Por una (otra) regularización migratoria

La discusión sobre las políticas migratorias, en el marco de la crisis sanitaria, exige imaginar estrategias de protección más justas para las personas en situación irregular.

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La estructura económica global se sustenta en las desigualdades sociales y la pandemia actual no sólo ha hecho aún más visibles los estragos de la precarización de la vida, sino que está agrandando la brecha social. Vulnera también de una manera sin precedentes a aquellas personas que no pueden acceder a los servicios públicos, a un hogar digno o que no cuentan con un ingreso económico estable: las migrantes.

El cierre de las fronteras y el control policial se traduce en la inmobilización forzada de la población migrante, que agrava desde raíz la crisis económica. Los líderes mundiales, incluso los que han impulsado políticas que privan de derechos fundamentales a las migrantes, han reconocido el valor se su trabajo en el sector primario, ese que invisibilizan al criminalizar la migración, y una de las bases de economía.

Tan sólo en el territorio de California, Estados Unidos, se calcula que el 60 por ciento de las personas que trabajan en la industria agrícola de ese estado son indocumentados. En Italia, la falta de 370.000 trabajadores extranjeros estacionales, de los cuales una tercera parte proviene de Rumanía, provocaría que se echara a perder un 40 por ciento de la producción de frutas y verduras. En el territorio español, en Huelva, se estima que las limitaciones de tránsito migratorio están impidiendo la llegada de hasta 50.000 trabajadoras necesitadas para la recolecta de frutos rojos.

Del mismo modo, el desborde de personal de sanidad provocó que los gobiernos hiceran un llamado a la población migrante irregular con estudios en medicina a integrarse a la lucha contra el virus. Ante tal panorama, los ejecutivos están discutiendo sobre una flexibilización de los trámites migratorios para permitir que los trabajos del sector primario y sanitario queden cubiertos por los inmigrantes.

¿Cómo se gesta a exigencia pública de una regularización masificada?

En el Estado español, el proceso de homologación de títulos puede llegar a tardar hasta 24 meses. Como parte de las medidas de emergencia que se están tomando, el trámite se agilizó de tal manera que, tan sólo durante el estado de alarma, 400 títulos médicos fueron convalidados; de la misma forma que 390 autorizaciones de trabajo profesionales fueron concedidas.

Por otro lado, el sector agrícola no corrió con tanta suerte. En las medidas excepcionales en materia de migración propuestas para este sector, se estipula que las personas extranjeras de 18 a 21 años con permiso de residencia no lucrativa ahora podrán trabajar. También fueron prolongados los permisos de trabajo hasta que remate la temporada de recolecta. Pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicitó que «en ningún caso se trata de una regularización».

Estas medidas, que en un principio fueron ofertadas como un beneficio para la población migrante, en realidad, no son accesibles para la mayoría al estar dirigidas a sectores laborales tan específicos. Al final, dichas medidas resultaron un ejemplo de la manera en la que los estados reconocen a las extranjeras solo como una fuerza de trabajo que les es útil, pero de la que no quieren hacerse responsables.

El sindicato CCOO de Catalunya reclamó “medidas excepcionales” para que “las personas afectadas puedan encarar la crisis económica y social con más seguridad y más recursos». Entre las medidas propuestas está una prórroga de un año a todas las autorizaciones de trabajo y residencia, así como la aprobación de todas las autorizaciones en trámite y la regularización de aquellas que no tienen autorización administrativa.

Además, un centenar de activistas y colectivos antirracistas también pidieron al Gobierno de Pedro Sánchez la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que viven en el territorio español. A través de una carta, las organizaciones de migrantes estipularon: “El Estado español nos piden que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual. Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo al que nos sumerge y condena el racismo institucional».

A las peticiones también se sumó el Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona, el cual está compuesto voluntariamente por entidades y asociaciones de inmigrantes, quien pidió al Gobierno central que hicieran una regularización exprés, al estilo de Portugal. Reclamaron que se ofertaran los puestos de trabajo en residencias a las trabajadoras del hogar «preparadas, pero en situación irregular». También pidieron detectar a las migrantes mayores que viven solas para brindarles ayudas económicas.

Los problemas de una regularización como la proponen

Si bien el proceso de regularización masiva es una responsabilidad política de protección social, también debe ser importante pensar en el horizonte de posibilidades que nos ofrece esa opción. Asumir que la regularización sólo tiene un carácter instrumentalizador no garantiza un camino más justo y digno para las migrantes.

Una regularización de este tipo estigmatiza (una vez más) la identidad migrante: nos convierten en un sujeto que carece de aspiraciones, sin otra capacidad más que la de someterse a las tareas que la empleabilidad más precaria nos ofrece. Olvida nuestra dimensión más humana y fundamenta la “historia única” del migrante. ¿Será que para ellos el extranjero sigue careciendo de humanidad y sólo tiene legitimidad por su fuerza de trabajo?

Un proyecto de regularización que solo responde a la demanda de empleo que el mercado exige en periodo de recesión tendrá resultados claros: no posibilitará ningún tipo de movilidad social y beneficiará a los grupos empresariales más afectados por el déficit de empleabilidad en el sector primario. No existe ninguna estrategia que ampare a los migrantes después de acceder a los empleos temporales que la crisis les ofreció.

Todo esto forma parte del discurso público que legitima los tránsitos migratorios solo cuando se integran las necesidades del mercado, aunque esto signifique la precarización de la vida de las migrantes. No olvidemos que antes de la crisis, los migrantes ya éramos la vanguardia de la mano de obra no cualificada.

Podría ser el momento de gestar una regularización que también tome en consideración otro tipo de necesidades. Es decir, una política que no se fundamente en aprovecharse de la fuerza de trabajo de las migrantes y, más bien, sea capaz de protegerlas de la crisis que llega. No hay que perder de vista que las clases más vulnerables serán las primeras en percibir los efectos de la emergencia económica y que el acceso a un empleo temporal y mal pagado no es un apoyo real.

Una política migratoria fundamentada en la protección y la atención a las migrantes debería elaborar un plan de integración social y lingüística que facilite las condiciones para que la persona extranjera goce de una vida digna. Esto debería permitirle al migrante vivir en circunstancias sanitarias adecuadas y tener una verdadera posibilidad de desenvolvimiento personal.

Esta perspectiva, reconocería que todas las migrantes son sujetas de derecho tanto en la crisis sanitaria, como en la económica. Es decir, que todas y todos merecemos protección y cuidado. Un esfuerzo de esta naturaleza sometería a diálogo la idea de que el Estado sólo tiene la responsabilidad de comprometerse con la vulnerabilidad de sus nacionales. Este tipo de orden política reduce la gobernabilidad a un nacionalismo monolítico y ruin, que sigue considerando el Estado nación como un todo puro y acabado. Mas pensar en la otra posibilidad, nos permite imaginar lo político en su sentido más primitivo: nos organizamos para vivir mejor.

Fuente: Pikara Magazine

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