Perú. Volvieron los estados de emergencia

Publicidad

La mano dura continúa. En el sur andino la ciudadanía viene reclamando hace años por sus derechos. Porque todas las empresas mineras instaladas en sus territorios, sin consultarles siquiera, pero con la venia del gobierno central, hasta ahora no les han llevado el famoso “desarrollo” prometido. Por el contrario, los han despojado de sus caminos construidos a pulso, trabajo y sudor por sus pueblos, y han generado más pobreza económica y lo peor, afectación en su salud, en su vida y su territorio. Niñas, niños y todas las personas que ahí viven, con metales pesados en sus cuerpos, sin que hasta ahora tengan la atención médica necesaria.

El sur peruano es ambicionado por las empresas mineras. Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, son vistos como territorios llenos de metales que rendirán demasiado dinero. Pero en esa ecuación: Territorio + Metales + Inversión = Dinero, no entra aún algo tan básico: las personas que viven ahí. En Espinar, Ccapacmarca,  Chumbivilcas, Cotabambas, Challhuahuacho, Islay, Huacullani, Toquepala y decenas de distritos y provincias más en todo el sur, lo único que exigen es que respeten sus derechos. Hasta ahora no hay respuestas positivas e integrales frente a esa demanda.

La situación de acoso y persecución a las y los defensores de los territorios es el denominador común en el sur peruano. En Chumbivilcas hace poco el Poder Judicial absolvió a los defensores de derechos humanos que entre el 2011 y el 2012 protestaron por los daños ocasionados por la minera Anabi. Tuvieron que pasar 8 años en un proceso judicial absurdo, para que los líderes que solo exigieron que respeten sus derechos sean absueltos. En Cotabambas las y los defensores del territorio siguen un proceso injusto por las protestas de 2011 y 2015. Podrían sentenciarles hasta con 25 años de prisión. Pero sobre los autores de las muertes de los líderes de las protestas, hasta ahora no hay un solo responsable, ni siquiera hay un proceso judicial. La vida de los líderes parece no valer para el Estado. En octubre la policía dejó sin un ojo a la señora Higidia Humpire en Chumbivilcas, hasta ahora no hay nadie sentenciado. En Espinar, la ciudadanía viene exigiendo urgente que se les consulte sobre los proyectos mineros que quieren imponer en sus territorios y que se les atienda en salud. La respuesta la han tenido hoy: más represión.

Las demandas en Espinar no son de hace un mes o dos, llevan años. Pese a esto, el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) aprobó en diciembre del año pasado la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental. Así no más, sin consultarle ni responderle a la población una institución del Estado le dijo sí a la empresa minera para que ampliara su proyecto  de cobre a tajo abierto.

Con justa razón la ciudadanía protestó. Desde enero venían pidiendo diálogo, no les hicieron caso. El 3 de febrero iniciaron un paro. El 7 de febrero el diario oficial publicó que una comisión de gobierno se reunió con los representantes de las comunidades de Espinar “para entablar el diálogo respecto a  su pedido de anulación de una resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental”.  Un día después de este anuncio, el 8 de febrero, esas mismas comunidades amanecieron en Estado de emergencia. A partir de hoy no pueden protestar, ni siquiera pueden reunirse, y si quieren  hacer algo tan básico como tomar acuerdos sobre cómo continuar con sus demandas, simple: no pueden, porque la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas no solo está facultadas para dispersar esas reuniones, sino que quienes asistan pueden ser detenidas y detenidos por eso. Según este decreto, la policía y los militares también pueden entrar a la casa de cualquier líder comunal sin orden judicial alguna.

Este tipo de decisiones represivas y violatorias de derechos preocupan aún más ad portas de instalarse un nuevo Congreso de la República, el cual debiera ser el contrapeso frente a estas medidas y, sin embargo, sabemos que muchos de sus integrantes, por el contrario, propondrán medidas aún más represivas.

¿Imagínense que esto pasara en Lima? Que mañana amanecieran los pobladores de San Isidro o Miraflores con la prohibición de reunirse y con la posibilidad de que los policías y los militares se puedan meter a sus casas. ¿No se lo imaginan no? Porque ni siquiera para muchos de los implicados en crímenes tan graves como los de las mafias de LavaJuez o Lavajato se les ha hecho, ni se  les hará eso. Y en Espinar, señores y señoras, y en Cusco, en Apurímac, en Puno, cuando reclaman y protestan por sus derechos NO están cometiendo crimen algún, eso tiene que quedar claro: están exigiendo sus derechos, y protestar es un derecho.

Falta todavía hacer entender en la lógica represiva de quienes toman las decisiones políticas en nuestro país, que las huelgas, los cortes de ruta, las protestas sociales, pueden generar molestias, pero frente a estas acciones el Estado no debe responder desproporcionadamente ya que se afecta el derecho a la libertad de expresión, y se silencia algo tan básico y humano como el pedido desesperado de que no sigan atentando contra la vida y la salud de los pueblos.  Falta hacerle entender a quienes decretan estas medidas que el derecho a la consulta es una obligación a implementar, y que si un gobierno quiere de verdad acabar con los conflictos en esta región, no lo va lograr con más estados de emergencia, lo va  a lograr cuando garantice el derecho a la consulta previa, a la salud, a la vida y al desarrollo de la ciudadanía.

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More