Publicado en: 9 octubre, 2018

Polémica por el encargo de la seguridad del concurso de castillos de Tarragona a la empresa de un reconocido ultraderechista

Por Maties Lorente / Directa.cate

Levantina de Seguridad fue creada en 1980 por el valenciano José Luis Roberto, quien fue fundador de la formación de extrema derecha España 2000 y su presidente hasta 2015

Levantina de Seguridad fue creada en 1980 por el valenciano José Luis Roberto, quien fue fundador de la formación de extrema derecha España 2000 y su presidente hasta 2015. Reconocido anticatalanista, fue detenido en 1976 por colocar un explosivo antes de un acto independentista. La empresa se ha beneficiado de numerosos contratos de las instituciones del País Valenciano, pero también de Cataluña

La presencia de una empresa de seguridad con estrechos vínculos con la extrema derecha vigilando los accesos del Concurso de Castells de este pasado fin de semana en Tarragona ha levantado ampollas. Muchas espectadoras y miembros de grupos participantes en el concurso denunciaron ayer desde las redes sociales el trato de algunos de los vigilantes, y el hecho de que llevaran el uniforme de Levantina de Seguridad, la empresa dirigida por el reconocido ultraderechista valenciano José Luis Roberto. Dos concejalas de la CUP de Tarragona, Jordi Martí Font y Laia Estrada, alertaban ayer por la mañana la presencia en el recinto del Tarraco Arena de “la empresa de seguridad que financia la extrema derecha”.

Según la formación anticapitalista, “decenas de personas asistentes han denunciado a través de las redes sociales que fueron coaccionadas por parte de miembros de esta empresa de seguridad, exigiéndose las allí que se expresaran en castellano o haciendo comentarios sobre su vestimenta “. También se han hecho eco de que “miembros de esta empresa lucían tatuajes con símbolos nazis o fascistas, por lo que en la jornada de ayer algunos de estos miembros de seguridad llevaban camiseta de manga larga debajo del uniforme” y han cuestionado la adjudicación de la gestión del espacio en la empresa, “la que tiene vínculos con el ex alcalde de Vila-seca y ex presidente de la Diputación de Tarragona, Joan Maria Pujals Vallvé”.

 

La empresa de “El cojo ‘

Fundador y presidente hasta 2015 del partido ultra España 2000, secretario del Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne entre el año 2000 y 2011 y socio del despacho de abogados Roberto & Salazar, que ha defendido en los tribunales neonazis como los detenidos en la Operación Panzer. Estas son algunas de las actividades paralelas de Jose Luis Roberto, alias el Cojo, El empresario, jefe de seguridad y alma mater de Levantina de Seguridad SL Roberto ha sido una de las caras más visibles de la extrema derecha anticatalanista valenciana y miembros de su partido han participado en los últimos ataques contra la celebración del 9 de octubre del pasado año en Valencia, los encuentros del Puig y del Campo del Turia o el escarnio en la puerta de la vivienda de la vicepresidenta del Consejo valenciano, Mónica Oltra, unos hechos por los que ha sido absuelto.

El Cojo , llamado así por el hecho de tener una pierna más corta que la otra, fundó junto con personas de su entorno Levantina de Seguridad en 1980 en Valencia. Pero Jose Luis Roberto ya era conocido en la ciudad de Turia desde unos años antes. En 1976, Roberto fue detenido por la explosión de una bomba en el estadio del Levante antes del acto independentista Encuentro de los Pueblos. Nunca fue condenado por estos hechos, sin embargo, años más tarde, su compañía sería la encargada de la vigilancia del recinto deportivo.

El fundador de Levantina de Seguridad y ex de España 2000, José Luis Roberto

 

La compañía creció rápidamente y se especializó en la vigilancia de espacios industriales y residenciales. Sus empleados destacaban -todavía ahora lo hacen- por una estética paramilitar y eran conocidos por su eficacia . Rápidamente sus servicios fueron ampliándose al ámbito del ocio, los organismos oficiales y los eventos. Actualmente, La Levantina, Como es conocida popularmente, cuenta con más de 1.000 trabajadoras e incluso dispone de una academia para “la formación de vigilantes privados, pero también para escoltas, policía local y policía nacional”, según explican en su web, donde se definen como una de las empresas más destacadas en el ámbito de la seguridad privada en Valencia y que ya cuenta con delegaciones territoriales en Tarragona, Madrid y Granada. Desde el verano de 2015, la empresa también opera a escala internacional, después de obtener la licencia para trabajar en la República Dominicana.

Seguridad condenada

Desde los años 90, la empresa de seguridad valenciana se ha visto implicada en diferentes casos que han llegado a los tribunales. En 1998, el titular del Juzgado de lo Social número 8 de Valencia, Juan Javier Campos, condenó la Levantina por imponer a su personal “la afiliación al sindicato Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) y en la FE-FNS (Falange Española-Frente Nacional Sindicalista), tanto para obtener el ingreso en la empresa como, en el desarrollo de la relación laboral a la hora de obtener ascensos “. El trabajador que denunció a la empresa, aseguraba que también había sido obligado a asistir a fiestas «vestido con estética nazi para poder conservar el empleo», como queda reflejado en la sentencia.

En 1998, ‘La Levantina’ fue condenada por imponer la afiliación al sindicato Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) y al Frente Nacional Sindicalista de Falange Española

En 2001, la Audiencia de Valencia ratificaba la sentencia de un juzgado de lo penal que condenaba a un vigilante de la empresa a seis meses de cárcel por agredir a dos clientes de un local de ocio en Mislata. En la sentencia, se destacaba la violencia desproporcionada del vigilante. Uno de los agredidos necesitó 69 días para recuperarse de las heridas causadas. Un año más tarde, otro vigilante de la empresa era condenado por dos faltas de lesiones a pagar una indemnización de 7.813 euros por la misma sala. Todo después de una pelea con dos jóvenes en la puerta de una discoteca en el año 2000. Las denuncias por agresiones no sólo se produjeron en Valencia. En septiembre de 2001 un juez ordenaba el cierre del módulo de aislamiento del centro de menores de El Pinar, en Madrid,

Contrataciones públicas

Todo este cúmulo de demandas contra la empresa de seguridad (algunos medios aseguran que acumula más de 200) no han sido impedimento para que esta se hiciera con numerosos contratos provenientes de las administraciones públicas. Uno de los últimos se produjo en 2014, cuando la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana adjudicó los servicios de vigilancia de los servicios centrales a la empresa de Roberto con un contrato por valor de 332.048 euros. La adjudicación apareció reflejada en el DOGV número 7336, publicado el 11 de agosto de 2014.

En 1976, Roberto fue detenido por la explosión de una bomba en el estadio del Levante antes del acto independentista Encuentro de los Pueblos. Nunca fue condenado por estos hechos, sin embargo, años más tarde, su compañía sería la encargada de la vigilancia del recinto deportivo

No era la primera vez que la administración valenciana contrataba los servicios de la empresa de Roberto. Según una investigación del medio elplural.com, publicada el 16 de enero de 2006, el gobierno autonómico valenciano, en manos del PP, contrató servicios de la Levantina entre enero de 1999 y julio de 2004 por valor de más de cinco millones de euros. Los contratos incluían la vigilancia de edificios públicos como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el Teatro Romano de Sagunto o los Institutos de Xest i la Misericòrdia (Valencia).

 


(Català)

Polèmica per l’encàrrec de la seguretat del concurs de castells de Tarragona a l’empresa d’un reconegut ultradretà

Levantina de Seguridad va ser creada el 1980 pel valencià José Luis Roberto, qui va ser fundador de la formació d’extrema dreta España 2000 i el seu president fins el 2015. Reconegut anticatalanista, va ser detingut el 1976 per col·locar un explosiu abans d’un acte independentista. L’empresa s’ha beneficiat de nombrosos contractes de les institucions del País Valencià, però també de Catalunya


Maties Lorente |
@mtslorente

La presència d’una empresa de seguretat amb estrets vincles amb l’extrema dreta vigilant els accessos del Concurs de Castells d’aquest passat cap de setmana a Tarragona ha aixecat polseguera. Moltes espectadores i membres de colles participants al concurs van denunciar ahir des de les xarxes socials el tracte d’alguns dels vigilants, i el fet que portessin l’uniforme de Levantina de Seguridad, l’empresa dirigida pel reconegut ultradretà valencià José Luis Roberto. Dues regidores de la CUP de Tarragona, Jordi Martí i Font i Laia Estrada, alertaven ahir al matí la presència al recinte del Tarraco Arena de “l’empresa de seguretat que finança l’extrema dreta”. Al seu torn l’assemblea local de la CUP a Reus ha denunciat avui la presència de l’empresa de seguretat vinculada a l’extrema dreta Levantina de Seguridad durant el concurs de castells que ha tingut lloc el passat cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona, propietat de la Diputació de Tarragona, i que explota un grup privat, l’Agència de Publicitat Internacional Catalana, SL (APIC), encarregat -a través d’una empresa subcontractada, segons un portaveu d’aquesta agència- de contractar el servei de vigilància del recinte.

Segons la formació anticapitalista, “desenes de persones assistents han denunciat a través de les xarxes socials que van ser coaccionades per part de membres d’aquesta empresa de seguretat, exigint-les-hi que s’expressessin en castellà o fent comentaris sobre la seva vestimenta”. També s’han fet ressò del fet que “membres d’aquesta empresa lluïen tatuatges amb símbols nazis o feixistes, motiu pel qual en la jornada d’ahir alguns d’aquests membres de seguretat portaven samarreta de màniga llarga sota de l’uniforme” i han qüestionat l’adjudicació de la gestió de l’espai a l’empresa, “la qual té vincles amb l’exalcalde de Vila-seca i expresident de la Diputació de Tarragona, Joan Maria Pujals Vallvé”.

L’empresa d”El cojo’

Fundador i president fins a 2015 del partit ultra España 2000, secretari de l’Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne entre l’any 2000 i 2011 i soci del despatx d’advocats Roberto&Salazar, que ha defensat als tribunals neonazis com els detinguts a l’Operació Panzer. Aquestes són algunes de les activitats paral·leles de Jose Luis Roberto, àlias el Cojo, l’empresari, cap de seguretat i alma mater de Levantina de Seguridad S.L. Roberto ha sigut una de les cares més visibles de l’extrema dreta anticatalanista valenciana i membres del seu partit han participat en els últims atacs contra la cel·lebració del 9 d’octubre del passat any a València, els aplecs del Puig i del Camp del Túria o l’escarni a la porta de l’habitatge de la vicepresidenta del Consell valencià, Mònica Oltra, uns fets pels quals ha estat absolt.

El Cojo, anomenat així pel fet de tindre una cama més curta que l’altra, fundà juntament amb persones del seu entorn Levantina de Seguridad el 1980 a València. Però Jose Luis Roberto ja era conegut a la ciutat de Túria des d’uns anys abans. L’any 1976, Roberto va ser detingut per l’explosió d’una bomba en l’estadi del Llevant U.E. abans de l’acte independentista Trobada dels Pobles. Mai va ser condemnat per aquests fets, però, anys més tard, la seva companyia seria l’encarregada de la vigilància del recinte esportiu.

El fundador de Levantina de Seguridad i expresident d’España 2000, José Luis Roberto

 

La companyia va créixer ràpidament i es va especialitzar en la vigilància d’espais industrials i residencials. Els seus empleats destacaven –encara ara ho fan– per una estètica paramilitar i eren coneguts per la seva eficàcia. Ràpidament els seus serveis van anar ampliant-se a l’àmbit de l’oci, els organismes oficials i els esdeveniments. Actualment, La Levantina, com és coneguda popularment, compta amb més de 1.000 treballadores i fins i tot disposa d’una acadèmia per a “la formació de vigilants privats, però també per escoltes, policia local i policia nacional”, segons expliquen al seu web, on es defineixen com una de les empreses més destacades en l’àmbit de la seguretat privada al País Valencià i que ja compta amb delegacions territorials a Tarragona, Madrid i Granada. Des de l’estiu del 2015, l’empresa també opera a escala internacional, després d’obtenir la llicència per treballar a la República Dominicana.

 

Seguretat condemnada

Des dels anys 90, l’empresa de seguretat valenciana s’ha vist implicada en diferents casos que han arribat als tribunals. En 1998, el titular del Jutjat del Social número 8 de València, Juan Javier Campos, va condemnar la Levantina per imposar als seu personal “l’afiliació al sindicat Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) i a la FE-FNS (Falange Española-Frente Nacional Sindicalista), tant per obtenir l’ingres en l’empresa com, en el desenvolupament de la relació laboral a l’hora d’obtenir ascensos”. El treballador que va denunciar l’empresa, assegurava que també havia sigut obligat a assistir a festes «vestit amb estètica nazi per poder conservar la feina», com queda reflectit a la sentència.

L’any 1998, ‘La Levantina’ va ser condemnada per imposar l’afiliació al sindicat Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) i al Frente Nacional Sindicalista de Falange Española

L’any 2001, l’Audiència de València ratificava la sentència d’un jutjat del penal, condemnava un vigilant de l’empresa a sis mesos de presó per agredir dos clients d’un local d’oci a Mislata. En la sentència, es destacava la violència desproporcionada del vigilant. Un dels agredits va necessitar 69 dies per recuperar-se de les ferides causades. Un any més tard, un altre vigilant de l’empresa era condemnat per dues faltes de lesions a pagar una indemnització de 7.813 euros per la mateixa sala. Tot després d’una baralla amb dos joves a la porta d’una discoteca l’any 2000. Les denúncies per agressions no només es van produir a València. El setembre del 2001 un jutge ordenava el tancament del mòdul d’aïllament del centre de menors d’El Pinar, a Madrid, després de rebre denúncies de maltractaments a menors per part de personal de seguretat de l’empresa valenciana.

 

Contractacions públiques

Tot aquest reguitzell de demandes contra l’empresa de seguretat (alguns mitjans asseguren que n’acumula més de 200) no han estat impediment perquè aquesta es fes amb nombrosos contractes provinents de les administracions públiques. Un dels últims es va produir en 2014, quan la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana va adjudicar els serveis de vigilància dels serveis centrals a l’empresa de Roberto amb un contracte per valor de 332.048 euros. L’adjudicació va aparèixer reflectida al DOGV número 7336, publicat l’11 d’agost del 2014.

L’any 1976, Roberto va ser detingut per l’explosió d’una bomba en l’estadi del Llevant U.E. abans de l’acte independentista Trobada dels Pobles. Mai va ser condemnat per aquests fets, però, anys més tard, la seva companyia seria l’encarregada de la vigilància del recinte esportiu

No era el primer cop que l’administració valenciana contractava els serveis de l’empresa de Roberto. Segons una investigació del mitjà elplural.com, publicada el 16 de gener de 2006, el govern autonòmic valencià, en mans del PP, va contractar serveis de la Levantina entre gener de 1999 i juliol del 2004 per valor de més de cinc milions d’euros. Els contractes incloïen la vigilància d’edificis públics com l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, el Teatre romà de Sagunt o els Instituts de Xest i la Misericòrdia (València).

Els tentacles de l’empresa del líder d’España 2000 també van arribar a Catalunya, com explicita la denúncia de la CUP. A més de la vigilància de la TAP, Levantina de Seguridad S.L. va ser l’encarregada durant l’any 2009 baix el govern del Tripartit, de la seguretat castell de Miravet, la cartoixa d’Escaladei i el castell d’Escornalbou, edificis que gestiona el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona i el baix Ebre i que formen part del projecte del Museu d’Història de Catalunya.

Polèmica per l’encàrrec de la seguretat del concurs de castells de Tarragona a l’empresa d’un reconegut ultradretà

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