¿Por qué la presidenta de la Diputación de León recuerda a un periodista que es inspectora de Hacienda?

Este no es un blog político y no voy a entrar a opinar aquí sobre la gestión de Isabel Carrasco, ni sobre sus muchos puestos, ni sobre la tormenta que se ha fraguado sobre su persona. Tampoco pienso entrar en el debate sobre la procedencia de esta tormenta, que unos achacan a la oposición socialista, otros a los movimientos sindicales locales y otros, aún, a sus propios compañeros de partido.

Lo que no deja de ser llamativo, o sintomático, es que su recordatorio de que es inspectora de&nbsp Hacienda&nbsp haya sido considerado en todos partes como una amenaza. Y posiblemente suene a tal.

Ya hablamos de ello en&nbsp este otro artículo&nbsp hace algún tiempo y los hechos sólo han confirmado lo que ya sabíamos: que igual que la policía puede elegir entre multar o hacer la vista gorda,&nbsp Haciendapuede elegir perfectamente a quién investiga, con la consciencia de que la investigación en sí misma es un daño, una agresión económica y una&nbsp fuente&nbsp inagotable de fatigas, gastos, molestias y perdidas de tiempo y esfuerzo que se podrían estar dedicando al desarrollo de la actividad económica.

Hacienda&nbsp sabe perfectamente que el empresario, y más el pequeño empresario, tiene unos recursos muy limitados, tan apretados que muy a menudo tiene que estirarlos para conseguir cubrir sus necesidades, tanto de personal como de tiempo.Hacienda&nbsp sabe que una&nbsp inspección&nbsp en profundidad puede llevar semanas o incluso meses, y que no tendrá ninguna obligación de compensar al inspeccionado si de esa actuación sólo resultan naderías o incluso la más absoluta limpieza: el tiempo y el esfuerzo perdido, los clientes que no fueron atendidos correctamente y los proveedores a los que no se prestó el cuidado necesario corren por cuenta del inspeccionado.

En estas circunstancias, no hace falta amenazar a nadie con una sanción injusta. Basta con inspeccionarle muy, muy profundamente para acabar con su empresa. Basta con pedirle alautónomo&nbsp o al profesional &nbsp todo los papeles de dos, tres, cuatro o cinco años atrás, y luego exigirle que acredite infinidad de extremos posiblemente dudosos para acabar con sus ganas de hacer cualquier otra cosa, con su tiempo, y con su afán de emprender nada. Si al final se encuentran irregularidades, estupendo, y si no se encuentran estupendo también, porque el objetivo se habrá cumplido de todos modos: hacer daño.

Afortunadamente, este no es un hecho común, pero en un estado de derecho en el que la policía tiene que pedir una autorización judicial para entrar en&nbsp casa&nbsp de un camello no deja de ser llamativo que un inspector de&nbsp Hacienda&nbsp pueda personarse en una empresa sin autorización de nadie y extender la&nbsp inspeccióntanto como le parezca oportuno, exigir tiempo, personal y atención por tiempo indefinido, y sin que ninguna autoridad externa le controle.

Hicimos bien al exigir que los jueces controlasen a la Policía, poniendo nuestras libertades por encima de la eficacia de la seguridad. Bien estaría también establecer algún tipo de límite a las inspecciones fiscales, aunque sólo fuera para evitar que sus responsables sientan la tentación de considerarse por encima de todo, como una nueva GESTAPO.

Por lo demás, y en previsión de lo que me diréis en los comentarios, sé de sobra que ni todos los policías torturan ni todos los inspectores abusan de su posición. Son sólo una minoría ínfima. Pero hay que contar con los instrumentos para acabar con ello.

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