Perú. Tía María y el matón de Ollanta

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Cuantos muertos más necesita el gobierno de Ollanta, para entender que el proyecto minero Tía María de Southern Copper, No pasara!

Este proyecto minero que según cifras estimadas representan unos 1200 millones de inversión  para su construcción, le quita el sueño al gobierno  desde hace 4 años por la oposición de los agricultores de Islay, que con el respaldo de los alcaldes del Valle de Tambo, Richard Ale Cruz, alcalde de Dean Valdivia; Helar Valencia, alcalde de Cocachacra; y José Ramos, alcalde de Punta de Bombón, han hecho causa común con esta justa protesta que recoge el sentir mayoritario de la población del valle de Tambo que -según se estima- en un 80 por ciento depende de la agricultura.

Desde el inicio del paro indefinido,  el 23 de marzo hasta el día de hoy, hay cientos de heridos por la represión policial, víctimas de cartuchos de perdigones o bombas lacrimógenas disparados por la policía y hoy lamentamos la muerte del campesino Victoriano Huayna Nina (61), quien fue impactado por un proyectil.

El  Gobierno central, ha cerrado filas con la transnacional Southern Copper, enviando un fuerte y numeroso destacamento policial a la zona del conflicto para reprimir la protesta ciudadana a sangre y fuego.

Antecedentes

Ya en el 2009 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto había recibido 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS).

En agosto del 2014, el Ministerio de Energía y Minas había aprobado el segundo EIA sobre Tía María, a pesar de las discrepancias de los ambientalistas que señalaban que estas observaciones al proyecto deberían ser levantadas por la misma Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS).

En su descargo, el 10 de Abril último, el gobierno envió una comisión presidida por el viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamaní, y junto a él un equipo multidisciplinario, integrado por ingenieros ambientalistas, biólogos, químicos, hidrogeólogos, agrícolas, abogados, entre otros profesionales, quienes respondieron diversas observaciones al EIA del proyecto minero.

Pero la verdad de todo es que está oposición de la población de Islay dedicada una y exclusivamente a la agricultura, se vería sumamente afectada por la explotación minera a tajo abierto, que es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral; afectando seriamente la producción agrícola.

“Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del material removido. Para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad. Para extraer 0.01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada (2 mil libras) de suelo.” Señalan los expertos.

La defensa a ultranza del gobierno al Proyecto Tía María

El 27 de marzo, Julio Morriberón, director de Relaciones Institucionales de la compañía la Southern Copper, informó el retiro total de la inversión, que ascendía a US$ 1,400 millones en el proyecto minero. En una entrevista con RPP Morriberón criticó la suspensión continua del proyecto y la falta de decisión de las autoridades competentes, y denunció un “terrorismo minero” que afecta a varios proyectos del país; inmediatamente después la ministra Rosa María Ortiz salió a defender el proyecto y a manifestar el apoyo a la actividad extractiva. Además, minimizó la protesta en Islay. En declaraciones a la prensa dijo:»‎Tía María no se va. La protesta de los antimineros es muy pobre, con el pasar de los días se ha desinflado. El gobierno está del lado de todo tipo de inversión, no solo minera».

Según los datos que consigna en su hoja de vida, la ministra Rosa María Ortiz Ríos es una abogada «con sólida experiencia legal en las áreas del Derecho Administrativo, Civil, Comercial, Pesquero, Societario, Marítimo e Hidrocarburos, en empresas nacionales y multinacionales, logrando conseguir las metas previstas para el área por las empresas o instituciones en las que ha trabajado», y venía desempeñándose antes de su nombramiento como jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

En los dos últimos años ha sido miembro de Proinversión y del gabinete de asesores de la presidencia de la República. Presidió el directorio de Perúpetro. Ha sido también asesora del despacho ministerial en Transportes durante la gestión de Juan Castilla, en el gobierno fujimorista.

La santidad de la Southern Copper Corporation

En enero del 2015, el Presidente ejecutivo de esta empresa minera, Oscar González Rocha, fue procesado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, por contaminación del aire y arrojar arsénico al mar de Ilo, emisión minera que superó los límites permisibles; y en audiencia de juicio oral, solicitó dos años y seis meses de pena privativa de su libertad y el pago de una reparación civil de un millón de dólares por el delito de contaminación ambiental en la modalidad de culposa.

La conclusión fue que la contaminación del aire supera en un 100% el límite permisible y en un 800% de vertimiento de arsénico al mar y a 3 afluentes  para los cuales no tenían autorización.

En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por cometer infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica.

Además el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto total de 530, 745 dólares.

El autoritario matón

Ollanta movió su alfil muy sibilinamente, para llevar adelante este proyecto a como dé lugar, escoltado por su caballería policiaca para contrarrestar  como dijera Julio Morriberon de Southern Perú “la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo antiminero, llevado adelante por un grupo violento, minoritario, pero que tiene aterrorizada a gran parte de la población”

Ya durante el gobierno de Alan García, en abril del 2011, la represión contra la población de Islay había dejado como saldo trágico, tres pobladores muertos, víctimas de perdigones disparados por la policía.

Ollanta no entiende que el tema, dejo de ser un problema técnico para convertirse en un problema social; que los miles de agricultores y gremios sindicales del valle de Tambo, quieren que la minera se vaya y que la única solución para levantar su medida de fuerza es que las autoridades lo cancelen de manera definitiva. Ninguna mesa de desarrollo puede realizarse ni llegar a buen termino, en medio de heridos, detenidos y muertos.

La población de Islay, es la única que otorga la licencia social sobre su propiedad, su suelo, su comunidad, su valle y esa licencia no es negociable.

Si el gobierno persiste imponer el proyecto el sur tal como señalara el ministro Pedro Cateriano, “Sacaremos adelante a Tía María”, lo único que sacaran, serán cadáveres y una ola de violencia que se extenderá de norte a sur.

 

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