Perú. Cuatro graves abusos del Estado contra los Pueblos Indígenas en plena pandemia

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En medio de una pandemia que está poniendo en riesgo la existencia de los pueblos indígenas, el Estado, con sus omisiones, no solo dejará que se mueran sino también los matará con sus acciones.

1. La pandemia está azotando al país en medio de un contexto de total abandono de la salud pública que no es nuevo. Durante el estado de emergencia que ya lleva más de un mes, el gobierno se está esforzando por contener la crisis con un sistema de salud colapsado, lo cual dificulta la respuesta ante el virus, y pone en riesgo a toda la ciudadanía. Sin embargo, como siempre, esta realidad golpea más duro a las clases empobrecidas y a los distintos sectores marginalizados por el sistema capitalista, racista, patriarcal y transfóbico. Entre las poblaciones más amenazadas están aquellas que el Estado ha mantenido más lejos de los servicios de salud: los pueblos indígenas de la Amazonía. La lejanía de los puestos de salud, su desabastecimiento, la falta de personal médico y de equipos de protección, sumada a la prevalencia de infecciones agudas respiratorias, infecciones estomacales, epidemias de malaria, dengue, entre otras, dan como resultado una vulnerabilidad extrema de esta población. Aun así, y sabiendo esto, el Estado, al día 38 de la emergencia no cuenta con un plan para prevenir y atender la crisis en territorio indígena amazónico. Los recursos del Estado son para los citadinos y citadinas, mas no para los y las indígenas

2. El Estado no solo está cruzado de brazos frente al inminente riesgo que enfrentan los pueblos indígenas, sino que con las pocas acciones que se están tomando, se convertirá en uno de los principales actores que lleve el virus a las comunidades. Frente al dispositivo emitido por el Gobierno Central[1] que manda a los municipios a entregar canastas de víveres a las poblaciones más empobrecidas, la PCM emitió una guía[2] con medidas poco rigurosas para evitar contagios y con ningún lineamiento para contextos indígenas. Como resultado, los municipios pretenden entrar a las comunidades a repartir canastas -casa por casa- en vez de entregarlas a una delegación comunal en sus puertos y sin usar adecuadamente equipos de protección como guantes y mascarillas. Habrá quienes argumenten que la entrega se está haciendo con las mejores intenciones, que se trata del desconocimiento y falta de interculturalidad  por parte de las autoridades locales y nacionales, lo que demostraría la incapacidad del gobierno para diseñar y aplicar mecanismos de intervención. Sin embargo, esto no se ha hecho con desconocimiento. Las organizaciones indígenas han hecho llegar propuestas claras y concretas de protocolos de acción a todos los niveles de gobierno, que han sido ignoradas por la mayoría de autoridades – con excepción de algunos pocos municipios que están trabajando con los pueblos indígenas y sus organizaciones – lo cual, nuevamente demuestra dos cosas: la incapacidad de la actual gestión del Viceministerio de interculturalidad, quien debería ser el actor llamado a recoger estas propuestas y articular de manera pertinente y eficaz con las organizaciones indígenas; segundo,  demuestra el desinterés del MINSA para adecuar sus acciones al contexto indígena amazónico.

3. Del mismo modo, el Estado será responsable de la expansión del virus en las comunidades indígenas en tanto está permitiendo la entrada de personal de las empresas petroleras a las comunidades, sin protocolos de prevención (que sean de conocimiento público y específicos para la pandemia) que garanticen todas las medidas necesarias de seguridad,  como por ejemplo,  el descarte mediante pruebas moleculares para los trabajadores que ingresan a la zona. Cabe resaltar que la mayoría del personal de las petroleras – por lo menos en el caso de Loreto – ingresa a las comunidades desde Lima o Iquitos, dos de los principales focos de la infección en el país. Las entidades estatales como PCM, Perupetro y OEFA, a pesar de las solicitudes realizadas por organizaciones indígenas, no han dado información oficial y oportuna sobre las empresas petroleras que están operando y las que están llevando personal a territorio indígena, mostrando una total falta de transparencia y de supervisión de las actividades del sector. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas, si bien ha aprobado un protocolo Covid-19 para minería -totalmente deficiente, como lo están mostrado los contagios entre sus trabajadores-, no ha hecho lo mismo para el sector de hidrocarburos. Del mismo modo, los organismos de supervisión como OEFA y OSINERGMIN, tampoco cuentan con protocolos para las zonas petroleras durante el estado de emergencias. Estos protocolos son necesarios para evitar contagios entre su personal y en las comunidades indígenas, que es donde se suscitan las emergencias ambientales, generando situaciones de riesgo, como lo está demostrando el caso del derrame del 17 de abril en el Lote 192 en la comunidad kichwa Doce de Octubre.

4. El último de la lista y el más grave: El Estado no solo no tomando medidas para prevenir y atender casos de COVID19 en territorio indígena, no solo es quien está poniendo en más riesgo a esta población con sus ingresos y permitiendo el ingreso de las petroleras, sino que está haciendo uso de la violencia militar contra comuneros y comuneras que quieren mantener el aislamiento de sus comunidades, impidiendo el ingreso de embarcaciones desconocidas y que no cumplen con medidas de seguridad. Este 21 de abril una lideresa y monitora ambiental quechua del Pastaza, ha alertado que personal militar ha tratado de llevarla a la carceleta junto con otras comuneras y comuneros, por impedir el ingreso de un bote a su comunidad que llevaba productos para comerciantes. El hecho fue impedido por sus compañeros y compañeras mientras que ella era jaloneada en un acto abusivo y cobarde por parte de dos miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, los militares, no contentos con ello, pasaron a destruir las barreras que la comunidad había construido en el puerto para impedir que nuevos botes ingresen. Las comunidades de la zona reportan que este no es el único acto de abuso militar, quienes ya han expresado que «el territorio no es de ustedes – de las comunidades indígenas- es del Estado por tanto es nuestro», anunciando implícitamente nuevos actos de provocación y violencia, y en total violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, quienes tienen derecho a la autodeterminación y autonomía territorial.

Las organizaciones y comunidades indígenas están haciendo los mayores esfuerzos posibles para contener la epidemia en sus territorios, informando a su población, respetando el distanciamiento social, cerrando sus comunidades, haciendo propuestas y buscando articularse con todos los niveles de gobierno. Pero si sus propuestas siguen sin escucharse, si se continúa sin un plan serio que establezca los lineamientos y dote de los recursos necesarios para atender la emergencia, si los municipios y las petroleras siguen entrando sin supervisión, coordinación y sin las medidas de protección adecuadas, y, pero aún, si se violenta a los hombres y mujeres indígenas que están protegiendo sus pueblos, seremos testigos de un nuevo genocidio.

Es hora de que el Presidente Vizcarra se pronuncie, responda a la demanda de los pueblos de la Amazonia y ponga freno a los atentados contra la ciudadanía indígena.

Es hora de cambios en el Viceministerio de Interculturalidad, para que asuma un liderazgo cogestionado con las organizaciones indígenas para atender la emergencia, y a partir de ello, enfrentar los problemas y violencias estructurales que agobian a estos pueblos. Es tiempo que el Ministerio de Salud lidere una reforma profunda del Sistema de Salud Pública, que incluya una estrategia y presupuesto específico para la atención de pueblos indígenas a corto y largo plazo y en todos los niveles de atención.

Después de 200 años de una supuesta independencia, es hora de mirar la Amazonía y a su gente, dejar de llevarles muerte, y respetar los derechos que con una lucha incesante han conquistado.

 * Aymara León Cépeda. PUINAMUDT

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[1] DS N° 033-2020 del 27 de marzo del 2020.

[2] Guía de orientación para la gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del Covid-19

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