Cuatro mil policías

El gobierno nacional envió a Puno cuatro mil policías para que se sumen a las fuerzas de seguridad  de la región. Al cierre de esta nota no se habían reportado enfrentamientos. Puno ha sido escenario en los últimos meses de las mayores protestas antigubernamentales y la represión más dura. El 9 de enero se produjo una masacre en Juliaca, la ciudad más poblada de Puno, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra la población matando a 18 personas y dejando decenas de heridos. Los fallecidos por la represión en esta región andina llegan a 22. En todo el país han muerto 67 personas en las protestas, de las cuales 49 murieron por disparos de policías y militares.

La huelga de 24 horas en Puno, llamada “paro seco”, ha sido convocada por diversas organizaciones sociales y campesinas de la región y por los familiares de las víctimas de la represión en esta región, agrupados en la “Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero – Juliaca”. Se anuncia otro paro regional en junio. Desde distintas regiones se está convocando para el mes de julio a una marcha desde las provincias a Lima para exigir en la capital la renuncia del gobierno.

En una región muy golpeada por la represión y por el impacto económico de las masivas protestas de los meses anteriores sobre una población mayoritariamente pobre que ya venía muy afectada por la crisis, el paro de este martes fue acatado parcialmente. Se bloquearon carreteras y vías, incluyendo el puente Internacional que une Puno con Bolivia. En Juliaca operaron unidades de transporte público, las instituciones públicas atendieron con restricciones, hubo un cierre parcial de las actividades económicas privadas, los colegios suspendieron las clases. En otras provincias de la región el paro fue más contundente. Hubo movilizaciones y protestas frente a la fiscalía en Juliaca exigiendo justicia por las muertes.

Las víctimas

“El paro ha sido acatado en un 50 por ciento. Las protestas y paralizaciones anteriores golpearon mucho a la población. En el plantón ante la fiscalía exigimos que las investigaciones fiscales por las muertes en las protestas que han sido trasladadas a Lima regresen a Juliaca, porque ese traslado afecta su avance. No vemos voluntad de investigar”, le señaló a Página/12, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero – Juliaca. Su hermano, Marco Antonio, médico recién graduado, murió por un disparo de la policía cuando atendía en la calle a uno de los heridos durante las protestas del 9 de enero.

Sobre los cuestionamientos a este traslado a la capital de la investigación fiscal por la masacre de Juliaca, Página/12 dialogó con uno de los abogados de las víctimas, Wilmer Quiroz. “Este traslado vulnera el debido proceso porque la regla demanda que una investigación se realice donde ocurren los hechos, crea una desigualdad de armas porque las víctimas no tienen los recursos para viajar a la capital. La consecuencia es que no se investigue, esa es la voluntad de la fiscalía. Han pasado casi cinco meses, están las pruebas que la policía causó las muertes, pero hasta ahora no hay un solo acusado”. En la evaluación de este paro regional, Quiroz, que vive en Juliaca, coincide en que ha sido acatado en un 50 por ciento.

Denuncias de violaciones a los DD.HH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras, han denunciado un uso excesivo y abusivo de la fuerza contra las movilizaciones populares, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltratos a los heridos y a los familiares de las víctimas, y un sesgo racista contra las poblaciones andinas en la represión. El gobierno, sus aliados de la derecha del Congreso y los medios hegemónicos, han respaldado y hasta felicitado a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población, y estigmatizado y criminalizado a los manifestantes. Frente al paro en Puno y el anuncio de la reanudación de las protestas, volvieron con su discurso amenazante.

En los próximos días, Boluarte deberá declarar por la represión ante la fiscalía. Pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que está a cargo de la investigación a la presidenta, es cercana a la coalición autoritaria que gobierna, y sus acciones apuntan al encubrimiento antes que a la investigación. En ese escenario, la concurrencia de Boluarte a la fiscalía se anuncia como una puesta en escena pensando en las apariencias.