Por una economía dirigida al bien común en Extremadura

Se describen las políticas y el comportamiento de los dirigentes extremeños durante estos últimos meses, junto a propuestas que unifican la economía y la salud.

Queremos comenzar recordando dos momentos de hace unos meses con una significación política en la vida regional y en la nacional.

Por un lado, el optimismo con el que se presentaban los presupuestos regionales en cuyo frontispicio aparecían con el señuelo de “UNOS PRESUPUESTOS QUE SE SUSTENTAN EN EL COMPROMISO DE LA UE Y DEL GOBIERNO DE ESPAÑA” y según nos decían, con unas probabilidades de crecimiento del PIB extremeño que oscilaría entre casi el 4 % y el 8,85%.

En otro momento, las imágenes televisivas en la que los miembros del gobierno de España recibían con sonoros aplausos a Pedro Sánchez a la vuelta de Bruselas, después de unas duras negociaciones con la Comisión Europea para la consecución de 140.000 millones de euros para España. Con esos millones nos decían que dejaríamos atrás la crisis económica y sanitaria provocada por el coronavirus.

Después de unos meses estamos experimentando un salto emocional desde aquel estado optimista que nos proporcionaban las dosis presupuestarias a uno pragmático y depresivo que se va configurando en la medida en que el infortunio de los acontecimientos económicos y sanitarios se extienden y golpean a amplios sectores de la población.

En lo que se refiere a Extremadura la metástasis de la pandemia ha ido demasiado lejos, los procedimientos quirúrgicos que se aplican para detenerla son de tal envergadura que dejan secuelas apreciables en la sociedad extremeña. El ejecutivo regional reduce la movilidad social para de este modo frenar la extensión de los contagios procediendo al cierre de comercios y establecimientos no esenciales, muchos de los cuales van a la ruina.

Desde el inicio de la pandemia es manifiesta la pasividad mostrada en la toma de medidas que pudieran hacer frente a la gravedad de la situación sanitaria. Ello no es óbice para las frecuentes apariciones y declaraciones televisivas del consejero de sanidad, Vergeles, y el presidente de la Junta, Fernández Vara. Con una vulgar y dilatada retórica con la que parecen que quieren justificarse y eximirse de lo que pudiera venir, apelan a la responsabilidad ciudadana y nos dicen que sus criterios de actuación están dirigidos a la búsqueda del equilibrio entre salud y economía.

Las últimas declaraciones del presidente de la Junta con las que quiere justificar la lentitud con la que se están aplicando las vacunas en Extremadura son la gota que colma el vaso de la irritación popular con las decisiones del gobierno regional. El pueblo necesita políticos que no sean comediantes y anecdóticos como el Vara o el Sr Vergeles.

Las políticas económicas y sanitarias que se han venido ejecutando para frenar los contagios y encontrar el tan deseado equilibrio entre salud y economía han sido altamente contradictorias y difícilmente entendibles por la ciudadanía; muchas personas tenemos la impresión que la flexibilidad y complacencia de las normas que se han dictado, reflejaban el íntimo deseo de no entorpecer demasiado la celebración de reuniones familiares y otros eventos en ciertas fechas significativas.

También somos conscientes de que con medidas flexibles u otras de mucha más rigidez siempre hay comportamientos irresponsables e inconscientes de algunos ciudadanos y ciudadanas que en nada han ayudado ni ayudan a detener la propagación de las infecciones del virus. Lo cierto es que a estas alturas del fenómeno la transmisión infecciosa es tal que Extremadura está a la cabeza de los contagios y del desastre económico.

Una vez que el virus ha alcanzado los niveles de transmisión actuales, todas las medidas que se apliquen para frenar la movilidad y el contacto social causan traumas económicos siendo necesarias medidas de impulso y compensación económica para los sectores económicos más débiles.

Desde el inicio de la presencia del covid-19, la Unión Europea y el gobierno de España programaron los ERTES y un conjunto de subvenciones, avales y préstamos para evitar la caída general del empleo y ayudar a las empresas a soportar la crisis económica mientras la pandemia afectara a todos los procesos laborales. Pero no nos engañemos este tipo de ayudas han beneficiado a las grandes empresas. Estas ayudas no estaban planificadas para los autónomos y pequeños comerciantes.

El gobierno extremeño, también ha programando planes de apoyo con avales ICO, ayudas y subvenciones a empresas y autónomos que son muy insuficientes para mantener el débil latido económico de la región, será difícil sacar del pozo a comerciantes y pequeños empresarios y mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los sectores sociales más precarizados y pobres de la sociedad extremeña.

Sin embargo, el acceso a la financiación sólo está al alcance de quienes tengan el visto bueno de las entidades financieras que son las que deciden previa valoración de la capacidad del solicitante para cumplir con los correspondientes compromisos bancarios. El endeudamiento que se genera beneficia a la banca. La banca vive de la deuda, a mayor endeudamiento de las empresas mayor beneficio bancario.

Ahora, el oportunismo aparece con frecuencia en algunos ayuntamientos y en partidos políticos que entran en una subasta de ayudas puntuales, proponiendo concesiones generosas a los sectores económicos dañados por las circunstancias generadas por la crisis sanitaria. La publicidad política se sustenta en ¡¡A VER QUIÉN DA MÁS!!

La recuperación de la economía en los pueblos no proviene de la concesión de ayudas puntuales de mil euros o de mil y pico euros. Los Municipios por sí solos no tienen capacidad para generar dinámicas que revitalicen la actividad económica de estos sectores de la población, aunque en algunos casos los ahorros municipales puedan permitir una limitada generosidad.

La economía de estos sectores de la población extremeña, sus negocios, sus comercios, salen a flote y se sostienen con iniciativas continuadas en el tiempo que les posibiliten recuperar ampliamente la venta de bienes y servicios para lo que es preciso que la población disponga de los suficientes medios económicos para satisfacer sus necesidades, comprando o realizando las acciones pertinentes en los establecimientos y empresas.

Extremadura necesita planes de desarrollo que el gobierno de España y el gobierno Regional deben poner en marcha. Pero para que desde Madrid y Mérida se tome consciencia de esto tiene que ser la población trabajadora extremeña la que reivindique y se movilice exigiendo que los presupuestos del Estado y los fondos europeos presten una atención especial a una comunidad como la extremeña con acusadas debilidades en el terreno de la producción y distribución de bienes y servicios.

Para ello es imprescindible derrotar el caciquismo que se manifiesta por los múltiples canales por los que transita la vida de los extremeños y extremeñas. Un caciquismo que tiene sus pilares en un PSOE que controla las estructuras de poder con mano de hierro, y pone la mayoría de los recursos materiales de la comunidad en manos de los sectores empresariales ligados a CREEX ASAJA y AFRUEX, con el soporte de los sindicatos oficiales que le hacen el juego para sobrevivir.

En esta situación de crisis generalizada es el momento de que la economía y el modelo productivo estén íntimamente identificados con la salud pública. Desde nuestra modesta consideración recordamos algunas propuestas necesarias para avanzar en una relación armónica entre economía y salud.

1.- La promoción de los servicios públicos y las infraestructuras físicas y sociales. En todos los casos es primordial asegurar los elementos materiales que den las garantías sanitarias contra el Covid 19. El reforzamiento con médicos, enfermeros, y otros profesionales los centros sanitarios, hospitales y centros de salud; dotación de profesores, personal no docente y recursos materiales en los centros educativos que aseguren una calidad de la enseñanza; el incremento del personal de ayuda a domicilio y la dotación de trabajadores y trabajadoras en las residencias de ancianos y personas dependientes.

2.- La necesaria reforma agraria que impulse desde todos los puntos de vista el nivel de vida de las clases trabajadoras extremeñas, con el control de los agricultores y la modernización de la producción y distribución de alimentos de calidad, la investigación y la soberanía alimentaria.  Los precios de los productos del campo deben alcanzar un valor digno que permita el desarrollo de las producciones agrícolas. La inversión en la investigación científica-técnica que acompañe a la diversificación y al despegue de industrias agroalimentarias que dignifiquen la vida de quienes dependen del mundo agrícola. La puesta en producción de enormes extensiones de tierra que están infrautilizadas y sirven como base para el acceso a las importantes subvenciones que proceden de la PAC.

3.- La salud viene determinada en un porcentaje elevado por la seguridad en el empleo y la vivienda. La promoción de una economía del bienestar requiere de programas de empleo que generen riqueza social y den esperanzas de futuro a los miles de desempleados y desempleadas de nuestra comunidad. La falta viviendas es unas de las cuestiones más problemáticas que dañan el bienestar de los sectores sociales más deprimidos de la comunidad extremeña, de aquí la necesidad de una Política de Viviendas Públicas.

4.-El gobierno de coalición tiene que aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional en contra de los criterios de la CEOE y del IBEX en donde anidan los grandes patrones de la economía española que con tanto afán son defendidos por su portavoz, la ministra Nadia Calviño.

5.- Hay que eliminar el IPREM, que se aprobó en el año 2004 por el gobierno de Zapatero con el objetivo de reducir el gasto social aún a costa de ingresos marginales que apenas dan para la subsistencia a los sectores sociales más castigados por el sistema capitalista. El IPREM sirve como referencia para las cantidades de miserias que se destinan al pago de los subsidios, las pensiones no contributivas, y otras ayudas sociales que deben ser sustituidas, al igual que las pensiones de viudedad, por unos ingresos que sean dignos y nunca inferiores al salario mínimo interprofesional o de acuerdo a lo que marca la Carta Social Europea.

6.- El gobierno de la Junta de Extremadura debe complementar con todas las ayudas sociales, las propias y las que procedan del gobierno de España, con cantidades que lleven todas estas prestaciones y ayudas sociales hasta el salario mínimo interprofesional.

 

 

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