Pirates de Catalunya, representados por el abogado Josep Jover, ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Estado español por la vulneración flagrante de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, recogidos en tratados, normativa y sentencias judiciales de la Unión Europea. El partido también ha denunciado la Comisión Europea ante el mismo tribunal por negligencia en su obligación de proteger los ciudadanos y velar porque el Estado Español cumpla estos tratados y legislación, acusándola de estar rehuyendo su responsabilidad.
Entre los hechos que fundamentan la denuncia se encuentran la vulneración de la libertad de expresión y la neutralidad de la red, el incumplimiento del código ético de actuación de los cuerpos policiales, y la aplicación ilegal de una definición propia de aquello que constituye “terrorismo”, desconectada de la definición aceptada por la UE.
En particular, también se denuncia la censura del web y la aplicación Tsunami Democrático, que según los Piratas “no tiene otro objetivo ni pretensión que informar del lugar y hora donde se convocan manifestaciones pacíficas y que los ciudadanos informen de su normal desarrollo” y que “no existe diferencia con otras herramientas de comunicación como, por ejemplo, la de los chalecos amarillos franceses, o las acciones de sindicatos de todos los países de la Unión, o incluso listas a WhatsApp o Telegram”, basándose que estas sirven simplemente para recibir o comunicar informaciones o ideas, dentro del ejercicio normal y legítimo de derechos fundamentales. A pesar que el partido no tiene ninguna vinculación con Tsunami Democrático, considera que el abuso y la distorsión de la definición del término “terrorismo” impide que esta denuncia se pueda realizar con normalidad y sin miedo a represalias por parte de particulares, por eso ha decidido tomar la iniciativa para defender los derechos de libertad de expresión y manifestación de la ciudadanía.
Coincidiendo con la publicación del Real Decreto-Ley del gobierno de Sánchez sobre “seguridad digital”, la formación se reafirma en la necesidad de esta denuncia y anuncia que estudiará nuevas acciones judiciales, porque el decreto amplía las razones para bloquear páginas web sin orden judicial y establece un marco de control de las redes propio de Estados autoritarios.