Después de 18 años de haber sido ratificado el convenio 169 por el Estado de Honduras, se han incrementado las violaciones de nuestros derechos colectivos, lo que pone en riesgo nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas en el país.
Que el Estado está impulsando y promoviendo un plan para la desaparición de nuestros pueblos indígenas y negros, cuando se aprueban leyes sin nuestro consentimiento, tales como la Ley de Minería, de Hidrocarburos, de agua, las Ciudades Modelo o ZEDE, de Represas, REDD +; Parte de este plan de desaparecimiento de nuestros pueblos es la expulsión paulatina a que estamos sometidos de nuestros territorios por la incursión de terceros que irrespetan nuestra posesión ancestral.
Que la alianza de instituciones del Estado (fiscalía, ejército, poder judicial, Sedinafroh) con la empresa China Sinohydro y su filial hondureña DESA, han emprendido una campaña de persecución y criminalización en contra de los líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPINH, Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño, con el fin de desarticular la lucha de resistencia de la comunidad Lenca de Río Blanco en contra de la represa Agua Zarca del río Gualcarque.
El 14 de marzo de 1997 el Estado se comprometió a otorgar 14,700 hectáreas de tierras planas para el pueblo Maya-Chortí y hasta la fecha no ha existido voluntad política para cumplir las demandas del pueblo Maya-Chortí. El resultado es que ya han habido desalojos y está previsto a darse otros desalojos en las comunidades como Plan del Perico, Chonco, Carrizalon, y Boca del Monte en el departamento de Copán.
La persecución y la amenaza a los líderes y defensores de DD.HH, de la zona de la Tribu San Francisco, Locomapa, Yoro, por parte de sicarios pagados por empresarios que saquean los bienes naturales para la explotación minera a cielo abierto y la explotación indiscriminada del bosque, todo esto, con el contubernio de los dirigentes de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY, así mismo, condenamos el asesinato de nuestros hermanos indígenas tolupanes, María Enriqueta Matute, Armando Medina Fúnez, Ricardo Soto Fúnez, a quienes les cegaron la vida el 25 de agosto del presente año. Producto de este hecho existen 8 compañeros tolupanes que han sido criminalizados y obligados a salir de sus hogares.
Denunciamos la perdida de las variedades criollas ante la introducción de semillas de maíz transgénicas, a pesar que Honduras forma parte de la cuna genética del maíz. Denunciamos en este sentido, que el actual Plan de País, de la administración Lobo Sosa, incorpora la siembra indiscriminada de organismos genéticamente modificadas, amenazando con esto, la seguridad alimentaria de las comunidades y la población hondureña.
Denunciamos la concesión minera en la comunidad Pech, Santa María del Carbón, sin que se haya efectuado consulta alguna con las comunidades y el pueblo Pech.
Deploramos la condición de narco estado con la que se ha suplantado el estado de Honduras, al existir enormes franjas del territorio nacional en manos de señores feudales asociados con el narcotráfico, situación que ha conllevado a un estado fallido inducido.
Rechazamos la distorsión de la condición de pueblo Garifuna a simples afro descendientes anteponiendo el vago concepto de raza sobre el de cultura, como parte del proceso de homogeneización cultural promovido por organismo financieros internacionales y la actual administración gubernamental.