Durante los últimos años, el periodismo a nivel global ha sufrido ataques por parte de líderes y grupos políticos que –desde Asia y Europa hasta EE.UU., Centroamérica y Brasil– lo señalan como enemigo del pueblo, porque revela sus crímenes y sus discursos populistas, intolerantes y polarizadores. Esta situación, más aún en tiempos de pandemia, no es ajena al Perú. Dichas corrientes, junto a los enemigos habituales de la prensa, se han propagado en base a noticias falsas y campañas de desinformación que buscan criminalizar al periodismo.

Si bien durante las últimas décadas, dictaduras, grupos terroristas y mafias del narcotráfico asesinaron a los periodistas por decir la verdad, hoy las amenazas a nuestra profesión se han reinventado y proceden también de diversas variantes del crimen organizado debido al tráfico de tierras, la deforestación, el comercio de oro y la tala ilegal; así como de grupos de poder económico y hasta organizaciones religiosas fundamentalistas que, fundamentadas en discursos de difamación y odio, pretenden silenciar nuestra labor.

Así, mientras el Perú se debate en medio del caos por la crisis sanitaria, los enemigos del periodismo han reforzado sus ataques combinando una ofensiva de demolición que, en simultáneo, incluye querellas a través de la vía legal, campañas de desprestigio basadas en información falsa y teorías de la conspiración. En los últimos tiempos hasta incluyen a experiodistas que elaboran supuestos peritajes, que buscan disfrazar de informes independientes, aunque sin identificar la fuente real del financiamiento.

Los objetivos más recientes de este tipo de campañas son los colegas Paola UgazPedro Salinas y Daniel Yovera, quienes lideraron investigaciones sobre el Sodalicio, grupo católico ultraconservador. En esta modalidad de ataque también participan litigantes maliciosos –como el investigado por narcotráfico ‘Eteco’ en el caso de los periodistas Edmundo Cruz y Óscar Castilla–; así como exrreporteros, como Miguel Ramírez, con ‘informes’ favorables al Sodalicio, y hasta medios impresos que difunden fake news que acaban convirtiéndose en casos de lavado de dinero.

A pesar de este contexto legal adverso, el periodismo en Perú se ha distinguido por su respeto frente a los esfuerzos de destacados integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público (casi siempre excepciones a la norma) en temporadas de crisis. En el pasado, por ejemplo, cuando enviaron a prisión a los cabecillas de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA; a la red de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la década de los ‘90; y, recientemente, a las organizaciones político criminales del Caso Lava Jato.

En ese sentido, hoy más que nunca, demandamos (y respaldamos) un sistema judicial que respete sus mecanismos internos de persecución del delito, así como de la Constitución y las normas de las cortes supranacionales en favor del derecho a la libertad de expresión. El periodismo no busca un trato diferenciado del resto de ciudadanos sino uno acorde a la legislación vigente, siempre basado en la evidencia y en la necesidad de una sociedad informada, y no en el discurso del odio, la vesania personal y la difamación procedente de colectivos o plataformas que buscan callar a la prensa.

Los periodistas, aquí firmantes, consideramos que nuestra profesión –basada en el compromiso público y ejercida con independencia, veracidad y rigurosidad– busca el bienestar general y una ciudadanía bien informada en tiempos de noticias falsas. En días de incertidumbre, como los que vivimos por la actual pandemia, un periodismo plural, solidario y organizado es capaz de hacer frente a los enemigos de la libertad de expresión.

Por los motivos expuestos, hemos elaborado este pronunciamiento público, como un mensaje a los colegas del país que enfrentan casos de criminalización judicial; y a los jóvenes embarcados en este oficio, en medio de una industria periodística golpeada por la crisis económica. Este también es un mensaje para la opinión pública, que juzga nuestro trabajo día a día; el sistema de justicia nacional; y para los organismos supranacionales5 que defienden la libertad de información en el hemisferio sur.

Finalmente, este es un mensaje frontal contra los enemigos de la libertad de prensa y sus operadores legales, mediáticos y otros difamadores que usan las redes sociales, plataformas online o canales de televisión para difundir fake news de manera sistemática. Los que aquí firmamos –al margen de nuestras opiniones personales, medios y formatos de origen profesional– confiamos en que un periodismo libre, sin censura y mordaza es clave para una sociedad informada. Días como los que vivimos actualmente, así lo demuestran.

A continuación la carta original con las firmas de solidaridad: