#PorTodas: la convivencia diaria de menores con la violencia machista

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Este es el segundo artículo de una serie dedicada a contar en profundidad la situación de los y las menores en entornos de violencia machista. Puedes leer el primero aquí.

Si un feminicidio resulta devastador para cualquier menor, la situación previa, la convivencia diaria en un entorno de violencia machista, comporta también para niños y niñas consecuencias de enorme gravedad por los hechos violentos propiamente, por su prolongación en el tiempo y por los fallos del sistema para su protección. Mientras la atención psicosocial a las mujeres víctimas es posible aunque estas no hayan denunciado, la atención psicológica a menores solo puede iniciarse a partir de que se haya roto la convivencia con el agresor ”porque terapéuticamente no sería apropiado”, explica una de las psicólogas especialistas en menores de la red pública valenciana, que mantiene su anonimato por seguridad.

Así, proporcionar a las mujeres el apoyo y las garantías suficientes de protección y acogida en una situación de violencia, ayudarlas a romper la convivencia con el agresor, es crucial también para la protección de menores. La decisión de interponer una denuncia es muy difícil por diversas razones, entre ellas el miedo al agresor, la desconfianza en la capacidad de protección y acogida del sistema, estar inmersa en un proceso de anulación o baja autoestima y distanciamiento respecto de las redes familiares o de apoyo… Y otra razón especialmente importante: la posibilidad de que el sistema judicial le conceda régimen de visitas al agresor, algo que temen muchas madres porque es muy frecuente.

La abogada Herminia Royo, portavoz de la federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, con una larga experiencia en la defensa de estas, asegura que “los agresores pueden tener simultáneamente una orden de alejamiento y régimen de visitas con sus hijos e hijas”. También “pueden estar condenados por amenazas, vejaciones y maltrato habitual a los hijos y tener fijado régimen de visitas”, algo que a todas luces puede poner en riesgo la vida de los menores.

En el caso de R. B., de Valencia, se concedió régimen de visitas en prisión a un entonces acusado y después condenado por homicidio en grado de tentativa. Él no consiguió matarla pese a haberle asestado 16 puñaladas en diferentes partes del cuerpo en presencia de una de sus hijas. La falta de formación y especialización de la asistencia letrada, en este caso del turno de oficio, propició que el agresor disfrutara de régimen de visitas con sus hijas en la cárcel hasta que la madre averiguó por sus medios que tenía derecho a solicitar la suspensión de los encuentros. Dos niñas menores que tuvieron que visitar a un padre al que, al menos una de ellas, había visto cómo intentaba asesinar a su madre.

Falla una asistencia letrada que no informa a la víctima de su derecho a solicitar la suspensión del régimen de visitas, falla un sistema que de oficio no retira este régimen de visitas al agresor y también falla un sistema penitenciario que no hace sonar las alarmas cuando acoge la visita de unas niñas al asesino fallido de su madre. La madre fue la que tuvo que alertar ante la angustia de las menores que tuvieron que vivir esta dramática experiencia. Y hay una segunda parte que temen especialmente las abuelas y abuelos que se hacen cargo de las tutelas: el momento en que el asesino machista o el maltratador cumple condena y puede solicitar recuperar la custodia o disfrutar de un régimen de visitas. Dependiendo de la duración de la condena y de la edad de los hijos e hijas en el momento del feminicidio o la agresión, los menores podrían no haber cumplido la mayoría de edad cuando el agresor sale de prisión.

El Defensor del Pueblo, en un comunicado de enero de 2020, reitera recomendaciones que viene realizando desde hace años. Señala que “la Institución ha detectado un déficit en el sistema VioGen, que evalúa el riesgo de las víctimas de violencia de género. Este sistema no cuenta con una herramienta específica para valorar el riesgo en el que se encuentran los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista”. Por este motivo, ha recomendado a la Secretaría de Estado de Seguridad que desarrolle y ponga en funcionamiento un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género contra menores con indicadores propios y adecuados para el tipo de riesgo al que están sometidos. Además, el mismo Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Justicia que “promueva la modificación de las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, y la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género”.

Una de las circunstancias que se encuentran a diario en la red valenciana de Centros Mujer  es que “los maltratadores niegan a sus hijos o hijas la realidad de la situación de violencia que están viviendo. Cuando tu progenitor te está diciendo que lo que viviste no es así, provoca en los menores indefensión aprendida, falta de confianza en el entorno y también en ti misma porque una figura de autoridad te está negando lo que tú has vivido. Esto tiene además otra grave repercusión porque las madres son la fuente de seguridad en esas situaciones de violencia, y los agresores, al negar la violencia, atacan la credibilidad de las madres, de esa fuente de referencia y protección, y eso para los niños y niñas es demoledor”.

En estos casos, continúa la psicóloga de los Centros Mujer para la atención a las víctimas, el trabajo que se realiza con los hijos e hijas es el de “ayudarles a que reconozcan como válido lo que han visto, y hacerles saber que las personas mayores también nos equivocamos, que no siempre la verdad es la de las personas adultas. Los niños y niñas, independientemente de la edad, son capaces de ver la realidad”.

SAP, el síndrome inventado que invalida el testimonio de niños y niñas frente al maltratador 

Una de las agresiones institucionales más demoledoras para los niños y niñas víctimas de violencia machista es el uso del Síndrome de Alienación Parental –SAP–, llamado eufemísticamente interferencia marental, instrumentalización u obstaculización materna. Cuando una niña o niño rechaza a su padre o le acusa de maltrato o de abusos sexuales, el SAP sirve para que su testimonio se cuestione o se considere falso o fruto de la manipulación materna, quedando invalidado a favor de la defensa del agresor. Esta teoría, inventada por el médico estadounidense R. Gardner y desautorizada con contundencia por la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otras instituciones, está basada en prejuicios y estereotipos machistas clásicos que atribuyen a las mujeres una naturaleza perversa y a las madres una capacidad de manipulación tal que supuestamente hace posible que un menor pueda sostener una mentira contra su progenitor de forma efectiva y continuada, incluso ante profesionales entrenados para la atención psicológica especializada. Gardner se dedicaba a realizar peritaciones en la defensa de hombres acusados de abusos y malos tratos.

La gravedad del uso de este falso síndrome es, por una parte, que al desacreditar la voz de los menores, el fondo de la acusación no se investigue y los niños y niñas, además de ver desautorizado su relato y cuestionada su vivencia –con las consecuencias psicológicas que ello puede suponer–, tengan que convivir con su agresor.

Como el propio CGPJ explica en su Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género, es común que, si ha existido violencia previa, los menores comiencen a expresar rechazo hacia el progenitor tras la separación de la pareja, una vez se ha roto la convivencia con el agresor y se sienten seguros. Para el CGPJ “aceptar los planteamientos de las teorías de Gardner –que incluso excluía la aplicación de su teoría en los casos en que se evidenciaba una situación de violencia, abuso o negligencia-–en los procedimientos de guarda y custodia de menores supone someter a estos a una terapia coactiva y una vulneración de sus derechos por parte de las instituciones que precisamente tienen como función protegerles”. Por otra parte, no menos trascendente, el SAP sirve eficazmente para mantener el control y la violencia sobre las mujeres.

Diferentes sentencias como la de la Audiencia provincial de Vizcaya (Sección 6ª, de 27 de marzo de 2008), citan un manifiesto suscrito por profesionales de medicina y salud mental en el que “se expresa de forma contundente que la ideología que sustenta el SAP es abiertamente pedófila y sexista, siendo un instrumento de peligroso fraude pseudocientífico, que está generando situaciones de riesgo para los niños y está provocando una involución en los derechos humanos de los menores y de sus madres”.

A pesar de ello, este síndrome inventado, utilizado desde hace décadas como estrategia de defensa de pedófilos, maltratadores y negacionistas de la violencia de género, se sigue utilizando en nuestro país y es una de las principales denuncias que plantean las asociaciones de mujeres sobrevivientes de violencia machista de todo el Estado en las conclusiones de su recién celebrado IV encuentro anual.

En los procesos judiciales, denuncia la asesora jurídica de Alanna, Consuelo Cebolla, “se sigue esgrimiendo el famoso SAP, en muchos casos de forma abierta, en otros velada, y se acepta, como se puede comprobar en muchas sentencias”. A pesar de que los menores “son personas que están viviendo en primera persona todos los acontecimientos violentos, mediante el uso del SAP se estima que su voz no es propia, que las mujeres los estamos manipulando”, añade. La asociación denuncia que en casi todos los casos que llevan, sigue prevaleciendo el derecho de visitas de los padres sobre la protección del menor. “En muy pocas ocasiones se toman medidas cautelares como la suspensión de visitas y se sigue obligando a los niños y niñas a ver a los maltratadores, poniendo en peligro su integridad física y moral. Amén de los puntos de encuentro y de algunos profesionales que trabajan allí y que merecen un punto y aparte”, afirma Cebolla.

El SAP llega a los procedimientos judiciales a través de los informes psicosociales y periciales. Precisamente la mayoría de las quejas tramitadas por el Síndic de Greuges en relación con la violencia machista “aluden de forma constante y clara a su disconformidad con los informes psicosociales de los puntos de encuentro, tanto en el fondo como en la forma”, como señala la propia sindicatura en su queja formulada de oficio sobre puntos de encuentro.

El uso del SAP en los informes que emite personal de atención psicosocial es también una de las denuncias recurrentes de las organizaciones de referencia en atención a víctimas de violencia machista consultadas. En octubre de 2019, se creó en Bilbao una Red de resistencia contra el SAP, formada por más de 60 organizaciones. En su presentación pública, denunciaron que no se escucha a los niños y niñas y en su lugar se culpabiliza a las madres del rechazo que estos muestran hacia su padre, en ocasiones también agresor. “Indudablemente, supone a todas luces, una forma de maltrato institucional hacia las mujeres”, añadieron.

“Las niñas no han visto nada”, pero lo saben todo

“Es un error constante pensar que los niños y niñas no se enteran de la situación de maltrato. Es bastante común que, en una primera visita de atención psicológica, las madres nos cuenten que ellas son víctimas de violencia, pero que sus hijos o hijas no han visto nada. En la mayor parte de los casos, incluso aunque verdaderamente los y las menores no hayan visto nada, se han percatado de todo, y va saliendo en las sucesivas sesiones. Perciben muy bien la tensión que se respira en casa”, explican desde los Centros Mujer.

“Una de las principales preocupaciones de las madres que están siendo víctimas de violencia es que los niños adopten un rol agresor y las niñas un rol de víctimas. Pero esto no está demostrado científicamente. Las madres son la fuente de seguridad para sus hijas e hijos, y hay muchos niños, chicos, que adoptan el modelo de referencia de la madre, de la persona valiente que cuida y sale adelante, sin violencia. Nuestro apoyo a las madres es muy importante porque al salir de la violencia se sienten muy inseguras pero hacen un gran trabajo, y cuando ellas están más seguras y tranquilas los niños y niñas lo notan y están bien”, cuenta la psicóloga especializada en menores de la red de Centros Mujer.

Precisamente por ser para sus hijos e hijas una figura principal de referencia, en algunos casos los menores “canalizan hacia ellas la rabia por estar viviendo o haber vivido esa situación con expresiones que culpabilizan a la madre”, añaden. Nerea Martínez también lo ha advertido en la atención desde la asociación Alanna.

“Una de las consecuencias más terribles para las madres víctimas son los casos de resistencias de los hijos a volver con ellas tras visitas con los padres. Maltratadores que agravan el daño causado a las mujeres al tratar de desacreditarlas ante los descendientes a través de comentarios o de hacerles sentir culpables por vivir con sus madres. Esto puede ocasionar la exhibición de conductas más agresivas, berrinches e incluso violencia filio-maternal, insultos, rotura de objetos de casa de la madre o, en los casos más extremos, violencia física directa contra ella”, cuenta Nerea Martínez.

“Lo que estamos viviendo en nuestro día a día es que muchos progenitores utilizan a los menores para causar más daño a las mujeres: la violencia vicaria”, señala. Además, si analizamos las situaciones desde la perspectiva de género se puede advertir que “las mujeres son las que mayormente se encuentran sin trabajo y en situación de aislamiento respecto de su propia familia, muchas veces a causa de la misma relación de maltrato, y eso sitúa a los hombres progenitores en una posición de poder al tener más recursos económicos para dedicarlos a sus hijos –regalos, viajes, invitaciones a comer o cenar fuera, al cine…– frente a las situaciones de pobreza o de necesidad en la que muchas mujeres se encuentran”, explica Martínez.

La psicóloga responsable de la atención psicológica en Alanna afirma que la convivencia en un entorno de violencia de género repercute en los menores de manera muy concreta: “Episodios de ansiedad muy alta, que pueden llegar a trastornos de ansiedad y síntomas depresivos, confusión, baja autoestima, trastornos del sueño, enuresis, reacciones de sobresalto, estados permanentes de alerta y, en los peores casos, puede aparecer trastorno de estrés postraumático”.

No obstante, “va a depender mucho de las estrategias de afrontamiento que tenga cada menor, su edad, la ayuda de todo tipo y el entorno que tenga”, puntualiza la psicóloga. “No todos los niños y niñas pasan por estos síntomas y trastornos pero sí una gran mayoría. De hecho hay estudios, aunque escasos, que lo evidencian y también nuestra experiencia nos lo dice así”, afirma Martínez.

Con todo, “podemos ayudar a cada menor hasta el punto de que las repercusiones no se trasladen a su vida adulta. No hay un estudio longitudinal que demuestre consecuencias a largo plazo. Dependerá de lo vivido y de la gestión”, explica la especialista de atención psicológica de la red de centros mujer de la Comunidad valenciana.

Una de las reivindicaciones de esta especialista es que “es esencial que escuchen a los niños y niñas en procedimientos judiciales, no solo a los mayores de 12 años, también a los menores. Además tenemos cámaras Gesell –una sala acondicionada para la observación y toma de declaraciones que permite la grabación de audio y vídeo de las sesiones– para que las niñas o niños declaren sin que progenitor y progenitora estén presentes y en las que personal especializado en menores les puede acompañar”. Las grabaciones que se toman en ellas constituyen una prueba judicial y permiten que las víctimas no tengan que repetir el relato de los hechos varias veces y, por tanto, revivirlo y ser revictimizadas. El problema es que en comunidades donde disponen de cámaras Gesell, como la valenciana, la lista de espera es larga. Y en otras como Aragón, la primera se ha anunciado para enero de 2020. “Con anterioridad, hemos propuesto al gobierno de Aragón pagarlo incluso de nuestros recursos, pero nos han rechazado la proposición”, cuenta Teresa Ballester, portavoz de la asociación aragonesa de mujeres sobrevivientes Somos más.

La experiencia en la atención y acompañamiento a víctimas “nos dice que en los procesos judiciales los niños y niñas sienten demasiada presión cuando tienen que declarar, no se sienten seguros ni protegidos. No tienen la garantía de que lo que digan no se va a trasladar a su padre, por lo cual se sienten coaccionados y con temor a las represalias por lo que declaren”, cuenta la coordinadora y asesora jurídica de Alanna, Consuelo Cebolla. Los tiempos, añade, “son además muy cortos para toda la información que se necesita extraer de los menores y acusamos la falta de formación y voluntad en algunos profesionales en todos los ámbitos”.

Fuente: Por Todas (La Marea)

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