Perú. Familiares de víctimas de Alberto Fujimori ya están en Costa Rica a la espera de audiencia ante la CorteIDH

Por Ginno P.  Melgar, La Mula

Defensa de agraviados tuvo encuentro con la prensa en el país centroamericano a pocas horas de explicar ante el órgano judicial internacional el porqué la gracia otorgada al exdictador es irregular.

 

Familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos durante la dictadura de Alberto Fujimori calificaron este jueves como un “insulto” el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski e insistieron en su pedido de no permitir que triunfe la impunidad en este caso.

Carmen Amaro Cóndor, hermana del estudiante asesinado Armando Amaro Cóndor, manifestó en conferencia de prensa, en Costa Rica, que con el indulto se le “ha regalado esa libertad” a Fujimori y a ellos se les “ha negado el derecho a la justicia”.

“El indulto no es justicia, el indulto reafirma el asesinato y la desaparición, el indulto es impunidad, es un pacto ilegal del Gobierno con el fujimorismo. Vamos a exigir justicia y que regrese a prisión a cumplir los años que le impusieron”.

El encuentro con los medios de comunicación fue realizado en San José, en la sede del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reciba a ambas partes para la etapa de supervisión de sentencia.

La Corte escuchará hoy a la representación del Estado peruano, posteriormente a los representantes de las víctimas y la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

Pedro Pablo Kuczynski, otorgó a Fujimori el pasado 24 de diciembre un indulto, que justificó en razones humanitarias de salud, además del derecho de gracia presidencial, por lo que el exdictador no podría, según alega su defensa, ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca.

La defensa de los familiares de las víctimas manifestó que sostendrá antes los jueces que el indulto es un “acuerdo político” y cuestionó la legitimidad y legalidad del certificado de salud utilizado para justificar la libertad de Alberto Kenja.

“El indulto ha sido calificado como humanitario por condiciones de salud y nosotros hemos cuestionado la legalidad y legitimidad de ese certificado de salud y lo hemos calificado como el resultado de un acuerdo político bajo la mesa liderado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y una fracción (del Congreso) del fujimorismo liderado por el hijo de Fujimori, Kenji Fujimori”, resaltó Carlos Rivera, abogado de las víctimas.

Rivera explicó que el contexto político ha “arrinconado al Gobierno” peruano y lo ha puesto en un estado de “sometimiento” hacia la bancada fujimorista, que tiene “prácticamente el control del Parlamento”.

En la conferencia de prensa asistió también la señora Gladys Sonia Rubina Arquiñigo, hermana de Nelly María, desaparecida el 3 de noviembre de 1991, quien expresó a la agencia efe que el “dolor es inmenso, como si hubieran vuelto a asesinar a mi hermana”.

Por su parte, Rosa Rojas, cuyo esposo, Manuel Ríos, y su hijo de 8 años fueron asesinados en la masacre de Barrios Altos, dijo tener fe en la Corte y espera que se haga justicia.

#ElIndultoesInsulto: Nuevamente en el ámbito internacional buscamos resguardar la verdad y la justicia ante graves violaciones de #DDHH en el Perú. PERIODISTAS: Pueden enviar sus preguntas por Facebook

Publicado por Center for Justice and International Law-CEJIL en Jueves, 1 de febrero de 2018

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