Perú. Congreso busca postergar por casi un año nuevas elecciones, cuando el movimiento popular exige comicios inmediatos

Este viernes 27 de enero, a causa de las movilizaciones populares contra la dictadura Boluarte-Otárola, con un costo humano de alrededor de 60 personas masacradas por la policía militar y los soldados, y millares de heridos y detenidos, el Congreso debió discutir el adelanto de las elecciones generales para el 2023, toda vez que ya se había determinado realizarlas en abril de 2024.

La plataforma de lucha de las protestas del pueblo alzado son la renuncia inmediata de Boluarte, elecciones generales este 2023, y la convocatoria a un referéndum para efectuar una asamblea constituyente.

El debate de un Congreso mayoritariamente oligárquico y corrupto, y en particular de una mesa directiva parlamentaria cooptada por las clases dominantes y los intereses de Washington, se centró en llevar adelante o no un proceso constituyente, o bien realizar o no reformas que modifiquen aspectos puntuales de la actual Constitución fijimorista y neoliberal.

Tras el paso de las horas, mediante una ley de reforma constitucional, los parlamentarios aprobaron por mayoría discutir adelantar las elecciones generales para el 2023: 78 votos a favor, 34 sufragios en contra, y 8 abstenciones.

Sin embargo, lo que se aprobó en principio fue realizar la segunda vuelta electoral para el 31 de diciembre de 2023, casi en un año más, toda vez que las manifestaciones de la población demandan la renuncia inmediata de Dina Boluarte, así como comicios generales ahora ya. O sea, Boluarte y su régimen, además del Congreso, se quedarían donde están más de 11 meses.

Asimismo, durante la jornada del viernes continúan los paros y las movilizaciones en todo el país, en medio de una represión que ha dejado más de 60 personas fallecidas.

Lo votado por la mayoría del Congreso, de acuerdo a analistas locales, es sólo un arreglo para que el sistema y la clase política institucional gane tiempo, mediante un procedimiento muy parecido al golpe institucional y parlamentario dado en octubre de 2019 en Bolivia. En el caso boliviano, el régimen encabezado por la hoy encarcelada, Jeanine Áñez, dañó profundamente los intereses económicos, sociales, políticos y culturales de las clases trabajadoras y populares, además de cometerse innumerables casos de corrupción.

Al cierre de la presente nota, aún debatían en el Congreso peruano. El 31 de diciembre continuarán.

Compartir
Ir al contenido