Preparan el desembarco de las aseguradoras norteamericanas en los sistemas de salud europeos

En efecto, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando un tratado de libre comercio que tiene carácter totalmente prioritario para el Primer Ministro Cameron y sobre el que se esperaba llegar un acuerdo en la reunión del G-8 de los días 17 y 18 de junio con miras a su firma a finales de 2014. Según la Comisión Europea, se trata del mayor acuerdo comercial bilateral jamás negociado.

Bajo la denominación oficial de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) se encuentra el último de una serie de acuerdos de liberalización del comercio entre las naciones más prósperas dirigidos a armonizar los marcos reguladores y abrir los mercados, objetivos que a menudo implican la privatización de los servicios públicos. Si bien las negociaciones de estos acuerdos corren a cargo de los Gobiernos, sus beneficiarios son las grandes multinacionales y los inversores extranjeros.

Algunos analistas de las políticas de sanidad han llegado a la conclusión de que el NHS será uno de los mercados que el Gobierno británico liberalizará a favor de empresas estadounidenses; la Ley de Asistencia Sanitaria y Social de 2012 abona el terreno en ese sentido, especialmente en Inglaterra.

¿En qué podría este acuerdo perjudicar al NHS?

Los futuros Gobiernos se verían en la imposibilidad de revertir la política de externalización de los servicios sanitarios, incluso si esta fracasase claramente; el acuerdo ofrecería a las empresas privadas garantías de protección de sus inversiones, incluso mediante mecanismos de arbitraje inversor-Estado, y el derecho a emprender acciones judiciales contra los Gobiernos. Los tratados comerciales amplían la definición de «propiedad privada» a activos no tangibles, como la expectativa de beneficios futuros, lo cual puede dar lugar a demandas sobre la perpetuación del contenido del acuerdo (como ha sucedido con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) e impedir que se reviertan las privatizaciones. Por consiguiente, esta situación pone gravemente en peligro los principios de la democracia y la capacidad de los Gobiernos para actuar en interés público.

Una vez externalizados sus servicios, el NHS nunca podría correr con los costes de su re-internalización ante la amenaza de las costosísimas demandas por daños y perjuicios, con independencia de las necesidades e intereses de los pacientes.

¿Cómo podría el NHS soslayar esta amenaza?

El Gobierno podría insistir en excluir este Servicio de la liberalización del mercado y de las medidas de protección de los inversores explícitamente y en una fase temprana de las negociaciones. Ahora bien, las palabras del Primer Ministro Cameron, según el cual «todo está sobre la mesa de negociación» no parecen apoyar esa posibilidad. Es preciso además tener en cuenta que los compromisos recogidos en los acuerdos comerciales son opacos y complejos, y que las declaraciones de los preámbulos se contradicen a veces con los artículos. Las cláusulas horizontales, de statu quo y los mecanismos «de trinquete» hacen de estos acuerdos auténticos campos de minas legales.

¿Existe la posibilidad de que el NHS quede excluido del tratado?

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que reclama la exclusión del acceso a los servicios públicos del ámbito de aplicación del tratado, además de la protección de los servicios sanitarios; ahora bien, las resoluciones del Parlamento Europeo no tienen carácter vinculante para la Comisión Europea, que es quien conduce las negociaciones. Asimismo, el Ministro de Comercio, Lord Green, ha manifestado que la contratación externa de los servicios sanitarios no es un punto central de las negociaciones en curso, pero estas declaraciones no ofrecen ninguna garantía legal. De hecho, la contratación pública sí es objeto de negociación, y ese concepto engloba todo el gasto público.

¿Prepara la Ley de Asistencia Sanitaria y Social de 2012 el camino hacia el ATCI?

Algunos analistas está convencidos de que el principal objetivo de la Ley es poner en marcha una dinámica inexorable de privatización; algunos van más allá e indican que la Ley se concibió desde un principio como preludio del acuerdo comercial UE-EE.UU. Otros servicios de seguridad social europeos, como los de España y Suecia, están experimentando rápidos procesos de privatización.

Lord Owen, antiguo Ministro de Sanidad y de Asuntos Exteriores, ha reclamado la derogación de parte de esta Ley y la máxima transparencia en las negociaciones UE-EE.UU. En su opinión, hay un manto de silencio sobre la medida en que la normativa de la UE pone en peligro la filosofía y los principios del NHS.

En 2005, Andrew Lansley (entonces en la oposición conservadora y posteriormente Ministro de Sanidad) afirmó que la Unión Europea debía fomentar la competencia y adaptar el marco regulador al mercado, proceso que afectaría a la educación y la sanidad como había afectado en el pasado a las telecomunicaciones.

A pesar de ello, los ministros siguen negando que exista ningún plan de privatización del NHS ni conexión alguna entre las reformas y las negociaciones comerciales (a pesar de que la anteriormente mencionada Ley dé la impresión contraria). La apertura de la sanidad al comercio y la aplicación de procedimientos de licitación competitivos supondrán la transferencia de los servicios al sector privado.

  1. por Teresa Renales para CAS
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