Pobrecito mi patrón

 

Cristina Bereciartua – Alternatiba

Pobres empresas, pobres empresarios. El sistema jurídico está contra ellos y son las verdaderas víctimas de la actual crisis sistémica que padecemos. Esto es lo que se puede concluir después de leer el artículo publicado el 8 de octubre de 2013 en la portada de EL CORREO. En él, se anuncia a bombo y platillo que sólo el 33% de las sentencias dictadas por los tribunales vascos les es favorable.

Una de las frases dignas de enmarcar que aparecen en el artículo es la siguiente:»las estadísticas oficiales parecen confirmar la impresión generalizada de los empresarios vascos de sentirse abandonados por la justicia». Ante tal afirmación,alguien podría preguntarse ¿abandonados por la justicia? O ¿incumplidores sistemáticos?  La lectura alternativa que se puede desgranar del titular es que el 67% de los empresarios inclumplen las normas de ámbito social. Con la excusa de la crisis económica se vulneran los derechos de las y los trabajadores tanto en materia laboral propiamente dicha, como en cuestiones de seguridad y salud. Esta seguramente, sea la impresión generalizada de la clase obrera, aunque queda claro que no es la linea editorial de EL CORREO.

Se echa en falta en el artículo un análisis sobre la capacidad de trabajo que tienentanto la Inspección de Trabajo como Osalan. Si en el caso de los primeros es flagrante la falta de personal y medios con losque cuentan, en el segundo caso, es alarmante la ausencia de competencias para sancionar a las empresas incumplidoras. Lo cual nos lleva a decir que si la conflictividad actual les parece alarmante, qué sería de la misma si el cuerpo de inspecciónde trabajo contara con un número de efectivos adecuado al tejido empresarial de la CAPV. Quizá no colapsasen los juzgados pero aumentarían significativamente las sanciones.

Otro de los argumentos que utilizan es el siguiente; «Ven como sus decisiones de gestión se estrellan con gran frecuencia con la opinión de los magistrados aunque esten respaldados por la letra de la ley e incluso por la exposición de motivos».Con esta afirmación ponen en tela de juicio la labor y la imparcialidad de la judicaturade lo social. Ahora resulta que la labor judicial es la de opinar, como quien sale al parque una tarde de verano con una bolsa de pipas a opinar sobre quien pase por delante.

Una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de analizar la litigiosidad sobrevenida por la reforma laboral, es que está a la espera de que se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre su compatibilidad con la sacrosanta Constitución. En este caso, lo que se debería haber hecho es paralizar la vigencia de la misma hasta que haya una resolución, puesto que es más importante garantizar los derechos derivados de la Carta Magna, que los derechos que adquieren en este caso los empresarios, mediante una norma de menor rango.

Si finalmente el Constitucional declara la norma anticonstitucional, ¿cómo se van a resarcir los derechos que se han vulnerado desde la entrada en vigor de la misma?,¿se declarará la nulidad de los despidosylos EREs?, ¿se abonarán todos los salarios de tramitación devengados hasta la reincorporación al puesto de trabajo?, ¿cómo y con qué porcentaje de interés se devolveran las diferencias de salario a quien se lo hayan recortado?, ¿el aumento de jornadapadecido durante este años se abonarácon efecto retroactivo y como horas extras?

Todo hace sospechar que el Tribunal Constitucional no revocará esta norma, aunque esperemos estar equivocadas, pero, artículos como el de EL CORREO hacen que la presión de la opinión pública que ellos crean y manipulan, influyan en las decisiones que puedan tomar desde lamagistratura.

Por cierto, también en portada, junto a las mayúsculas letras que denuncian la injusticia que padecen los empresarios, aparecía una noticia mucho más modesta, que decía que trescolegios serán sancionados por no dar de alta en la seguridad social a algunos de sus trabajadores. Juzguen ustedes mismos.

*La autora es miembro de la Coordinadora Nacional de Alternatiba.

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