
– Que las distintas administraciones incluyan en los concursos para la concesión de licencias de radio o televisión, así como en los contratos con productoras audiovisuales u otras empresas, cláusulas que garanticen: igualdad entre hombres y mujeres, tanto en salarios y promoción profesional como en el tratamiento informativo; conciliación de la vida personal y la actividad profesional, y códigos éticos para el tratamiento de la información sobre la violencia de género, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas.

8. Agencia EFE
– Que garanticen la independencia y la democratización de la gestión de la agencia EFE, con un Estatuto específico y un contrato-programa que asegure su viabilidad y financiación pública.
– Que su presidente/a sea elegido/a por concurso público, con criterios profesionales y no partidistas.

9. Publicidad de juegos y prostitución
– Que regulen la publicidad de juegos, loterías y apuestas en radio, televisión, prensa e internet y que prohíban los anuncios de prostitución en los medios públicos.

10. Educar en el derecho a la información
Que el Gobierno central y los autonómicos y municipales promuevan campañas sobre el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía y el uso responsable de Internet, para fomentar una opinión pública informada y crítica.

11. Accesibilidad
Que las Administraciones públicas, junto con las empresas del sector, faciliten a las personas con discapacidad el acceso a la información, mediante la utilización de subtítulos en televisión, lenguaje de signos, etc., así como a ser tratadas por los medios con respeto y sin ser discriminadas.

12. Estudiantes en prácticas
Que adopten medidas para evitar que los medios de comunicación utilicen a los estudiantes en prácticas como si fueran personal de la plantilla y para que no ocupen puestos de trabajo ni sean dedicados a cubrir las vacaciones y libranzas.

Junta Ejecutiva Federal de la FeSP

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) está integrada por: Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), Sindicato de Profesionales de la Información de la Rioja (SPIR), Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) y Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG).

Los medios de comunicación son imprescindibles en democracia. Y el derecho de la ciudadanía a la información y la comunicación es un derecho humano y constitucional como lo son los de la educación, la sanidad y otros. Pero ese derecho solo será una realidad plena y se podrá cumplir de manera efectiva cuando los poderes públicos competentes adopten las medidas necesarias para garantizar que los profesionales de los medios, tanto públicos como privados, puedan trabajar con independencia, sin injerencias políticas o de otro tipo y en condiciones laborales dignas.

Ante las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) -que está integrada en la Federación Europea de Periodistas (FEP) y en la Federación Internacional de Periodistas (FIP)- insta a los partidos políticos y formaciones que concurren a estos comicios a que se comprometan a promover las reformas legales necesarias y a adoptar las medidas precisas para garantizar que los medios de comunicación
puedan hacer efectivo el derecho a la información que consagra el artículo 20 de la Constitución.

Con ese objetivo, la FeSP plantea a todas las candidaturas que asuman y defiendan las siguientes PROPUESTAS:
1. Compromiso con el Derecho a la Información y la Comunicación de la Ciudadanía (DICC)
– Que promuevan una Ley del Derecho a la Información y la Comunicación, en la que se regule la profesión periodística, los derechos y deberes de los informadores profesionales, los enviados especiales a guerras y zonas de conflicto (Es tatuto del Corresponsal de Guerra) y todo lo necesario para que el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía sea una realidad plena..
– Que creen un Consejo Estatal de la Información que vele por el cumplimiento de esa ley.

2. Transparencia en todos los ámbitos de la comunicación
– Que consideren la transparencia como la seña de identidad en todos los ámbitos de la comunicación: concesión de licencias de emisión para medios audiovisuales y un registro público de operadores de radio y televisión; subvenciones, ayudas y publicidad institucional, con la garantía de que los medios comunitarios no serán discriminados; conocimiento público de la propiedad de los medios relacionados comercialmente con las Administraciones…

3. Legislación laboral y apoyo al empleo.
— Que, de manera urgente, regulen por ley a los periodistas precarios (freelancers y periodistas a la pieza, autónomos, colaboradores…), a través de una Ley de Derechos Laborales de los Periodistas, que ayudaría a frenar la actual y permanente vulneración de la legislación laboral.

– Que, también de manera urgente, promuevan medidas de ayuda a cooperativas de trabajadores de la comunicación, emprendedores, víctimas de despidos colectivos y a la creación de puestos de trabajo en los medios de comunicación.

4. Consejos Profesionales
– Que promuevan la creación de Consejos Profesionales o Consejos de Información en las empresas de comunicación, a partir de un número determinado de trabajadores, como vía de participación de los profesionales, y que estos sean escuchados, con carácter vinculante, en los nombramientos de los cargos directivos.

5. Leyes Audiovisuales
– Que promuevan y defiendan una modificación de la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual y la aprobación de unas leyes similares en las comunidades autónomas, con la colaboración de empresarios, sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones ciudadanas representativas. Esas leyes deben incluir:
• Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y consejos autonómicos, que
vigilen el cumplimiento de dicha ley, garanticen la aplicación del derecho de acceso e
intervengan en la concesión de las licencias, que deberán ser repartidas a partes iguales
entre el servicio público, las empresas privadas y las iniciativas sociales sin ánimo de lucro.
• Nuevo sistema de medición de audiencias.
• Alfabetización audiovisual.
• Consideración del futuro de la radio y de la televisión en internet y mediante su difusión a
través de todos los procedimientos.
• Normas que eviten la actual concentración de medios y los oligopolios mediáticos.
– Que establezcan mecanismos de control sobre las frecuencias de radio y televisión estatales y autonómicas, para ordenar el espectro radioeléctrico. Las nuevas licencias se concederánmediante concurso público, con total transparencia y teniendo en cuenta, en igualdad de condiciones y a partes iguales por tercios, al sector público, las empresas privadas y los medios comunitarios sin ánimo de lucro.

6. RTVE
– Que Radio Televisión Española (RTVE) sea considerada y definida como un servicio público esencial, adoptando medidas para garantizar su independencia, respeto al pluralismo y no gubernamentalización.
– Que sus directivos sean elegidos por métodos democráticos y con transparencia, para
garantizar un funcionamiento independiente de los caprichos de los gobiernos de turno.
— Que regulen por ley
• Presidente/a y Consejo de Administración nombrados por las Cortes Generales por mayoría cualificada de dos tercios.
• Consejo de Administración independiente, con participación profesional, social y sindical: profesionales cualificados, un portavoz de los Consejos de Informativos y un representante del Comité de Empresa, elegidos por consenso.
• Control institucional, político, profesional y social a cargo, respectivamente, del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, Comisión parlamentaria, Consejos de Informativos y Consejo Ciudadano.
• Creación de un Consejo Ciudadano, constituido por representantes de organizaciones sociales, que haga recomendaciones y reclamaciones al Consejo de Administración.
• Financiación estable y suficiente, fundamentalmente pública.
• Producción propia de la mayoría de la programación y prohibir la contratación externa de los espacios informativos. • Derecho de acceso, mediante espacios de libre disposición, con apoyo técnico y profesional.

7. Radios y televisiones públicas autonómicas y locales
– Que, dentro de sus competencias y con total respeto a las de las comunidades autónomas y ayuntamientos, garanticen la pervivencia de las radios y televisiones públicas de ámbito autonómico y local, impidiendo su privatización, y que se establezca su carácter de servicio
público esencial.
– Que, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, respetando sus competencias, promuevan para las radios y televisiones autonómicas y locales mecanismos de democratización de su gestión e independencia similares a los de los medios públicos estatales.
– Que se prohíba a las autonomías y ayuntamientos que obtengan licencias para radios o televisiones la posibilidad de ceder su explotación a empresas privadas. En el caso de que las mantengan inactivas durante un tiempo que sobrepase el período máximo fijado en la concesión, la licencia será revocada y sacada de nuevo a concurso público.
– Que se prohíba la externalización de los espacios informativos.
– Que se garantice el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de las asociaciones, sindicatos y organizaciones representativas de la ciudadanía.
– Que las distintas administraciones incluyan en los concursos para la concesión de licencias de radio o televisión, así como en los contratos con productoras audiovisuales u otras empresas, cláusulas que garanticen: igualdad entre hombres y mujeres, tanto en salarios y promoción profesional como en el tratamiento informativo; conciliación de la vida personal y la actividad profesional, y códigos éticos para el tratamiento de la información sobre la violencia de género, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas.

8. Agencia EFE
– Que garanticen la independencia y la democratización de la gestión de la agencia EFE, con un Estatuto específico y un contrato-programa que asegure su viabilidad y financiación pública.
– Que su presidente/a sea elegido/a por concurso público, con criterios profesionales y no partidistas.

9. Publicidad de juegos y prostitución
– Que regulen la publicidad de juegos, loterías y apuestas en radio, televisión, prensa e internet y que prohíban los anuncios de prostitución en los medios públicos.

10. Educar en el derecho a la información
Que el Gobierno central y los autonómicos y municipales promuevan campañas sobre el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía y el uso responsable de Internet, para fomentar una opinión pública informada y crítica.

11. Accesibilidad
Que las Administraciones públicas, junto con las empresas del sector, faciliten a las personas con discapacidad el acceso a la información, mediante la utilización de subtítulos en televisión, lenguaje de signos, etc., así como a ser tratadas por los medios con respeto y sin ser
discriminadas.

12. Estudiantes en prácticas
Que adopten medidas para evitar que los medios de comunicación utilicen a los estudiantes en prácticas como si fueran personal de la plantilla y para que no ocupen puestos de trabajo ni sean dedicados a cubrir las vacaciones y libranzas.

Junta Ejecutiva Federal de la FeSP

  La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) está integrada por: Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), Sindicato de Profesionales de la Información de la Rioja (SPIR), Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) y Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG).

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