Precarios: de la esclavitud de la hipoteca a la dictadura del alquiler. Parte 2

II – Precarios en la dictadura del alquiler.

El 12% del parque inmobiliario en alquiler, sufre el grueso de desalojos

Lejos de la sociedad de propietarios viven los 2,5 millones de hogares en alquiler y un millón más seguramente realquilado. La mayoría son viviendas de más de 20 años y que necesitan rehabilitación. Se concentran en las grandes ciudades y la mayoría los ocupan personas con bajo poder adquisitivo, rentas antiguas, jóvenes y la inmigración que en un 70% vive en alquiler o en habitaciones. Incluso hay muchos desalojos por impago de alquileres sociales en la poca vivienda pública que hay en las ciudades importantes. Desahucios instigados por la propia Administración contra hogares en precario aplicando una gran brutalidad como ha sucedido en Madrid.

Es un 12% del parque inmobiliario nacional pero que concentra más de la mitad de los desalojos(1). En el año 2012 se han ejecutado 54.718 desalojos de inquilinos según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Suponen más del 2% sobre el total de hogares en alquiler en España. La mayoría son sobre vivienda habitual y una minoría sobre comercios. En ciudades como Barcelona donde el alquiler supone el 30% de las primeras residencias, los desahucios por impago de alquiler suponen el 95% según el Decanato de los Juzgados de la Ciudad Condal, datos corroborados por el propio Ayuntamiento para el 2012(2).

Los desahucios de inquilinos por causas económicas han caído como una tromba sobre los hogares más precarios de los barrios populares en las principales ciudades. Son morosos porqué son pobres, excluidos, precarios o ni siquiera tienen un colchón familiar en el que apoyarse. Los desahucios de alquiler pasan desapercibidos, casi sin focos ni apoyo social. Tal vez los inquilinos no saben defender su derecho a techo como los hipotecados (por el fetiche de la propiedad). Pero en los años 20 del siglo pasado las asociaciones de vecinos nacieron al calor de las huelgas de alquileres a las que se adhirieron centenares de miles de familias y que se alargaron hasta bien entrada la guerra civil en las grandes ciudades(3).

Los inquilinos y pequeños propietarios cautivos del gran capital

Los desahucios de alquiler no sólo existen por las penurias económicas actuales, sino también porqué en este país rige una de las leyes más regresivas de Europa con el objetivo deliberado de que, el alquiler marginal, sin derechos, sería la pieza clave de la burbuja inmobiliaria. Desde la ley de Arrendamientos Urbanos de 1985 del ministro socialista Boyer hasta los cambios legislativos de los últimos gobiernos de Zapatero y Rajoy se han triturado los derechos de los inquilinos, haciendo inviable cualquier proyecto de vida: con 3 años de contrato, el desahucio express al dejar de pagar una sola cuota por un percance económico y la inclusión en una culpabilizadora lista de morosos creada por el Gobierno de Rajoy, dando a entender que todo aquel que no paga lo hace por mala fe. Pero le podemos dar la vuelta a ese argumento ¿por qué el Estado carga sobre los pequeños propietarios la responsabilidad de proporcionar vivienda a las familias pobres y no la asume él?

El Gobierno central, los autonómicos y los Ayuntamientos se han desentendido de este problema esgrimiendo la defensa de los pequeños propietarios. En los foros económicos y mediáticos hay un run-run de una “caverna reaccionaria” especializada en descalificaciones tipo: “los inquilinos llevan un año sin pagar mientras que el propietario paga la hipoteca y luego le dejaran el piso destrozado”. Pero en realidad la propiedad inmobiliaria en este país está ahora más concentrada que en otras épocas. No hablamos de las primeras residencias donde viven los 17’5 millones de hogares españoles, no!, hablamos de los otros 8 millones de viviendas, de las segundas residencias pero sobre todo de las viviendas vacías. ¿Por qué?

Porqué los pisos vacíos, en venta o alquiler, son los que fijan el precio en el mercado y precisamente porqué están vacíos. Según la Junta de Andalucía, del millón de pisos vacíos de su comunidad, un 60% está en manos de personas jurídicas. Sabemos que la Banca española concentra más de un millón de pisos nuevos y de segunda mano. Sin datos fiables, los estudios de José Manuel Naredo nos permiten afirmar que las viviendas vacías en alquiler o venta pertenecen en un 70% a personas jurídicas, bancos, inmobiliarias y a la Iglesia católica que también participa en sociedades de gestión patrimonial como Renta Corporación.

Esta oligarquía tiene cautivo el mercado de la vivienda, porqué controla el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.

Esta oligarquía tiene cautivo el mercado de alquiler, porqué tiene un ejército de abogados capaz de maniobrar y presionar para agilizar los procesos de desalojo por impago de alquileres, lo que no está al alcance de los pequeños propietarios.

También porqué todo el dinero que ganaron expropiando las viviendas de segunda mano a familias pobres, vía ejecuciones hipotecarias, les permite ahora aplicar una agresiva política de rentas de alquiler frente a los pequeños propietarios. Los mini-propietarios se van a comer “sus pisos con patatas” porqué no pueden competir con lo que ofertan los banqueros que tienen línea directa con el “buen inquilino” ya que conocen su estado financiero a través de nóminas y tarjetas de crédito.

Además, el aterrizaje reciente de agresivos fondos de inversión, comprando las sociedades de gestión del patrimonio inmobiliario de la Banca, ayudará a ésta a enmascarar jurídicamente su responsabilidad futura en la avalancha de desahucios de alquiler.

Y finalmente, las políticas fiscales para las grandes fortunas y los fondos inmobiliarios especulativos, como las SICAV y las SOCIMI, supone otra ventaja más sobre los pequeños propietarios.

Esto no es una defensa del pequeño inversor que quiere ganar dinero en un mercado cuyas variables no controla. A pesar de ser maltratados, son el granero de votos de la mayoría absoluta del PP y se conforman con las migajas que reciben. La derecha española, con Rajoy a la cabeza de los registradores de la propiedad inmobiliaria, mira hacía el otro lado ante la histórica bolsa de fraude fiscal en las declaraciones de las rentas de alquiler, que año tras año, denuncian los inspectores de Hacienda. Y eso que desgravan entre el 70 al 100% en el IRPF. Ninguna nómina tiene ese trato fiscal.

¡Tan larga lectura nos acerca ya a la tesis final! ¿Por qué razón algunas organizaciones sociales y sectores de la izquierda renuncian a defender a los inquilinos frente a los pequeños propietarios? ¿Están atrapados en el argumentario reaccionario del conflicto entre propietarios e inquilinos? ¿Prefieren que la caridad de Cáritas pague las rentas de alquiler? O ¿ aceptan que esos hogares sean desahuciados porqué no tuvieron a bien hipotecarse en su momento?

No discutimos el derecho del pequeño propietario a recuperar su propiedad (que devolverá a la ley de la selva del mercado al que tanto ama). En cambio exigimos la aplicación del artículo 47 de la constitución y la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que el Estado español, a través de sus Administraciones, GARANTIZE A LOS CIUDADANOS UNA VIVIENDA DIGNA ALTERNATIVA ANTE EL DESAHUCIO por impagos de alquiler. Si tenemos más de 3 millones de viviendas vacías en manos de la oligarquía ¿qué problema hay?

Es una medida socialmente progresiva porqué traslada la responsabilidad de tener vivienda pública a la Administración. Se convierte en un derecho humano exigible y, por la ausencia histórica de un verdadero parque de vivienda pública en España, sería un reclamo a la expropiación de los pisos vacíos propiedad de esa oligarquía financiera, rentista y reaccionaria. Pero hay que organizar a los inquilinos en esa lucha para llevarla lo más lejos posible.

La disputa de las rentas de alquiler con el capital financiero, inmobiliario y las Administraciones.

¿Por que hablamos de disputa? Porqué es una pelea de las clases populares para reducir las rentas de alquiler y así tener dinero para el consumo básico. Y ese consumo está ligado a la producción de comida y cosas útiles. La reducción de la riqueza de los rentistas cortocircuitaría la economía especulativa inmobiliaria facilitando otro modelo económico.

Las ayudas públicas al pago de alquileres o de entidades como Cáritas Diocesana o Cruz Roja no son una solución a esa disputa. No se pueden mantener artificialmente las rentas de alquiler en un país que sufre una auténtica deflación de precios y salarios. Lo único que consiguen es, incrementar el poder de los propietarios y sumir a los inquilinos en una caridad paralizante.

Pero todo esto es palabrería en un mercado de alquiler libre donde impera la ley de la selva. Un mercado donde miles de hogares, sin ingresos regulares, se ven abocados a sobrevivir con la angustia de perder la vivienda ante cualquier vicisitud económica. El precariado está transitando de la esclavitud de la hipoteca a la dictadura del alquiler. Por eso creemos que esos millones de hogares, que viven en el salvaje mercado del alquiler, se acabaran convirtiendo en sujeto político de las reivindicaciones más progresivas de tenencia y uso de la vivienda en este país.

Resistencias actuales y medidas para después.

Las ocupaciones silenciosas de viviendas propiedad de la Banca se han generalizado como medida desesperada de muchas familias.4 Pero la primera ocupación de un edificio de la Banca en el 2011 en Barcelona por la Asociación 500×20 y el reciente éxito del edificio conocido como @blogSALT de la PAH han puesto sobre la mesa que el derecho a la vivienda a de ser exigible al Estado.

Estas ocupaciones viven una precariedad jurídica que obliga a la lucha para su legalización. El sujeto de este proceso debería ser cualquier Administración. Desde el Ministerio hasta el Ayuntamiento y, como no, la SAREB. La presión social no se ha hecho esperar pues no es difícil identificar la responsabilidad de la casta política en la crisis habitacional. Ocupaciones de las Oficinas de Vivienda de cualquier Administración exigiendo soluciones, las ha habido en Madrid Barcelona, Andalucia… Es una estrategia de la Asociación 500×20 de Barcelona utilizada para exigir la reconversión de las actuales Oficinas de Vivienda en un verdadero Servicio Público de Vivienda, lejos del papel burocrático que ahora cumplen. Estas Oficinas, que pagamos entre todos, son una gestora de inmobiliarias y Bancos a los que les salen gratis los trámites y encima les garantizan las rentas de alquiler con un seguro, que también pagamos entre todos. Negocio seguro, externalización de costes… y ¡alfombra roja!

Por contra, los Ayuntamientos responden a los desahucios, sólo si se les presiona, pagando la pensión por unos días (después del desalojo) o bien otorgando los pocos “pisos de alquiler social de los banqueros” y las pocas viviendas de emergencia de que disponen. La gestión de estas medidas de gracia o beneficencia social las hacen las Oficinas de Vivienda con los informes de los Servicios Sociales. Se trata de la resolución individual y burocrática de cada caso pero nunca un derecho exigible.

La Administración se escuda en que no hay un parque de pisos de alquiler público, un objetivo que siempre aparece a muy largo plazo y bla, bla, bla. 5 La casta política que nos gobierna, que son pantalla de los magnates, caciques y oligarcas de este país, sólo entienden la vivienda más que como un negocio.

Este país necesita una auténtica revolución democrática para sacar la vivienda del mercado y de la sociedad de los propietarios. Por ello, necesitamos la expropiación forzosa o negociada de las viviendas vacías de la oligarquía inmobiliaria6. Mientras eso no sea posible: multas (por incremento de IBI) a los pisos vacíos de los oligarcas del ladrillo y las finanzas; alquiler público acorde con la capacidad adquisitiva de la unidad familiar; moratoria generalizada de construcción de viviendas. Nos urge racionalizar el enorme parque de viviendas existente7, para acabar con las agresiones urbanizadoras sobre la tierra y las costas.

Pero hoy nos encontramos en una situación de impasse. Las resistencias no son capaces de convertir en leyes el derecho a la vivienda y la oligarquía está esperando un momento propicio para pasar al contraataque en cuando se despeje la incertidumbre sobre la Banca española.

Todas esas medidas socialmente progresivas necesitan una gran mayoría social para implementarlas. Cuanto más mayoría seamos más profundos serán los cambios. Pero por encima de todo la solidaridad y la organización del precariado es lo que permitirá un salto cualitativo en el derecho a la vivienda y un cambio legislativo profundo. En eso hay luz al final del túnel.

Recientemente en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Barcelona los inquilinos del pequeño parque de vivienda pública se están organizando para exigir una reducción de los alquileres acorde a los salarios y luchar contra los desahucios. Una vieja reivindicación del movimiento obrero del siglo pasado. Las rentas de alquiler que les cobra el Ayuntamiento incluso superan a las del mercado libre. 700 euros no es un alquiler público. Cientos de familias ya no pueden pagar esos abusos de la época de la burbuja inmobiliaria y preparan estrategias de lucha. La implicación del movimiento vecinal y el 15M junto a las organizaciones de defensa de la vivienda digna también han permitido una mayor presión sobre la Administración. Esas tímidas respuestas permiten albergar esperanzas de más casos en toda la geografía urbana.

La Asociación 500×20 de Barcelona está recibiendo demandas de ayuda de inquilinos en situación límite del área metropolitana. En el distrito de Nou Barris, con el apoyo del movimiento vecinal y el 15-M, 500×20 ha conseguido paralizar todos los desahucios “conocidos” de alquiler e hipoteca. Más de cien en poco más de dos años. La familia no abandona la vivienda alquilada hasta que tiene una solución alternativa. La movilización de hipotecados, inquilinos y ocupas ha obligado al Ayuntamiento a poner vivienda pública y de la banca, en alquileres que van de los 100 a 200 euros, para alojar a las familias que abandonan sus pisos ya sea por dación, ya sea por impagos de alquiler e incluso en ocupaciones de pisos públicos. Un delegado de Vivienda del distrito intermedia para negociar. La Asociación 500×20, llevó a cabo en octubre del 2011 la ocupación (dentro del Estado español) de un edificio vacío propiedad de un banco alojando 11 familias(8). Fue la primera que se hizo en el estado español. Esta Asociación con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana puso sobre el mapa la calle con más desahucios del país en VillaDesahucio. Y esta marea reivindicativa ha hecho que sea el distrito de Barcelona en el que más familias se lanzan a ocupar pisos de los bancos, crean bancos de alimentos, exigiendo una renta básica garantizada o trabajo comunitario.

La lucha de los colectivos por el derecho a la vivienda ha permitido aislar la xenofobia en los lugares donde se combina con un trabajo territorial con el 15-M o Asociaciones de Vecinos. El discurso de “los de aquí y los de fuera”, ha sido arrinconado por la solidaridad contra los desahucios. Pero hay peligros latentes. Cuando en Ciutat Meridiana hay quién culpa a la Asociación de Vecinos que su barrio se llame Villadesahucio expresan su temor a la pérdida de valor de su “propiedad inmobiliaria”. Cuando algunos desaprueban que los “morenos” del edificio de Salt puedan vivir del “cuento” mientras el paga su hipoteca o los ocupas molestan a los vecinos o pinchan la corriente… supura la “sociedad de los propietarios”. Esos peligros latentes deben recordarnos que el aislamiento de las luchas puede favorecer su reaparición.

¡Sin lucha y unidad no hay futuro!

Salva TORRES, activista de 500×20

20-10-2013

ver también… 1 parte: Precarios en la esclavitud de la hipoteca

CRÈDITOS:

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Notas:

1Fuente: Prouespeculacio.org – “2,5 millones de hogares en alquiler sufren el grueso de los desahucios

2Fuente : BarcelonaTelevisio – “los alquileres impagados copan el 95% de los desahucios de Barcelona

3Fuente: Prouespeculacio.org – “huelga de alquileres: ayer y hoy en España

4Fuente: Prouespeculacio.org, Las ocupaciones de viviendas: creando riqueza frente a la estrategia de expolio financiero del Banco Malo de Rajoy, http://prouespeculacio.org/ocupaciones-de-viviendas-creando-riqueza-frente-al-expolio-financiero-del-banco-malo-de-rajoy

5En Barcelona hay casi 90.000 pisos vacios según el web del Ayuntamiento. Un 12% del parque inmobiliario. Cuando se increpa a un político siempre dice que son cifras. Pero el propio Ayuntamiento certifica que en el 2012 se realizaron + de 50.000 contratos de alquiler. No se puede alquilar si el piso no está vacío. Fuente: prouespeculacio.org- http://prouespeculacio.org/?p=3745

6Como el reciente decreto del gobierno andaluz.

7Tenemos la tasa más lata de viviendas por habitante del mundo: 1’2 viviendas por cada dos ciudadanos

8Asociación 500×20 «Por el Alquiler Público y Asequible»  http://500×20.prouespeculacio.org/

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