PP y Ciudadanos, culpables del crimen social de las residencias en Madrid

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Se profundiza la crisis abierta desde el lunes en el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid tras ser publicados los correos que corroboran la denuncia del consejero de Políticas Sociales por los criminales protocolos de actuación aplicados en residencias.

Entretanto, la situación en las residencias de mayores, aunque muy atenuada por la menor incidencia del Covid, continúa casi igual que al principio y no se ha adoptado ninguna medida estructural ni sanitaria concreta que pudiera evitar en caso de rebrote otra criminal debacle sanitaria de muertes al interior de las residencias.

La crisis se abrió tras la comparecencia del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en la Asamblea de Madrid el pasado lunes, en la que calificó la actuación del Gobierno de Díaz Ayuso, respecto a los protocolos aplicados para trasladar o no enfermos graves por posible Covid-19, de “poco éticos” e incluso de “posiblemente ilegales”.

Ahora, con la publicación de algunos correos dirigidos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por parte de Reyero, el encontronazo ha adquirido niveles de profunda crisis de gobierno. Lo que podría provocar el cese del consejero de Políticas Sociales, algo complicado dado que Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid, ha dicho que eso es “política ficción”. O incluso, aunque menos probable, la caída del Gobierno de coalición y la correspondiente convocatoria electoral anticipada en la Comunidad de Madrid.

Pero lo más probable es que empiecen a templar gaitas todos juntos y todo termine, sobre la base de una posible e inútil comisión de investigación, en meros desencuentros políticos que se irían limando, en función de sus intereses electorales. Hasta que a ambas o alguna de las partes les pudiera interesar iniciar la carrera electoral. Aunque es evidente que la confianza está quebrada.

Sin embargo, ahora mismo, ni al PP, en plena y desaforada campaña estatal de desgaste del Gobierno de Sánchez e Iglesias por la gestión del Covid-19, ni a Ciudadanos, que se está reconfigurando como partido de “extremo centro” para jugar a la “geometría variable” que le viene proponiendo el PSOE, les interesan nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid. Más bien, al contrario, necesitan tiempo de exposición de sus estrategias en un escaparate político tan central como es la Comunidad de Madrid. Al principal actor de la crisis, Ciudadanos, lo que le interesa es continuar desmarcándose en parte del PP, incluso allá donde gobierna con ellos -una razón más de la crisis abierta-, además de intentar salvarse de la quema personal el consejero de Políticas Sociales por las querellas judiciales abiertas. Todo esto encaminado a poder ejercer de bisagra con el PSOE o el PP, único objetivo político realista de Ciudadanos para su supervivencia a corto y medio plazo. Y para eso necesita tiempo y mostrar los resultados de ese viraje.

Mientras el PP, por su parte, sobre la base del ataque a la gestión de la crisis realizada por PSOE y Unidas Podemos, y a la consecuente y profunda crisis económica que ya golpea los cimientos sociales, se propone tratar de mostrar otras políticas aún más proclives a los intereses de las grandes fortunas y las empresas del IBEX35 que las desplegadas por el Gobierno “progre” del PSOE y Unidas Podemos.

El PP ya ha declarado que su “reconstrucción” va a pivotar sobre políticas apoyadas en una estrecha colaboración público privada, en realidad privatización desaforada de los servicios públicos, el impulso a la burbuja especulativa de la construcción en Madrid y el turismo de elite y congresos. También será un eje central la promoción de la actividad financiera y el apoyo al establecimiento de grandes sedes empresariales en Madrid, al modo de la City londinense, gracias a su capitalidad y a la operación urbanística especulativa Madrid Norte ya en marcha que aprobó Manuela Carmena al final de su mandato.

Esta crisis, sin embargo, puede desgastar mucho al Gobierno de Díaz Ayuso -incluso a través de posibles causas penales- y arruinar la estrategia del PP de ponerlo como modelo de gestión de Pablo Casado, tal y como lo ha hecho hasta ahora. Meteduras de pata como la de negar el “triaje” practicado en las residencias por parte de Ayuso, para que luego se confirme. O, por ejemplo, dar “comida basura” y defenderlo, a los niños de la población más humilde, dejan en muy mal lugar ante los ojos de la mayoría, las políticas del PP en la Comunidad de Madrid.

Los correos electrónicos demuestran el “triaje” y la desidia criminal del Gobierno de la Comunidad

En los correos electrónicos publicados, que sin duda ha trasladado a la prensa el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se vislumbra con claridad como trata de convencer al consejero de Sanidad para que no aplique esos protocolos para aplicar un “triaje”, ante el colapso del sistema sanitario en Madrid, que dejó fuera de atención hospitalaria a la mayoría de los y las ancianas de residencias. Lo que confirma, además, aunque ha sido negado por tirios y troyanos, que se produjo un colapso total en la sanidad madrileña que impedía actuar dando cobertura sanitaria a toda la población.

En concreto y según la información publicada por El País, se enviaron dos correos al consejero de Sanidad el día 22 de marzo, en pleno epicentro de la pandemia cuando fallecían cientos de residentes y Alberto Reyero es conocedor (en realidad él mismo también había trasladado esos protocolos para su cumplimiento en las residencias) de la aplicación de esas normas de actuación. En el primero de los correos solicita un apoyo sanitario de la Consejería de Sanidad a las residencias, aunque reconoce que “es muy complicado de obtener”, señalando que en el caso de que no se produzca “abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas”. En el correo añade que, si los protocolos -que él conocía perfectamente- se aplicaran a “personas con discapacidad, la situación tiene un componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida (…) podrían ser rechazadas en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Sin embargo, el consejero de Ciudadanos en ningún momento se dirige a la fiscalía y pone en sus manos toda la información de la que dispone para que actúe, aun habiendo señalado que las normas de actuación definidas podrían generar “graves consecuencias legales. Según señala Reyero en los correos existen indicios de delito, y todo conocedor de posibles indicios de delito, más cuando es un cargo público, tiene la obligación de denunciarlo a la fiscalía. Ante la falta de respuesta del consejero de Sanidad, insiste horas más tarde con otro correo en el que plantea alternativas como “medicalizar las residencias” o trasladar a los mayores a “hoteles medicalizados”.

Sin embargo, lo que tampoco hace Reyero en ningún momento, ni el consejero de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, es plantearse intervenir las residencias privadas por su incapacidad para gestionar la crisis. Residencias gestionadas sobre la base de la precarización laboral, los bajos salarios, las jornadas maratonianas, y la falta de EPI que sacudían a un personal muy castigado.

El Gobierno PSOE – Unidas Podemos, cómplice

Dado el enorme volumen de enfermos graves simultáneos que se estaba produciendo, la medida fundamental que debería haber tomado el Gobierno era intervenir todos los recursos de la sanidad privada, tanto infraestructuras y medios como personal y ponerlo al servicio de esta necesidad imperiosa sanitaria. Porque, efectivamente, los recursos sanitarios públicos estaban trabajando al 100% y no daban más de sí. Por contra, la patronal de la sanidad privada, como hemos denunciado, enviaba trabajadores sanitarios de vacaciones, cuando no despedía a muchos de ellos. Y es conocido que solo un 20% de los recursos sanitarios privados ha sido puesto al servicio de las necesidades de la sanidad pública y como sabemos también, además, ahora pretenden cobrar por ello del erario público.

En este marco catastrófico, el Gobierno “progre” del PSOE y Unidas Podemos no llevó a cabo esa política. Y no lo hizo cuando tenía incluso un margen “legal” para hacerlo por el Estado de alarma, uno de cuyas prerrogativas es habilitar el requisamiento por parte del Estado de cualquier bien o servicio privado para ponerlo en ayuda del interés público.

Por eso, cuando Pablo Iglesias en su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso del pasado jueves calificó de “escándalo” las muertes en centros sociales, residencias de ancianos o de personas con discapacidad, responsabilizando a las comunidades autónomas -sobre todo a Díaz Ayuso y su gestión, que calificó de “negligente y nefasta”-, tiene razón hasta cierto punto. Evidentemente, las competencias son de las comunidades autónomas, pero el mando centralizado que les dio el Estado de alarma les hubiera permitido intervenir los recursos de todo tipo de las empresas privadas. Incluidas instalaciones industriales para la fabricación de ventiladores, respiradores, geles, mascarillas, guantes, etc. cuya falta fue parte del desastre, pues diezmó el personal sanitario público. Además, claro está, de poder intervenir la sanidad privada y exigir a los gobiernos autonómicos a intervenir esos recursos.

Pero el Gobierno “progre” no hizo nada de esto. Se detuvo, como era de esperarse, ante el respeto absoluto de la propiedad privada de los especuladores y mercaderes de la salud como las grandes empresas y conglomerados de la sanidad privada. Por ello, es cómplice de este crimen social.

Las cifras de la vergüenza

Los datos de mortalidad de las y los ancianos en residencias en el conjunto del Estado español, sigue sin hacerse oficial, pese a que existe una instrucción del Ministerio de Sanidad por la que ese dato debería haberse hecho público desde el día 9 de mayo. Sin embargo, casi un mes más tarde seguimos sin tener cifras oficiales al respecto.

Según valoraciones extraoficiales que han elaborado los medios de comunicación, el número total de ancianos y ancianas fallecidas en residencias para el conjunto del Estado serían más de 19.000 y solo en la Comunidad de Madrid superarían los 9.000. Esto supone que del total de muertes declaradas oficialmente por Covid-19, 27.128, un 70% serían personas que vivían en residencias. Y de todas ellas el 47% se habría producido en la Comunidad de Madrid. Por lo que, dentro del absoluto desastre, destaca la Comunidad de Madrid por la gestión social criminal que se ha realizado en sus residencias.

Es un dato que quema. Y quema tanto a las autonomías como al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. A unos, los Gobiernos autonómicos, por ser responsables directos de las actuaciones desarrolladas dentro de las residencias y que de forma prácticamente generalizada han supuesto la muerte de miles de ancianos y ancianas. Y al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos porque son corresponsables de lo sucedido y, además, ni siquiera están contabilizando esas muertes, lo que resulta un doble ultraje.

Levantar un programa alternativo

La única manera de hacer frente a un rebrote de la pandemia que cause aún mayores estragos, algo bastante probable, sobre todo entre la población muy vulnerable de las residencias, es levantar un programa a través de la movilización de los trabajadores y usuarios en conexión con el sector sanitario público y el conjunto de las clases populares que exija la nacionalización de todas las residencias sin indemnización y bajo control obrero, la medicalización permanente de los centros, desarrollar un programa de inversiones intensivas en medios y mano de obra y el levantamiento de una investigación controlada y desarrollada por los familiares y los y las trabajadoras de las residencias. Es decir un programa que parta de que nuestras vidas valen más que los beneficios de los capitalistas.

http://www.izquierdadiario.es/PP-y-Ciudadanos-culpables-del-crimen-social-de-las-residencias-en-Madrid

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